Los defensores ambientales de Cotabambas

José De Echave C.

Hay tendencias peligrosas en el país que se vienen afirmando y que no se están visibilizando debidamente. Una de ellas tiene que ver con los defensores ambientales: como parte de la criminalización a los defensores ambientales ya no solo se aprecia hostigamientos, juicios que duran años y hasta décadas, también hay casos de sentencias firmes que representan la pérdida de libertad de varios dirigentes.

Algunos ejemplos: Jesús Cornejo, expresidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Islay, Arequipa, epicentro del conflicto en torno al proyecto de Tía María, tiene una sentencia firme de 7 años y 4 meses. En la misma situación se encuentra Jaime de La Cruz, ex alcalde del distrito de Dean Valdivia, también de la provincia de Islay y el Valle de Tambo, aunque en su caso es una sentencia de 12 años y 4 meses. Ambos dirigentes se encuentran recluidos en el penal de Socabaya.

Siguiendo esta tendencia están los casos de 11 defensores ambientales de Cotabambas, con sentencias que van entre los 8 y 9 años. Esta es la relación:

  • Virginia Pinares Ochoa: Premio Nacional de Derechos Humanos del año 2022, tiene una sentencia de 8 años y 10 meses.
  • Rodolfo Abarca: ex presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas, tiene una sentencia de 9 años.
  • Ronal Andrés Vello Abarca: ex presidente del Frente de Defensa del Distrito de Tambobamba, tiene una sentencia de 9 años.
  • Juan Pablo Conislla Gallegos, ex presidente de la Federación de Comunidades Campesinas del distrito de Challhuahuacho, con una sentencia de 8 años y 8 meses.
  • Jacinto Limalucas: ex dirigente del Frente de Defensa del Distrito de Challhuahuacho, con una sentencia de 8 años y 8 meses.
  • Alem Torres Garcés: asesor técnico, con una pena sentencia de 9 años.
  • Maximiliano Huachaca Mamani: integrante de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio y del Ambiente de las Provincias de Espinar, Chumbivilcas, Cotabambas y Grau, con una sentencia de 8 años y 8 meses.
  • Walter Moreano Andrade: dirigente y alcalde del distrito de Progreso, con una sentencia de 8 años y 8 meses.
  • Romualdo Ochoa: ex presidente de la comunidad de Huancuire, con una sentencia de 8 años y 8 meses.
  • Lisbeth Abarca Peña: dirigente distrital de Tambobamba, con una sentencia de 9 años.
  • Cosme Bolívar Escudero: presidente de la comunidad campesina de Chumille, con una sentencia de 8 años y 8 meses.

Las acusaciones están vinculadas a las protestas del mes de septiembre de 2015 por los impactos que generó el inicio del transporte de camiones en las tierras de las comunidades y los cambios inconsultos del proyecto minero Las Bambas.

El 3 de octubre del año 2024, el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas los condenó por los supuestos delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. Luego de la sentencia, la defensa legal de los dirigentes, a cargo de la institución Fedepaz, presentó un recurso de apelación en el Juzgado de Tambobamba. El próximo 19 de marzo se ha fijado el inicio de la audiencia de apelación.

El movimiento de defensores ambientales y las organizaciones de derechos humanos expresamos nuestra solidaridad con los defensores ambientales de Cotabambas y estaremos atentos a las decisiones que se tomen en la audiencia de apelación. Estamos alertas. 

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