Los mineros van por más
Estos días estamos viviendo un nuevo capítulo que muestra el enorme poder e influencia política que tienen los pequeños mineros, los artesanales, informales y hasta ilegales, y sus diversas asociaciones, que buscan consolidar un marco legal a la medida de sus intereses.
Todo indica que, a estas alturas, ya no les es suficiente una nueva ampliación de Reinfo hasta fin de año. Al parecer, la evaluación de sus dirigentes y asesores, es que ha llegado el momento de aprobar una Ley Mape. Saben que tienen el control de la Comisión de Energía y Minas, una bancada multipartidaria que los apoya y un Ejecutivo débil que se allanará a lo que digan las fuerzas políticas del Congreso.
El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutierrez, ha modificado abruptamente la agenda de la sesión del 7 de julio y ha agregado el debate y la votación de la Ley Mape, pese a que la mayoría de sus miembros habían aprobado, por cuestión previa, que se vea en la próxima legislatura. Recordemos que la legislatura ya ha terminado, sin embargo, la Comisión de Energía y Minas igual va a sesionar.
Todo indica que la presión de la movilización de los mineros, que se encuentran desde hace varios días en las afueras del Congreso, la influencia de la dirigencia de organizaciones como la Confemin[1] y el apoyo de varias bancadas, han generado esta situación.
Lo grave es que lo que se pretende aprobar tiene a la base un predictamen que ha sido cuestionado por diversos especialistas e, incluso, ha sido observado por varios congresistas. En un oficio, remitido por la congresista Ruth Luque el pasado 2 de junio, al presidente de la Comisión de Energía y Minas, se señalaban varias observaciones, preocupaciones y alertas. Entre las principales podemos citar:
- El hecho de mantener un registro (aunque con otro nombre) que continúa con la lógica permisiva del actual Reinfo, para que los mineros puedan seguir operando sin haber cumplido con exigencias ambientales, laborales ni técnicas mínimas.
- Otorgar beneficios tributarios injustificados para los mineros Mape, sin estar sujetos al cumplimiento previo de estándares ambientales, de seguridad en el trabajo o saludo ocupacional para los propios mineros;
- Blindaje judicial para los mineros que apunta a una lógica de impunidad frente a posibles delitos; exención de responsabilidad penal.
- Disminución de la rigurosidad de los instrumentos de gestión ambiental.
- Permitir la posibilidad de hacer minería en zonas de amortiguamiento e incluso en zonas de bosques primarios.
- Ausencia de toda mención a metas y plazos para la eliminación del uso de mercurio y cianuro en las actividades mineras aluviales.
- El levantamiento de la suspensión de la admisión de petitorios en el departamento de Madre de Dios, etc.
Debemos estar alertas con lo que ocurra en la Comisión de Energía y Minas esta semana. Como bien mencionaba la congresista Ruth Luque, bajo la justificación de promover la formalización minera, no se puede poner en riesgo la integridad de la Amazonía y de las áreas naturales protegidas, los derechos de los pueblos indígenas, debilitar las obligaciones ambientales y abrir la puerta a prácticas extractivas depredadoras sin control real del Estado. Como señala Ruth Luque: “Es indispensable que toda propuesta normativa en esta materia responda a los principios de sostenibilidad, justicia ambiental, y respeto a los territorios y derechos de los pueblos indígenas, tal como mandan la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Perú, y el Convenio de Minamata”.
[1] Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú. Su presidente, Máximo Franco Becker y varios integrantes de su directiva, están afiliados al partido de Rafael López Aliaga.
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