¿SE QUIEREN TRAER ABAJO AL SENACE?

José De Echave C.

En las últimas décadas, el sector empresarial minero ha desarrollado diversas campañas en contra de normas, instituciones y políticas que perciben como adversas a sus intereses. Todo esto al margen de si estas normas e instituciones son necesarias para el país.

Algunos ejemplos: en los 90 se opusieron al desarrollo de la naciente normativa ambiental. Gremios empresariales, como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), solicitaron la derogatoria del Código del Ambiente y Recursos Naturales (Decreto Ley 613).

Se utilizó el mismo argumento que a lo largo de todos estos años hemos escuchado de manera reiterada: las nuevas exigencias ambientales detendrían la inversión y hasta la ahuyentarían. Incluso llegaron a afirmar que la exigencia de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), constituía una traba burocrática para las inversiones, que las espantarían, se generaría caos y hostilidad a las empresas. Es decir, si por las empresas fuera, el Perú no hubiese tenido herramientas como los EIA. Por supuesto que las campañas empresariales provocaron el retraso de la puesta en marcha de las políticas y la institucionalidad ambiental.

Posteriormente, también se opusieron a la creación de varias instituciones importantes, como fue el caso con el Ministerio del Ambiente y varios de sus organismos adscritos. Por ejemplo, en relación al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), quisieron traerse abajo el aporte por regulación que tienen que pagar las empresas para que los organismos reguladores puedan operar (Ley 27332): la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía interpuso acciones populares ante el Poder Judicial para no pagar el aporte por regulación. Sin embargo, el Poder Judicial no les dio la razón y emitió sentencias que reconocen la legalidad y constitucionalidad del aporte que percibe el OEFA.

Aunque no es la primera vez, todo indica que ahora el foco es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Diversas declaraciones de empresarios mineros van en ese sentido. En entrevista en El Comercio, Víctor Gobitz, actual presidente de la SNMPE, apunta las baterías contra el SENACE y propone que debería diluirse en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), “que es el organismo estatal que tiene una mirada más holística y no de silo”. “Se haría lo que se conoce como una fusión”.

Carlos Gálvez Pinillos, un expresidente del propio gremio empresarial minero, apunta más o menos a lo mismo: “el caso que se ha vuelto patético es el del SENACE, pues los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIAd) y sus modificaciones (MEIAd), pasan por esta dependencia. Una entidad que maneja sus propios tiempos y criterios, al margen de todo criterio convencional y sentido de urgencia respecto a las “inversiones sostenibles”, como su nombre lo sugiere”. Concluye un artículo publicado en el portal Lampadia, señalando: “Tenemos que erradicar la indolencia con que se maneja el SENACE…”.

Lo cierto es que no es la primera vez que los empresarios mineros proponen que la institucionalidad ambiental pase a formar parte de la PCM. La intención es clara, lo que buscan es que el propio Ministerio del Ambiente y sus organismos adscritos pierdan peso y, mejor aún, se vayan diluyendo en un espacio como el de la PCM.

El camino, si queremos hablar de sostenibilidad, es exactamente el contrario. Cabe recordar que el SENACE fue creado en el 2012 con la finalidad de contar con un organismo técnico altamente especializado encargado de evaluar de manera objetiva y confiable los Estudios de Impacto Ambiental. El EIA representa el principal instrumento técnico que permite la inclusión de la variable ambiental en la toma de decisiones sobre el desarrollo o ejecución de proyectos de aprovechamiento de recursos naturales o de infraestructura.

Por este motivo es fundamental contar con una institución independiente, con profesionales de primer nivel y los recursos necesarios, que evalúe las posibles consecuencias de los proyectos sobre la calidad de vida y sobre el medio ambiente. Los cambios normativos en los últimos años han buscado agilizar la aprobación de los EIA, principalmente a través de la reducción de los plazos, sin un análisis costo-beneficio y sin corregir las deficiencias que han llevado a la aprobación de EIA de baja calidad y cuestionados. Por este motivo, es evidente que se debe invertir para mejorar la calidad de la elaboración y revisión de los EIA y no continuar el camino de la reducción de los plazos de aprobación, como el gremio empresarial minero pretende.

11 de agosto de 2023