Investigaciones de la fiscalía arrojan luz a las actividades de los comerciantes (traders), el eslabón crucial de la cadena de exportación de minerales. Se trata de la presunta venta de relaves mineros de origen ilegal. Según la reciente modificación del código penal, ello podría constituir un delito grave. Involucraría a varias empresas mineras, exportadores y transportistas, pero también a los traders, operadores de almacenes y agentes de aduanas.
Sin embargo, en este caso no se trataría de concentrados de oro propiamente, sino de relaves mineros que contienen diversos residuos valiosos de oro y otros metales, y que fueron falsamente declarados como “pirita”, un mineral menor que también se conoce como “oro de los tontos” por su aspecto similar al oro verdadero. En breve, todo el asunto resulta confuso y sorprendente.
El material que fue exportado hacia China se originó supuestamente en los yacimientos de la empresa Intigold Mining S.A., conocida por los hechos relacionados a la masacre de Atico, Caraveli (Arequipa), que cobró la vida de 15 mineros artesanales en 2022. Pero la empresa Consorcio Minero Horizonte S.A. reclama que en realidad se trataría, al menos en parte, de material robado de una pila de relaves ubicada en una concesión de su propiedad, aledaña con la de Intigold.
En los registros de aduanas, este material figura bajo la categoría “concentrado de oro – pirita”, y sale a nombre de MMCC NFT Latin America S.R.L. y N&C Trading and Development S.A.C., dos empresas comerciantes peruanas que figuran entre los 10 mayores exportadores de concentrado de oro. Según correos incautados por la fiscalía, las instrucciones de declarar los relaves como pirita habrían llegado desde otro trader, Redcomet Resources AG, con sede en Suiza, que funcionó como comprador del material en China.
Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAT) pudo demostrar con análisis de laboratorios que el material contenido en 120 contenedores incautados en el puerto de Callao no era pirita, ya que contenía oro, plata, cobre y cianuro, este último un claro indicador de que se trataría de relaves. En total, fueron 44 envíos sobre un total de 62 000 toneladas de relaves, declaradas a un valor de cerca de US$ 12 millones.
La teoría de la fiscalía es que se habría formado una organización criminal para fingir un origen falso del mineral robado. De esta manera, no solamente se habría perjudicado a la empresa propietaria de la concesión, Consorcio Minero Horizonte S.A.: esto también les habría permitido esquivar regulaciones ambientales, como la obligación de obtener permisos especiales para el transporte de material tóxico con alto contenido de cianuro. Y, bajo esta lógica, la investigación cubre la cadena de suministros entera, con representantes de ocho empresas nombrados como responsables, incluyendo transportistas, agentes de aduanas, y el almacén de Trafigura-Impala, donde el material fue depositado en el Callao.
El caso resulta especialmente espinoso a la luz de la modificación del Artículo 307 del código penal, que entró en vigor el 20 de enero y por tanto no aplica para estos hechos, que datan de 2023 y 2024. El nuevo marco legal sanciona con pena privativa de libertad no menor de seis años a quien “traslada, acopia, almacena, transporta, custodia, oculta, comercializa, adquiere, embarca, desembarca o exporta o tiene en su poder recursos minerales metálicos […] cuyo origen ilícito, conoce o debía presumir”.
¿Debía presumir el gerente de Impala el origen ilícito de la supuesta pirita que pasaba por el depósito de minerales en el Callao y que habría sido falsamente certificada en sus instalaciones? La fiscalía argumenta que sí, dado que Consorcio Minero Horizonte S.A., los dueños de la concesión de donde se extraía, le habían alertado sobre el hecho de que se trataría de relaves robados.
Más allá del caso en cuestión de Intigold y el supuesto oro de los tontos, ¿qué impactos puede tener este endurecimiento en la criminalización de las cadenas de suministro y comercialización de la minería ilegal? ¿Cuántas más cargas de minerales pasan por almacenes como el de Impala, de las cuales algún gerente debería presumir que proviene de la minería ilegal? Y ¿qué va a pasar si estas personas claves se ponen en alerta ante el riesgo de una pena de cárcel, y se niegan a recibir cargas con procedencia dudosa?
Son principalmente cuatro depósitos que proveen sus servicios de almacenamiento, certificado y embarque para minerales de terceros: el mencionado, Impala, propiedad del trader Trafigura, multinacional con sede en Singapur y Suiza, es el más grande y cubre la mitad de las exportaciones de minerales desde el Callao. Le siguen Perubar, propiedad de Glencore (Suiza), e IXM, del grupo chino CMOC. Los tres depósitos se ubican uno al lado del otro y están conectados a la misma faja transportadora que carga los concentrados de minerales a las grandes embarcaciones. Un cuarto es LOGISMINSA, de propietarios nacionales, con depósitos un poco más alejados del puerto.
Existen otros depósitos habilitados que funcionan solamente para contenedores. Estos también se pueden cargar con concentrados de minerales en bolsas grandes (big bags). Cuesta más caro y se presta para cantidades menores, pero con los precios del oro, plata y cobre por las nubes, puede ser rentable y más asequible para comerciantes que mueven cantidades más pequeñas. Será interesante observar en los próximos meses si la modalidad de exportación en contenedores muestra aumentos desde el puerto del Callao, y cuál será el rol que desempeñará el nuevo megapuerto Chancay, donde ya se registran algunos envíos de minerales en contenedores.
Otro tema importante que el caso Intigold nos interroga, es sobre la revaloración de relaves mineros, los cuales no faltan en el país. Sería preferible contar con procesos seguros, aprobados y monitoreados por agencias como el OEFA dentro del país, que exportarlas de manera clandestina a China. Sin embargo, sabemos poco sobre los riesgos ambientales que esto traería y, hasta que esto cambie, lo más seguro es no tocarlos.
