PPK en La Oroya

Es totalmente legítimo preocuparse por la situación laboral y el futuro incierto que enfrentan más de dos mil trabajadores del complejo metalúrgico de La Oroya. Evidentemente una salida para la problemática de La Oroya debe incluir el tema laboral.

Sin embargo, la agenda de La Oroya es mucho más amplia y compleja y la visita del presidente electo, que en realidad parecía que seguía en campaña, genera más dudas que certezas. Por ejemplo, llama la atención y preocupa que no se haya dicho casi nada sobre la problemática ambiental de la localidad. No hay que olvidar que todos los estudios realizados en los últimos 10 años muestran que el 90% de su población ha sido seriamente afectada por metales pesados: plomo, cadmio, arsénico. Allí está el importante trabajo realizado por el Obispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto.

Además, tampoco se puede olvidar que la empresa norteamericana Doe Run incumplió de manera reiterada con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que no era otra cosa que un conjunto de inversiones para adecuar las operaciones del complejo metalúrgico a los estándares ambientales del país. Doe Run recibió el beneficio de dos ampliaciones de plazos y varias modificaciones del PAMA y nunca cumplió.

Lo cierto es que si el complejo metalúrgico reinicia operaciones sin haber realizado la inversión pendiente en el circuito de cobre, la población de esa localidad, incluidos los dos mil trabajadores y sus familias, recibirán diariamente un coctel tóxico de metales pesados y el complejo se convertirá nuevamente en un macro emisor.

Pero además, está en marcha un proceso concursal. Como se sabe, desde el 2012, los acreedores de la empresa Doe Run Perú (DRP) solicitaron el inicio de un proceso concursal, que implica la intervención de los propios acreedores para resolver el problema de los créditos impagos. En un primer momento optaron por la restructuración, con la aprobación de un plan que reprogramaba los pagos, pero no funcionó y se pasó a un proceso de liquidación en marcha, que implicaba la venta de los activos (el complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza), sin que dejaran de funcionar. La gestión de la empresa y el proceso estuvo a cargo inicialmente de la empresa Right Business, luego de Profit y actualmente de DIRIGE SAC. Esta última gestiona los activos de DRP y conduce el proceso desde octubre de 2015 con un nuevo convenio de liquidación en marcha que va hasta el 27 de agosto de este año.

La estrategia de Kuczynski apuntaría a modificar la ley concursal para así lograr un plazo mayor para el proceso de liquidación y concretar la transferencia a algún inversionista. Se habla de cuatro potenciales postores que acompañaron al presidente electo a La Oroya: el más importante es el consorcio EETAC Syndicate, el cual habría mostrado interés de asumir la empresa con todas sus instalaciones y respaldaría la liquidación en marcha.  Este consorcio está conformado por varias empresas, entre ellas, la china Nonferrous Metal (NFC), productor de plomo y zinc en Zambia, Mongolia y Tailandia, la coreana Zincox y la también china Greenovo. Otras compañías interesadas en adquirir los activos de La Oroya serían Southern Peaks, Global Ressources Solutions y Stellar Mining.

Sin embargo, el tema no es simple y los intentos del presidente electo tendrán que superar varias vallas y el escenario no es sólo el del Congreso. Por ejemplo, no se puede perder de vista la demanda de Doe Run presentada en el Ciadi en contra del Estado peruano: la empresa norteamericana exige una indemnización de US$ 800 millones. Una norma casi con nombre propio, como en la práctica es lo que propone PPK, le daría un argumento adicional a Doe Run que sería aprovechado en el proceso de arbitraje internacional.

La Oroya es uno de los más graves pasivos ambientales ligados a una actividad productiva en la historia del Perú. Casos como el de La Oroya resumen todo lo que un país no debe hacer en materia de gestión ambiental, promoción de las inversiones y protección de la salud pública. La historia de esta localidad y sobre todo los quince años de presencia de la empresa Doe Run, son una larga lista de desaciertos de parte de las autoridades peruanas, de irresponsabilidad y las peores prácticas de una empresa inversionista.

Uno de los aspectos determinantes de la agenda en el Perú es la construcción de una nueva gobernabilidad para las actividades productivas que permita manejar la dimensión social y ambiental del desarrollo. Esa es una de las tareas centrales del nuevo gobierno y bajo ese marco se deben pensar las posibles salidas para La Oroya y para toda su población, incluidos los trabajadores.

07 de julio de 2016