Rechazamos aprobación de nueva ley que busca amordazar a la sociedad civil

CooperAcción, organización de la sociedad civil comprometida con la defensa de los derechos humanos y la justicia ambiental, rechaza la aprobación de la Ley anti-asociatividad, denominada “nueva Ley APCI”, por parte del Congreso de la República. Esta norma busca imponer sanciones arbitrarias contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) y todo tipo de asociación civil, así como prohibir que los ciudadanos que son víctimas de abusos y graves violaciones a los derechos humanos ejerzan su derecho al acceso a la justicia.

La ley, aprobada ayer en el Congreso, atenta contra las libertades de asociación y de expresión, bases del Estado de derecho y la democracia.

La norma ha incorporado una disposición que establece que a partir de ahora es una falta muy grave que las ONG ejerzan acciones judiciales o administrativas contra el Estado. Es decir, que se podrá prohibir la defensa o litigio de casos de violaciones de los derechos humanos, daños ambientales o cualquier otro tipo de vulneración.

Bajo esta norma, las ONG que defiendan los derechos fundamentales de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de los pueblos indígenas y comunidades campesinas podrían ser sancionadas con multas de hasta 400 UIT, lo que equivale a casi 2 millones de soles.

Además, se introduce una vaga definición sobre “desestabilizar la tranquilidad pública”, lo que deja abierta la posibilidad para que cualquier iniciativa de defensa de derechos sea catalogada como una amenaza al orden público.

Sobre una serie de afirmaciones que se han vertido para justificar la norma, debemos recordar que las ONG ya rinden cuentas de sus fondos a la APCI, la UIF y la SUNAT. Existe un estricto marco normativo que fiscaliza la labor de nuestras organizaciones, pues tenemos que rendir cuenta de todos los aportes y donaciones que provienen de agencias de cooperación internacional, así como detallar los proyectos y los gastos que se realizan. De la misma manera, esa información es debidamente reportada y supervisada por las agencias internacionales, que son fondos privados y también públicos de otros países donantes. Por lo tanto, no es cierto que los fondos y actividades no estén debidamente fiscalizados y supervisados.

Es por ello que afirmamos que el objetivo de esta norma y de los sectores políticos que la han promovido es perseguir a las ONG y asociaciones civiles en general, y silenciar a quienes defienden los derechos humanos y a los que les dan voz a muchos sectores vulnerables de la sociedad peruana. En esa línea, no se trata de transparencia ni fiscalización, sino de una represalia.

Alertamos, como lo han hecho otras instituciones, que esta nueva ley viola el artículo 139 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona a acceder a la justicia, así como múltiples tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú.

Asimismo, esta norma se suma a otras normas y políticas autoritarias impulsadas por sectores que buscan debilitar la democracia, el Estado de derecho, así como la institucionalidad ambiental y la protección de los derechos humanos en el Perú.

Procederemos a adoptar todas las medidas legales pertinentes a nivel nacional e internacional para afrontar estos cambios normativos.

Hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a las comunidades y pueblos indígenas, a la comunidad internacional y a las instituciones democráticas a estar alertas, movilizados y a unirnos en defensa de la democracia, los derechos fundamentales y la justicia en el Perú.

¡No nos callarán!

Lima, 13 de marzo de 2025