Violencia y criminalidad en Pataz: el desafío del control territorial en el Perú
El reciente hallazgo de trece cuerpos de trabajadores de seguridad de la empresa minera La Poderosa en la provincia de Pataz, región la Libertad, ha abierto un debate nacional sobre la situación de la inseguridad ciudadana, así como sobre el avance de las economías ilegales en su control territorial en diversas regiones del Perú.
Este trágico hecho revela varias cosas. Por un lado, que el Estado no tiene una presencia efectiva ni control de ese territorio donde existe desde hace décadas una importante actividad minera formal. Lo segundo es que la adopción de medidas como los estados de emergencia han demostrado que son más una declaratoria formal que una estrategia efectiva que permita garantizar una mayor seguridad. Asimismo, muestra el poder que ha adquirido el crimen organizado vinculado a la minería ilegal que pone en jaque a otras actividades a partir de la violencia armada.
Recordemos que a través de los Decretos Supremos Nº 029-2025-PCM, Nº 030-2025-PCM y Nº 031-2025-PCM, el Gobierno peruano había dispuesto la prórroga del estado de emergencia en las provincias de Virú, Pataz y Trujillo, en el departamento de La Libertad. La medida debía regir por un periodo de sesenta días calendario a partir del 10 de marzo de 2025.
La provincia de Pataz ya estaba bajo esta medida, que fue declarada en febrero del 2024 bajo el Decreto Supremo N° 018-2024-PCM por un término de 60 días calendario a partir del 13 de febrero, y fue prorrogada por los DS N° 041-2024-PCM, N° 058-2024-PCM, Nº 069-2024-PCM, N° 086-2024-PCM, N° 091-2024-PCM, N° 108-2024-PCM, Nº 122-2024-PCM, Nº 138-2024-PCM, Nº 004-2025-PCM y ahora el Nº 030-2025-PCM, un total de 10 prórrogas[1].
Es decir, a pesar del desplazamiento mediático de más efectivos militares y policiales, y de congelar muchos derechos constitucionales, estas extensiones de los estados de emergencia no han impedido que las bandas criminales sigan operando y aniquilando a personas inocentes.
Violencia y dominio criminal en Pataz
La provincia de Pataz se ha convertido en un epicentro de la minería ilegal en el Perú, fenómeno que está estrechamente vinculado al crecimiento de las economías ilícitas y la criminalidad organizada. Esta problemática no solo afecta a la economía formal y al medio ambiente, sino que también ha desatado una ola de violencia, extorsión y enfrentamientos por el control de los recursos mineros.
En Pataz, la minería ilegal ha generado disputas violentas entre bandas criminales, que buscan controlar zonas de extracción y rutas de comercialización de oro. Estos grupos recurren a la intimidación, el secuestro y el asesinato para imponer su dominio, tal como lo evidencian recientes ataques a trabajadores mineros y empresas formales en la zona. La presencia de materiales explosivos y armamento en operativos recientes revela el nivel de organización y peligrosidad de estas mafias.
Falta de control estatal y expansión de economías ilegales
La expansión de la minería ilegal en Pataz es reflejo de un problema más amplio en el Perú: la debilidad del Estado para ejercer control territorial en regiones tomadas por economías ilegales. Factores como la geografía difícil, la falta de recursos, la corrupción y la escasa presencia de instituciones estatales han permitido que estas actividades florezcan y que organizaciones criminales ejerzan un poder de facto sobre vastos territorios. Además, la minería ilegal suele estar asociada a otros delitos como la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero.
La minería ilegal genera un círculo vicioso: destruye el medio ambiente, fomenta la violencia y crea mercados paralelos que compiten deslealmente con la economía formal. Además, la ausencia de alternativas económicas y la pobreza empujan a muchas personas a involucrarse en estas actividades ilícitas como única forma de subsistencia, sobre todo atraídos por el precio de la onza de oro en el mercado internacional que se mantiene por encima de los 3300 dólares este año.
Lo que apreciamos en diversas zonas del país, como La Rinconada en Puno, La Pampa en Madre de Dios, la expansión de la minería ilegal en la región Amazonas, sobre todo en la cuenca de los ríos Cenepa y Santiago, y lo que ocurre en Pataz, es una muestra de que el Estado peruano no está ejerciendo una presencia efectiva ni un control territorial eficiente y ha cedido el control a poderes fácticos. Otro caso emblemático de la falta de control estatal efectivo es el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), una zona muy agreste ubicada en la selva de las provincias de Huanta (Ayacucho), Satipo (Junín) y La Convención (Cusco), donde campea el narcotráfico y sus grupos armados, a pesar de los permanentes operativos militares y policiales en el área.
Respuestas estatales y desafíos pendientes
Aunque el Estado ha realizado operativos de interdicción y destrucción de maquinaria en Pataz y otras regiones, estas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del problema y la capacidad de regeneración de las mafias mineras. La falta de una estrategia integral que combine control territorial, formalización minera, desarrollo alternativo y lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los grandes retos para recuperar la gobernabilidad y la seguridad en estas zonas.
El tema de Pataz nos obliga a abrir debates muy serios sobre cómo se debe abordar el tema de la minería ilegal y la expansión de otras economías criminales. Pues estas aparecen como alternativas más rentables frente a la precariedad de los servicios públicos y la falta de mercados mejor conectados para las economías locales. Asimismo, no podrá abordarse soluciones más efectivas si no se aborda las redes de corrupción y complicidad de autoridades locales y otros niveles que han adquirido estas economías, que hemos visto ya tienen llegada también al parlamento y otros niveles del Estado.
La situación en Pataz es emblemática de la crisis de control territorial que enfrenta el Estado peruano frente al avance de economías ilegales y el crimen organizado, un desafío que requiere respuestas multisectoriales y sostenidas para garantizar el desarrollo y la paz en las regiones afectadas.
[1] Otra vez… Pataz- https://cooperaccion.org.pe/opinion/otra-vez-pataz/
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