¿Quieren “reorganizar” el Senace o quieren destruirlo?
Un decreto supremo del ministerio de Ambiente ha declarado en modernización y reorganización al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Con ese propósito plantea la creación de una Comisión que, en un plazo de 90 días hábiles:
- Evalúe la situación administrativa, organizacional y de gestión de Senace,
- Proponga las medidas de reforma necesarias.
La comisión estará integrada por tres altos funcionarios del MINAM y tres del Senace. La presidirá el Vice Ministro de Gestión Ambiental y ejercerá la secretaría técnica, el jefe/a de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente.
La pregunta que surge en este contexto es qué está pasando en el Senace para que sea necesaria una “modernización” y “reorganización”. En los considerandos del proyecto de decreto supremo se indica que “(…) se han identificado algunas deficiencias en el proceso de certificación ambiental que están impidiendo que el Senace, ejerza de manera eficaz y eficiente, sus funciones”. Dice también que esta modernización tienen que ver con la necesidad de innovación tecnológica (uso de la inteligencia artificial) y la actualización “de procedimientos para asegurar que los procesos de evaluación sean más efectivos, viables y confiables para los diferentes grupos de interés”.
En la exposición de motivos de este proyecto de decreto supremo se señala como problema que: “(…) muchos de los estudios presentados al Senace, carecen de idoneidad” y que por ello requieren de información complementaria, lo que prolonga el plazo de la evaluación. Que esto solo ocurre en minería y transporte. En la parte referida a evaluación de costos y beneficios de la norma, se señala como objetivo:
Nos parece que este decreto supremo toca un tema muy sensible, que la supuesta demora en las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental es atribuible en muchos casos, a la mala calidad de estos. El pedido de información complementaria es una expresión de ello y esto suele ocurrir en más de una vez.
Estamos de acuerdo en que en muchos casos las evaluaciones demoran porque existen estudios de impacto ambiental con vacíos importantes en información y que en el camino se tienen que subsanar. Eso conlleva una demora en la tramitación.
Lo que no nos parece adecuado es que la reorganización se fundamente en la necesidad de acelerar procedimientos y no en asegurar la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental o mejorar la confianza de la sociedad en ellos.
Como hemos demostrado en otro artículo[1], el Senace no demora en la evaluación de los proyectos de inversión, pese a toda la campaña empeñada en convencernos de ello. De los trece grandes proyectos de inversión disponibles en la página de Senace, la evaluación de once de ellos no llegó al año. El que duró menos tomó 2 meses y 4 días, y el que demoró más, tomó 11 meses y 16 días. Pero si uno ve cuáles son las fases de esta evaluación que más demoran, en varios casos tiene que ver o con información deficiente presentada por las empresas, o con la demora de las propias empresas en responder las observaciones realizadas por las autoridades. ¿Cómo podría una reorganización del Senace subsanar los errores de las propias empresas?
En estos poco más de 10 años de creación del Senace, no es verdad que se hayan retrasado proyectos de inversión por culpa de la evaluación ambiental. Lo que sí es verdad es que esta entidad ha desaprobado algunos grandes proyectos, que más allá de sus millonarios montos de inversión, hubieran tenido impactos en el ambiente no mitigables inaceptables. Es el caso del puerto de Paracas, cuyo MEIA fue desaprobado el 2020, o de la desaprobación de la MEIA de Toromocho el 2021. ¿Son los plazos lo que realmente preocupa al Minam, o es que quieren retornar a la época en que ningún estudio ambiental era desaprobado?
La campaña de la tramitología promovida desde las empresas mineras, la que ha durado más de 10 años, distorsionó los objetivos de la gestión ambiental. Puso la mirada en los plazos y no en lo sustancial, en cómo hacer que las actividades o proyectos de inversión no afecten el ambiente, ni la vida de las personas o poblaciones que viven en los entornos donde éstos se ubican.
Apurar las inversiones no debería ser la principal preocupación del Ministerio del Ambiente, para eso existen los ministerios sectoriales como Agricultura, Energía y Minas, Transporte, Producción cuya tarea es promover la inversión. La tarea fundamental del MINAM debería ser regular o poner límites a las acciones humanas que pueden dañar nuestras condiciones de existencia. Es decir, velar por que la cadena de la vida y las condiciones que ésta necesita se preserven. Si esta tarea no es liderada por el Ministerio del Ambiente, ¿quién lo hará?
Desde esta perspectiva, los plazos deben ser los necesarios para que los funcionarios hagan bien su trabajo. Sin presiones que lleven a decisiones apuradas y errores. Una certificación ambiental que no tiene las medidas adecuadas para evitar daños o riesgos, puede dar lugar a inversiones con costos muy altos para la sociedad y el Estado. Lamentablemente, de eso tenemos ya muchos casos.
[1] https://cooperaccion.org.pe/opinion/la-mentira-de-la-tramitologia-ambiental/
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