Las lecciones del caso de los defensores ambientales de Cotabambas
(Editorial del boletín Actualidad minera del Perú- Abril 2025) El pasado martes 22 de abril se conoció la noticia: los 11 dirigentes sociales de Cotabambas fueron finalmente absueltos por la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Como se recuerda, ellos habían sido sentenciados, en primera instancia, con penas de entre 8 y 9 años de prisión y reparaciones exigidas por la empresa propietaria de Las Bambas del orden de los US$ 80 mil.
Finalmente, tras un proceso de más de 10 años, se ha hecho justicia: la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac revocó la sentencia. Los dirigentes habían sido condenados por su participación en las protestas del año 2015 en rechazo a las modificaciones unilaterales del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas y el incumplimiento de acuerdos previos con las comunidades de la zona de influencia. Tras una apelación presentada por la defensa legal de los dirigentes, en una segunda instancia se ha reconocido la inexistencia de pruebas, los vacíos de la acusación y, por último, la desproporción de las penas que se les pretendía imponer.
Sin embargo, esta excelente noticia no debe hacernos perder de vista la difícil situación que enfrentan hoy en día los defensores ambientales en el país, sobre todo en las zonas con presencia minera, como consecuencia de las estrategias de criminalización que se implementan. Solo en el caso de Cotabambas, el Estado peruano emprendió inicialmente procesos penales contra más de 300 personas, de las cuales 37 fueron llevadas a juicio y, finalmente, los 11 dirigentes fueron sentenciados en primera instancia.
Desde hace un tiempo, se sabía que dirigentes de las comunidades y organizaciones sociales en los territorios con presencia minera eran hostigados y las políticas de criminalización significaban que enfrenten largos y costosos procesos judiciales. Pero, en los últimos años, la situación se ha vuelto bastante más complicada: la amenaza de sentencias firmes, que significan cárcel efectiva por varios años, ejerce una enorme presión en contra de los dirigentes sociales y sus organizaciones.
De esta manera, la intimidación sobre los dirigentes y sus entornos familiares se materializa. El caso de los dirigentes de Cotabambas no es el único. Cabe recordar las sentencias contra dos dirigentes del Valle de Tambo, vinculados a las resistencias al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Copper Corporation. Jaime de la Cruz, ex alcalde del distrito de Dean Valdivia, y Jesús Cornejo, ex presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, tienen sentencias de 7 años y 4 meses y 12 años y 4 meses respectivamente. Ambos se encuentran, en la actualidad, recluidos en el penal de Socabaya, en Arequipa.
Como ha señalado Mar Pérez, abogada integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se debería “revisar el papel de las empresas en los procesos penales que han sido utilizados más como herramientas disuasivas que como mecanismos legítimos de justicia”. Si bien el caso de los defensores ambientales de Cotabambas ha sido ampliamente difundido y ha logrado una respuesta de solidaridad nacional e internacional, hay una larga lista de dirigentes sociales que siguen enfrentando largos procesos judiciales.
Adicionalmente, debemos recordar que los organismos de derechos humanos, que durante todo este tiempo han brindado asesoría legal a dirigentes sociales, ahora, con la denominada Ley APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) van a estar impedidos de hacerlo. La situación de asimetría e indefensión busca afirmarse en un contexto en el que los espacios democráticos en nuestro país se siguen reduciendo.
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