Las demandas de Chancay
La población de Chancay ha salido esta mañana a protestar. Ha bloqueado la carretera Panamericana a la altura de Pampa libre, exigiendo al Estado que resuelva la limitada cobertura de servicios básicos en el distrito, a pocos meses de la inauguración del megapuerto de Chancay.
Unos días atrás el alcalde de Chancay, Juan Alvarez Andrade, pasó por diversos medios de prensa nacional para anunciar la convocatoria a una marcha y movilización pacífica de su distrito, justamente para demandar al Estado mayor presupuesto y comenzar a resolver esos déficits, ya que el funcionamiento del terminal portuario, completamente exclusivo y privado, comenzará en noviembre próximo y exigirá a la ciudad de Chancay una gran capacidad de soporte para esa operación. La verdad es que, quienes conocemos Chancay, creemos que la ciudad, en las condiciones actuales, no está preparada para tal dinámica.
Ahora bien, esta demanda ciudadana es, sin duda, legítima pero no se debe perder de vista las otras demandas pendientes. Veamos.
Como todo gran proyecto de infraestructura, la construcción del gran terminal portuario de Chancay ha generado impactos severos en la vida de un gran sector de la población, principalmente en aquella que ha vivido toda su vida en el tradicional borde costero chancayano o en el casco urbano. Las viviendas de la reconocida e histórica bahía de Chancay se han visto completamente afectadas por las diversas intervenciones físicas hechas en la zona para modificarla por completo y alojar la infraestructura portuaria y logística que compone el proyecto portuario. Pero también están siendo afectadas las viviendas de un sector importante de los asentamientos urbanos ubicados en dirección hacia la zona este de Chancay, debido a la construcción del viaducto, el siguiente componente de este proyecto.
El material explosivo altamente potente para voladura empleado para modificar la configuración geográfica de la bahía ha dejado casas rajadas, viviendas con riesgo de colapso inminente, contaminación por partículas y polvo, personas afectadas en su salud mental quienes viven con temor e inseguridad. Asimismo, vías de acceso que en algunos casos se han visto afectadas por hundimiento o constituyen un peligro por el transporte de carga pesada.
Los sacudones sísmicos provocados por las voladuras han sido constantes desde hace cinco años y la gente ha tenido que convivir con eso. No es que la gente se ubicó al lado del proyecto, por el contrario, es el proyecto quien se instaló al lado de las viviendas. De allí que un segundo momento de la demanda y resistencia de la gente haya sido la reubicación de la mega obra 5 kilómetros hacia el norte, donde se reducía considerablemente el riesgo de afectación urbana, ambiental, humana y social[1].
La construcción de los espigones para alojar a los buques triple E y de los cuales se ha dicho orgullosamente que “solo el Perú y Chancay tienen la asombrosa capacidad para alojar a tremendas naves que ni el Canal de Panamá puede soportar”, ha implicado la modificación de la zona marino costera y de todo el litoral, alterando la zona bentónica que sustentaba la actividad pesquera. Esta zona es bastante privilegiada, es verdad, pero lo es para la reproducción de especies y el desove y cumplía la función de banco natural de peces, sustentando la pesca artesanal, tanto embarcada como la no embarcada. Asimismo, la modificación de esa zona magnífica ha cambiado el despliegue natural de las olas y las corrientes marinas, y en el corto plazo generará un proceso erosión de gran magnitud en toda la bahía.
Pero no solo las viviendas de la bahía están afectadas, también las viviendas que van hacia la zona este, hacia la Panamericana norte. Para sacar o transportar las mercancías que llegarán al megapuerto, se necesita contar con un viaducto subterráneo que atreviese la ciudad desde la zona portuaria hacia la vía Panamericana. Las perforaciones y voladuras que se hacen para la construcción de este túnel de 2 kilómetros han generado también impactos en las viviendas por donde atraviesa. Un hecho grave asociado a esta construcción fue cuando, hace casi un año[2], ocurrió una gran subsidencia. Es decir, se hundió el suelo y colapsaron tres viviendas ubicadas en la Panamericana norte. La empresa trasladó la responsabilidad a los propietarios, argumentando que la gente había construido sus viviendas sin haber tenido en cuenta el tipo de suelo o que la municipalidad no había planificado adecuadamente el crecimiento de las zonas urbanas. A todas luces, el proyecto del viaducto tenía un problema de diseño. Así lo indicaron expertos del rubro de la construcción y la ingeniería civil consultados en ese momento, haciendo referencia a problemas similares ocurridos en otras partes del mundo.
Ahora bien, toda esa población afectada reclama hoy una indemnización justa por el daño ocasionado y por el daño que continúa, ya que el traspiés generado hace unas semanas por la demanda que la procuraduría del ministerio de Transportes y comunicaciones interpuso en el Poder Judicial solicitando “anular” el acuerdo de exclusividad del terminal portuario por parte de Cosco Shipping por no asegurar libre competencia. Ello implicó una relativa pausa.
Hoy, las voladuras y perforaciones se han acelerado y los afectados de Chancay viven una pesadilla por esos días. Se aproxima la inauguración y el proyecto en su primera etapa tiene que entregarse. Además, los afectados no saben si sus viviendas serán reubicadas teniendo en cuenta que el terminal portuario multipropósito, concebido bajo el esquema de Landlord Port, tendrá una siguiente etapa en la que se prevé la construcción de un mayor número de muelles.
La convivencia incierta
Hoy, la gran pregunta y preocupación de la población afectada tiene que ver con la forma en que van a convivir con el monstruo portuario, habiendo asumido con resignación que funcionará allí, al lado de sus casas. El Estado nunca prestó atención a las demandas organizadas de los afectados; el consorcio menos. La situación de crisis política permanente y la crisis económica ocasionada por la pandemia de COVID19, que fue un argumento empleado para justificar la dificultad que había para la construcción de espacios genuinos de diálogo, fueron funcionales a la implementación del proyecto. Esta suerte de permacrisis y policrisis excluyó a los afectados de todo proceso de manejo y gestión del conflicto, los excluyó de todo proceso de construcción de gobernanza. Es, sin duda, un proceso de expulsión.
En este momento, los afectados siguen resistiendo organizadamente en el Frente de Defensa de Chancay y buscan que los “beneficios económicos” que traerá el tan publicitado megapuerto realmente beneficie a la ciudad de Chancay que hoy cuenta con cerca de 65,000 habitantes pero que con la dinámica que estimulará la operación del terminal portuario, con seguridad disparará el crecimiento de la población y la demanda de servicios. Si eso no ocurre, un colapso del distrito podría estar a la vista[3].
Oportunidades perdidas
Lo que está claro es que, como muchas otras experiencias similares, el Estado peruano y el consorcio portuario terminaron por desperdiciar una gran oportunidad para hacer las cosas bien. Las lecciones externas no fueron tomadas en cuenta y perdieron la oportunidad de construir un proceso de gobernanza importante. Sin mínima licencia social y legitimidad, lo que sigue será la acentuación del conflicto si las cosas no se corrigen desde ahora.
En tal sentido, la demanda que hace la población hoy es legítima. No se puede negar que los déficits de servicios básicos deben ser resueltos prontamente considerando la envergadura del megaproyecto portuario a punto de ser inaugurado.
Pero también es cierto que la gente afectada demanda indemnización justa, tranquilidad y seguridad para sus vidas. No están mirando el corto plazo, es una preocupación estratégica la forma de convivencia que tendrán con el megapuerto.
No hay que olvidar que líderes sociales que permanentemente han venido reclamando por sus derechos afectados desde que comenzó la construcción del terminal portuario y que se han organizado en un Frente de defensa, han sido querellados recurrentemente por los operadores del proyecto solo por exigir que las cosas se hagan bien. Las querellas han tenido como propósito controlar la protesta.
El acceso a servicios básicos como el agua es un derecho ciudadano que debe ser garantizado por el Estado, es verdad. Pero también es cierto que es un deber impostergable el respeto a los derechos humanos de la población que está siendo impactada por este proyecto.
Si bien el terminal portuario multipropósito de Chancay va a transformar las dinámicas comerciales y económicas en la región, poniendo al Perú en el foco de atención geoeconómica por la consolidación de tan importante hub portuario, no se debe perder de vista que dicha “transformación” no debe estar por encima de los derechos y la tranquilidad de las personas, ni por encima de la salud de sus ecosistemas y hábitats estratégicos.
[1] El primer momento de la resistencia social se resumía en el slogan “No al megapuerto”.
[2] https://cooperaccion.org.pe/calles-y-viviendas-se-hunden-por-obras-del-tunel-del-megapuerto-de-chancay/
[3] No solo Chancay crecerá, también lo harán todas las ciudades que componen el corredor costero del norte chico. Huaura, Huaral, Barranca y sus distritos también serán impactadas. Así como las ciudades y distritos costeros involucrados en la conexión del hub portuario que va entre Chancay y Callao. Lo mismo con las provincias altoandinas que conectan con el oriente peruano y que están instaladas en las cuencas del Chancay-Huaral, del Huaura y de Pativilca.
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