NUEVA TRANSPARENCIA PARA NUEVOS TIEMPOS. Información económica, social y ambiental de las industrias extractivas a la que es indispensable acceder en tiempos de COVID-19

Por Vanessa Cueto y Verónica Portugal (DAR), Ana Leyva y César Flores (CooperAcción), y Epifanio Baca y Juan José Ccoyllo (Grupo Propuesta Ciudadana)

Introducción

En el marco de la emergencia sanitaria en la que el Perú se encuentra, el Gobierno peruano ha tomado diversas medidas para contener el virus y poner como prioridad la vida y salud de las personas.

Los sectores Hidrocarburos y Minería no son ajenos a esta situación. En marzo y abril, al iniciarse la cuarentena en nuestro país, muchas empresas mineras mantuvieron sus operaciones críticas con el personal mínimo indispensable^[1], mientras que para el sector Hidrocarburos se permitió las actividades destinadas a asegurar el abastecimiento del mercado nacional y de la atención de los servicios públicos, teniendo que activarse y ejecutar protocolos de seguridad para salvaguardar la salud del personal, contratistas y/o terceros (Resolución Viceministerial N° 014-2020-MINEM-VMH).

Complementario a ello, para asegurar la supervisión de las actividades del sector y la prevención en el contexto de la pandemia del COVID-19, se aprobó inicialmente: El “Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN durante el estado de emergencia nacional decretado en el país como consecuencia del brote del COVID-19” y el “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en el marco de las acciones de traslado de personal de las unidades mineras y unidades de producción”^[2].

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a finales de marzo, creó el Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Energía y Minas^[3], cuyas funciones son: i) realizar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones del sector Energía y Minas, ii) generar un espacio articulador y facilitador para la coordinación entre la Alta Dirección, las Unidades Ejecutoras de Inversiones y los órganos vinculados con la ejecución de la cartera priorizada de inversiones de la entidad, iii) identificar la problemática y los riesgos asociados a la ejecución y gestión de las inversiones, así como evaluar las medidas/acciones que resuelvan dicha problemática, y iv) monitorear el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados en las sesiones del comité.

Por otro lado, el Ejecutivo, mediante la Ley  Nº 31011, “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19”, adquirió facultades para legislar, entre otros, en materia de protección a los sectores productivos, extractivos y de servicios, con el objeto de dictar medidas que permitan reactivar y promover la agricultura y riego, pesca artesanal y acuicultura, minería, industria, turismo, artesanía y otros afines, así como las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19^[4]. Es así que el Estado ha puesto en marcha un proceso de reactivación económica en cuatro fases. Actualmente nos encontramos en la fase 1 ^[5], permitiéndose actividades de minería e industrias, construcción, servicios y comercio.

Este plan de reactivación ha considerado la creación de nuevos protocolos para cada sector económico del país, los cuales establecen una serie de medidas preventivas para la detección temprana y respuesta a la propagación del COVID-19 entre los trabajadores de estos subsectores. Estos protocolos se enmarcan en los lineamientos aprobados por el MINSA. De este modo, en mayo, el MINEM aprobó el “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector Minería, subsector Hidrocarburos y subsector Electricidad”^[6].Asimismo, en los últimos días, Perupetro ha señalado que tiene una propuesta que ha sido presentada al MINEM y al MEF con medidas para mantener la capacidad productiva del gas y petróleo que busca garantizar la liquidez de las empresas y aliviar el problema de corte de la cadena de pago, entre dichas medidas se encuentra un nuevo reglamento para calificar a las empresas y un reglamento de regalías^[7].

Todo esto crea un panorama nuevo y diferente para las industrias extractivas, por lo que es muy importante que en estos momentos se establezcan mecanismos de transparencia para asegurar la gobernanza de los recursos naturales durante el estado de emergencia y durante la fase de reactivación económica.

¿Por qué se debe mejorar y fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información en el marco del COVID-19 y pos-COVID-19?

Los desastres naturales, epidemias, crisis humanitarias o actividades para estimular la economía son situaciones en las cuales se puede generar riesgo de corrupción y uso indebido de los recursos públicos, perdiendo dinero indispensable para enfrentar la crisis de manera efectiva, y afectando la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la gobernabilidad^[8].

En el marco de la emergencia sanitaria, el Estado peruano ha tomado y tomará muchas decisiones, no solo presupuestales, sino también para reactivar la economía, que puedan afectar de alguna u otra manera a otros sectores o los derechos de la población, como el derecho a la salud plena. Por ello, en este contexto, la transparencia tiene un rol fundamental para que los ciudadanos podamos acceder a información de calidad y actualizada sobre la gestión de los recursos y sobre el impacto de las decisiones tomadas por el Gobierno.

Información minera y COVID-19

En el caso del sector minero en el Perú, durante los meses de marzo y abril no existió un protocolo para todas las actividades mineras frente al COVID-19, a pesar de que se permitió seguir con la mayor parte de sus operaciones desde el inicio de la cuarentena. Las medidas adoptadas se limitaron al desconfinamiento de personal en las zonas mineras, es decir, al relevo y traslado de personal. Lamentablemente, la norma no exigió que se haga una prueba de descarte de COVID-19 a los trabajadores (que ingresan y salen de las unidades mineras), lo que ha contribuido a que existieran cerca de 260 personas infectadas en distintas minas hasta inicios de mayo.

Incluso la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación sobre la insuficiencia de las medidas que se fueron adoptando en el sector minero para evitar la propagación del COVID-19, sea entre sus trabajadores o respecto a las localidades o comunidades que habitan en sus zonas de influencia.

A pesar de que ahora se cuenta con un protocolo oficial para el sector minero, aprobado en mayo, aún quedan varias interrogantes y vacíos identificados por las organizaciones de sociedad civil. Por ejemplo, hasta la fecha, el Gobierno no ha aprobado ningún lineamiento o protocolo para evitar la propagación del COVID-19 entre la población que reside en las zonas de influencia de estas industrias extractivas y tampoco se tiene información sobre si las empresas extractivas están adecuando sus prácticas internas de relaciones comunitarias al escenario COVID-19.

Asimismo, en la norma que aprueba el protocolo se hace una breve mención de que las empresas deben socializar y difundir sus planes internos de contención del COVID-19, pero no se establece cómo se van a desarrollar las acciones de difusión de los mismos ni qué entidad pública le va a hacer seguimiento, dejándolo a la decisión discrecional de las empresas; del mismo modo, continúa la falta de transparencia de algunas empresas mineras para informar sobre los traslados del personal para los relevos respectivos, generando tensiones sociales en distintas partes del país^[9]. Claramente, una de las principales problemáticas de la reactivación económica en el marco de la pandemia del COVID-19, es que no se tiene información sobre cómo se van a implementar estos protocolos.

En estos momentos, por ejemplo, ya se vienen trasladando camiones por el corredor minero del sur andino y muchas empresas ya empiezan a operar normalmente, lo cual puede generar conflictos sociales. Las comunidades podrían impedir el paso de los camiones mineros por temor al contagio, basadas en la poca divulgación y desconocimiento de los protocolos mineros, así como por la ausencia de fiscalización sobre su cumplimiento por parte del gobierno nacional y los gobiernos regionales.

La reactivación de las actividades económicas en el país debe realizarse en un marco de gobernanza. En este sentido, llama la atención que los ministerios no hayan establecido mecanismos de participación para que la ciudadanía contribuya y opine respecto a los protocolos que vienen siendo desarrollados para cada sector económico. Nos encontramos frente a un escenario de mucha influencia empresarial para la recuperación de la economía, en el que los ciudadanos no están siendo escuchados.

Se debe recordar que el acceso a la información es un derecho ciudadano fundamental que permite ejercer otros derechos como la rendición de cuentas, consulta previa, a gozar de un ambiente sano, a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones o a la libertad de expresión^[10].

En relación a las industrias extractivas, la información sobre cómo se otorgan las certificaciones ambientales, las sanciones que reciben las empresas extractivas y otros aspectos relevantes permiten evaluar la toma de decisiones en toda la cadena de valor de la industria extractiva y su real impacto en la vida de los ciudadanos y verificar cómo las empresas se relacionan con las comunidades a través de sus proyectos sociales y si en realidad las empresas extractivas benefician o no a la población local^[11].

Considerando que el estado de emergencia cambia las condiciones en las que se desarrolla la industria extractiva, es importante que se puedan conocer los protocolos, las restricciones para su funcionamiento en este contexto y el impacto que pueden tener en los ciudadanos.

¿Qué información es indispensable que conozcan los pueblos indígenas, comunidades campesinas y sociedad civil sobre industrias extractivas en el marco de la situación de emergencia del COVID-19?

• Participación ciudadana: Como parte de la fase 1 de la reactivación económica, actualmente en marcha, muchos procedimientos administrativos continuarán con su curso, incluyendo la realización de los mecanismos de participación ciudadana correspondientes a la certificación ambiental.En esa línea, el 11 de mayo el Gobierno publicó el DL 1500, por el cual se establece que los mecanismos de participación ciudadana a desarrollarse en el marco de la elaboración y evaluación del EIA se adecúen a las medidas sanitarias establecidas, sugiriendo como medidas alternativas medios electrónicos y virtuales.Es importante que los mecanismos de participación ciudadana reconozcan las brechas tecnológicas y de comunicación que existen en las comunidades nativas, y se implementen protocolos adecuados e interculturales, de tal manera que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la participación efectiva sin exponer su salud, y sin que se afecten sus derechos.La participación ciudadana no debe asumirse solo como mecanismos para acceder a información, sino para intervenir en la toma de decisiones sobre temas que les afectan; en ese sentido, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil también deben ser parte de la forma en que se diseñan los protocolos o adecuaciones para una participación efectiva.
• Supervisión de emergencias ambientales y la aplicación de medidas de contingencia: En el desarrollo de la coyuntura actual por el COVID-19, se han generado emergencias ambientales y aunque el OEFA ha acudido a inspeccionarlas, no se cuenta con un protocolo público para la supervisión y fiscalización ambiental en este contexto de emergencia sanitaria, en que existe mucha dificultad de acceso a los territorios. Además, en esta situación el Estado viene operando solo parcialmente y es imprescindible que el OEFA genere confianza en la ciudadanía, transparentando cómo realizará la supervisión y cómo superará la dificultad de la falta de acceso a los territorios.Las medidas para controlar el impacto de las operaciones mineras se aprueban en los EIA y las empresas realizan sus actividades cumpliendo esas medidas. Sin embargo, nos encontramos en otras circunstancias que plantean impactos en la salud pública no previstos en el EIA por tratarse de una situación inédita.Actualmente, de realizarse las actividades tal como estaban aprobadas en los EIA, se podría generar situaciones de contagio en la población; esto es evidente en relación a los planes de relaciones comunitarias o planes de gestión social, que son uno de los componentes de los EIA de los proyectos extractivos, sea de minería o hidrocarburos. Ante ello, es importante definir qué acciones se podrían restringir hasta que se controle la epidemia y en qué medida el OEFA podría supervisar, y de ser necesario, modificar los EIA.
• Operación de unidades mineras durante la cuarentena: Como se mencionó anteriormente, existen algunas unidades mineras que están operando parcialmente, mientras que la mayoría ya lo hace con normalidad. Pero no se conoce de qué unidades se trata y las condiciones en las que están operando (protocolos internos de seguridad y prevención aplicados, número de empleados trasladados, entre otros). El Estado debe establecer la obligatoriedad de la socialización y difusión de los planes internos de contención del COVID-19 que desarrollan las empresas extractivas y aclarar qué entidades públicas realizarán el seguimiento respectivo.Se necesita mayor transparencia por parte de las empresas mineras, ya que tienen contacto directo con la población de sus zonas de influencia directa e indirecta, sea para adquirir servicios, transportar suministros, transportar minerales, comprar tierras, entre otros. Solo el máximo nivel de transparencia por parte de las empresas mineras ayudará a generar cierta confianza en los territorios donde operan, especialmente en este contexto.La sociedad civil peruana exhorta al Estado a que apruebe un lineamiento o protocolo para evitar la propagación del COVID-19 en la población que reside en las zonas de influencia de las industrias extractivas. A la fecha, los protocolos diseñados sólo incluyen medidas de prevención dentro de las unidades productivas.
• Salud de trabajadores: Desde que se decretó el estado de emergencia, la información respecto al número de personal contagiado en las unidades mineras ha sido imprecisa, sin tener una cifra oficial. Asimismo, se han generado protocolos insuficientes y no se conoce si todas las empresas están cumpliéndolos e implementándolos. Por ello, es importante que se haga pública la información de los resultados de las supervisiones e informes realizados por la autoridad pública competente.
• Uso del canon y regalías: Algo que la pandemia ha evidenciado son las deficientes condiciones en las que se encuentra el sistema de salud, y la vulnerabilidad de muchas personas al no contar con servicios de agua potable y saneamiento. Por ejemplo, el porcentaje de hogares sin acceso a servicios de saneamiento a nivel nacional es de 25%, y la situación a nivel regional es más complicada: Según el INEI, en Loreto el porcentaje es 58%, en Piura de 34% y en Cajamarca, 54%. En servicios de agua las brechas también existen aunque son de menor dimensión. Mientras tanto, en los gobiernos regionales, las obras de saneamiento y salud tuvieron en el 2019 una baja ejecución del gasto, del 58% y el 60%, respectivamente^[12].Por ello, se hace necesario que a nivel distrital, provincial y regional la información sobre el uso del canon y regalías, así como de las brechas de servicios, sea difundido para asegurar que este sea usado de acuerdo a las necesidades y prioridades de la población. Una oportunidad que puede contribuir a ello son las comisiones regionales de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), las cuales generan Estudios de Transparencia Regional (ETRs), en los que se brinda información de las transferencias de canon y regalías a los gobiernos regionales y locales, así como el uso de dichos recursos. En adelante deberían incorporar también información el gasto ambiental y social, así como los impactos de las industrias extractivas.
• Gestión de residuos sólidos peligrosos: Las medidas de prevención y atención a pacientes con COVID-19 generan residuos sólidos que pueden ser peligrosos y significar un riesgo a la salud (mascarillas, guantes usados, jeringas, residuos con material biológico, etc.). Las unidades mineras y campamentos petroleros también generan estos tipos de residuos al implementar los protocolos de prevención emitidos por el gobierno. Es importante que se realice una gestión adecuada de los mismos.
• Información sobre el agua y recursos naturales: El agua es uno de los recursos más importantes para la vida, y en esta emergencia se ha evidenciado con mayor intensidad que las personas que no tienen acceso a agua limpia son más vulnerables porque se ven limitadas para realizar las acciones de prevención necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Por lo tanto, en el contexto actual se hace necesario atender la demanda de la sociedad civil de transparentar información sobre el uso de recursos naturales, principalmente del agua, y sobre la aplicación de acciones de prevención, mitigación y remediación, entre otros.
• Consulta previa: Es necesario que se generen protocolos para el desarrollo de procesos de consulta previa mientras exista el distanciamiento social, de tal manera que se asegure el respeto al derecho sin poner en riesgo la salud de los pueblos indígenas sin que se vulnere dicho derecho.
• Comité de seguimiento de inversiones del sector Energía y Minas: Como se mencionó anteriormente, este comité tiene por función realizar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones del sector Energía y Minas, así como evaluar medidas y acciones para resolver problemáticas y riesgos asociados a la ejecución y gestión de las inversiones. Debido a que estas medidas pueden ser de diversa índole, e involucrar de manera directa o indirecta impactos en el ambiente, pueblos indígenas, o participación ciudadana, es necesario que todas las actas y acuerdos de las sesiones sean publicadas en un portal web.
• Divulgación de estadísticas del sector: El MINEM cuenta con una base de datos para el sector Minería con información de compromisos de actividades de desarrollo sostenible registrados en la Declaración Anual Consolidada, y compromisos sociales voluntarios, asumidos posteriormente a la aprobación de los EIA según el DS N° 040-214-EM. En el pasado, la información era publicada en la web del MINEM, a través de una tabla dinámica llamada Datamart, a la cual se podía acceder con mucha dificultad por los requisitos informáticos que establecía, pero tenía la ventaja que se podía descargar los datos en formato Excel para su análisis.Ahora esta información se encuentra en un Dashboard, en la etapa final de su construcción, que permite una visualización más amigable y hacer filtros para elegir la información de interés; sin embargo, ya no es posible descargar la base de datos y la información tiene un menor nivel de detalle, lo que significa un retroceso. A ello se debe agregar la poca difusión de estos aplicativos, además de no tener una ruta visible dentro de la página web institucional. La implementación de sistemas de recolección, registro y sistematización de información para su gestión interna y difusión pública es un desafío que este sector debería considerar.
• La Iniciativa EITI y el 7mo informe de transparencia nacional: El EITI o Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas es una alianza internacional tripartita que reúne a gobiernos, empresas del sector extractivo y sociedad civil para transparentar los pagos e ingresos que reciben los gobiernos de las empresas, con el fin de fomentar el desarrollo de los países miembros.El Perú lleva 14 años participando activamente en la iniciativa, logrando importantes avances que demuestran el compromiso de los actores involucrados en la promoción de la transparencia en esta industria, tales como la descentralización de la iniciativa en cinco regiones (Piura, Moquegua, Arequipa, Apurímac y Loreto), donde funcionan comisiones instaladas mediante ordenanza regional.En el marco de esta iniciativa se generan Informes Nacionales de Transparencia, los cuales aportan información especializada (fiscal, tributaria, socioambiental y otras vinculadas) sobre la actividad minera y de hidrocarburos en el Perú, incluyendo los pagos (entre ellos los ambientales y sociales) que hacen las empresas extractivas del sector minero y de hidrocarburos al Estado peruano y los ingresos que este recauda por esos conceptos, entre otros. Un tema pendiente de la Comisión Nacional EITI es cumplir con publicar el Séptimo Informe Nacional de Transparencia con datos de los años fiscales 2017 y 2018, en el cual se incluiría por primera vez el aporte por regulación que las empresas pagan al OEFA como un pago para financiar la supervisión ambiental.
• Aporte por regulación (APR): Es el aporte que dan las empresas del sector minero y energético con el fin de financiar el ejercicio de la supervisión y fiscalización ambiental vinculada a estos sectores. Este aporte es uno de los ingresos más importantes del OEFA. Por ejemplo, en el 2019 fue de S/ 143 975 667 y en 2018 de S/145 771 437.
  Esta información es divulgada en forma actualizada a través del Portal de Transparencia Económica del MEF; además, en el portal de Datos Abiertos del OEFA, se cuenta con información detallada por año, mes, empresa y sector económico (eléctrico, hidrocarburos y minería) para los años 2018 y 2019[13]. Asimismo, el portal OEFA en cifras publica información al III trimestre de 2019 sobre la Distribución de la ejecución del presupuesto por Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2019-2022 y por orientación del gasto, el Listado de Proyectos de inversión por tipo de intervención (equipamiento, infraestructura, sistema de inversión) y fases (ejecución, idea, formulación) y montos por proyecto.
  Considerando que el Séptimo Informe Nacional EITI deberá presentar la conciliación de los pagos por APR que las empresas realizan y los ingresos que OEFA registra, así como el destino que le da a estos recursos, será importante contar con esta información por parte del Ministerio del Ambiente.
• Transferencias a fondos de contingencia: Mediante el Decreto Supremo Nº 083-2020-EF se autorizó la transferencia de Partidas en el presupuesto de distintos ministerios a la reserva de contingencia para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria declarada debido a la existencia del COVID-19, por un monto de S/ 1 140 724 442. Si bien esto es necesario para ejecutar medidas que permitan proteger la salud de los ciudadanos, es importante que se dé a conocer, de manera clara, cuáles son los gastos específicos que ya no se estarían ejecutando como resultado de la transferencia.

Recomendaciones al Gobierno peruano

1. El Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Energía y Minas, creado en el marco de la situación de emergencia COVID-19 para fortalecer la gobernanza, debe incluir entre sus miembros a representantes de la sociedad civil y de pueblos indígenas. Este Comité debería promover el máximo nivel de transparencia de cada una de las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en el Perú, para que provean información relevante y permanentemente actualizada sobre el manejo del estado de emergencia sanitaria por empresa y unidad productiva (protocolos de seguridad y prevención aplicados, número de empleados trasladados, procedimientos realizados, entre otros).
2. Fortalecer los mecanismos tripartitos de transparencia para la elaboración de los nuevos protocolos para los sectores Minería e Hidrocarburos en el contexto de la pandemia del COVID-19, que incluyan las opiniones y aportes de sociedad civil, sobre todo de las poblaciones de las zonas de operaciones, así como los de instancias actualmente existentes como el EITI. Es imperativo que la Comisión Nacional EITI, liderada por el MINEM culmine y publique el Séptimo Estudio Nacional de Transparencia y que se apruebe una ley donde se incorpore el EITI como política pública de carácter vinculante.
3. Establecer la obligatoriedad de la socialización y difusión de los planes internos de contención del COVID-19 que desarrollan las empresas extractivas y aclarar qué entidades públicas realizarán el seguimiento de los mismos.
4. El OEFA debe transparentar cómo realizará la supervisión durante la reactivación de los sectores económicos iniciada el 11 de mayo, así como definir qué acciones se podrían restringir hasta que se controle la epidemia a partir de una revisión de los EIA aprobados. Ello dado que en el actual contexto de inmovilización social obligatoria, el Estado ha venido operando solo parcialmente.
5. Generar mecanismos para difundir en los portales web del Estado, como los del Ministerio de Energía y Minas, OEFA, entre otros, información sobre el desempeño de las industrias extractivas durante el estado de emergencia, tal como las acciones implementadas y supervisiones realizadas a cada empresa y unidad productiva.
6. Aprobar un lineamiento o protocolo para evitar la propagación del COVID-19 en la población que reside en las zonas de influencia de las industrias extractivas. A la fecha, los protocolos diseñados solo incluyen medidas de prevención dentro de las unidades productivas.
7. Fortalecer la transparencia en el proceso de reactivación económica en todas sus fases, haciendo público el avance de la implementación de los proyectos de inversión que forman parte de la reactivación económica y del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.
8. Hacer públicas antes de su prepublicación las normas que afecten los derechos a la transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, promoviendo el debate y participación de la sociedad.
9. Promover la transparencia del cumplimiento del Plan de Gobierno Abierto de Perú y cómo este se está adaptando a la nueva situación de emergencia por COVID-19.
10. Generar información intercultural sobre la situación de salud de los pueblos indígenas, tomando en cuenta los protocolos elaborados por las organizaciones indígenas como AIDESEP, ORPIO y CORPI, entre otras.
11. Es necesario que en el marco de la reactivación económica, donde se está promoviendo el desarrollo de proyectos mineros y de hidrocarburos, se respete el derecho a la consulta previa, de tal manera que se asegure el respeto a este derecho sin poner en riesgo la salud de los pueblos indígenas.

Anexos:
^[1] Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/109346-comunicado
^[2] Resolución Ministerial 111-2020-MINEM/DM, aprobada el 15 de abril de 2020.
^[3] Resolución Ministerial Nº 106-2020-MINEM/DM, aprobada el 31 de marzo de 2020.
^[4] Ley Nº 31011, “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19”. Artículo 2, número 9).
^[5] Decreto Supremo N°080-2020-PCM publicado el 2 de mayo de 2020.
[6] Resolución Ministerial 128-2020-MINEM/DM, aprobada el 6 de mayo de 2020.
^[7] Recuperado de: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/perupetro-presenta-medidas-para-mantener-la-capacidad-productiva-de-gas-y
^[8] Recuperado de: https://www.transparency.org/news/pressrelease/identifica_transparencia_internacional_riesgos_de_corrupcion_y_medidas_de_i
[9] Recuperado de: https://cooperaccion.org.pe/el-protocolo-ausente/
^[10] Estudio Sombra de la Transparencia de la Información Socioambiental en Perú (2019) Lima: DAR, Grupo Propuesta Ciudadana, 80 pp.
^[11] DAR, Grupo Propuesta Ciudadana (2019). Estudio Sombra de la Transparencia de la Información Socioambiental en Perú (2019).^[12] Portal de Transparencia Económica (consulta amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas.[13] Ver: http://datosabiertos.oefa.gob.pe/dashboards/20558/recaudacion/

28 de mayo de 2020