Las concesiones petroleras de la costa norte y sus riesgos
El Gobierno peruano anunció por todo lo alto la firma de una modificación de los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes marinos Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados frente a la costas de Lambayeque y La Libertad, para permitir que el consorcio liderado por Anadarko Peru Limited Sucursal Peruana, ceda un 35% de participación a Chevron Peru Exploration Limited, Sucursal Peruana y un 30% a Westlawn Perú S.A.C..
La firma ceremonial de las modificaciones al contrato se realizó el miércoles 17 de setiembre en palacio de Gobierno, y contó con la participación de la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, el presidente del Directorio de Perupetro, Pedro Chira, y representantes del consorcio Anadarko-Chevron-Westlawn.
Chevron -la tercera petrolera más grande del mundo- y Westlawn -un fondo global de inversión en petróleo y gas- formalizaron el miércoles su asociación con Anadarko Petroleum Corporation, una empresa estadounidense dedicada a la exploración de hidrocarburos, para explorar hidrocarburos en el mar peruano.
Los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, que se encuentran en aguas profundas frente a las provincias de Ascope y Trujillo, en la región de La Libertad, cubren una superficie total de 1,8 millones de hectáreas y presentan yacimientos a aproximadamente 1.000 metros de profundidad.
Son considerados como la principal apuesta exploratoria marina de los últimos años en Perú, con trabajos sísmicos y campañas de reconocimiento ejecutadas en etapas previas por Anadarko. El arribo de Chevron se produce tras la identificación de zonas con alto potencial de petróleo y gas, según datos recogidos en el expediente oficial.[1]
Los riesgos del petróleo en debate
La concesión de lotes petroleros a las empresas Anadarko y Chevron para la exploración y explotación en la costa norte se presenta como un debate crucial entre el desarrollo económico y la sostenibilidad. Este escenario, exige un análisis profundo y preventivo de los riesgos sociales y ambientales que conllevaría llevar la industria de hidrocarburos a un ecosistema marino-costero de alta productividad y sensibilidad.
Desde una perspectiva ambiental, el riesgo más catastrófico es un derrame de petróleo. Y esto no es solo una hipótesis. Para esto podemos ver la cantidad de derrames petroleros que han ocurrido en los años recientes y siguen ocurriendo en la Amazonía, así como en la costa de Talara y Cabo Blanco en Piura o el terrible ecocidio ocurrido por el derrame de la empresa Repsol en el 2022 en las costas de Ventanilla. Por ejemplo, los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano han sido fuente de 474 derrames entre los años 2000 y 2019. El 65% de los derrames se debió a corrosión de los ductos y fallas operativas.[2]
La experiencia internacional con las empresas concesionarias genera preocupación. Chevron, por ejemplo, carga con el desastre ambiental de Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana, un precedente que alimenta la desconfianza de la población local sobre las garantías reales de seguridad que puedan ofrecerse.
En 1993, Chevron fue declarada culpable en tribunales ecuatorianos por haber descargado más de 16 mil millones de galones de desechos tóxicos cancerígenos en el norte de la Amazonía ecuatoriana, dejando casi 1,000 charcos de residuos que suman un área del tamaño de la isla de Manhattan. Unos 30,000 ecuatorianos se vieron afectados y se considera ampliamente como uno de los peores desastres ambientales relacionados con el petróleo de la historia. La empresa apeló en tribunales internacionales, y evadió pagar 9.500 millones de dólares en compensación.[3]
En un derrame, la contaminación no se limitaría al mar abierto. Las playas de La Libertad y Lambayeque, pilares de la identidad cultural y el turismo regional, quedarían gravemente afectadas. La marea negra arrasaría con ecosistemas de playa y acantilados, destruyendo hábitats de aves migratorias y fauna local. La limpieza sería un proceso extremadamente costoso, largo y nunca completamente efectivo, dejando una huella tóxica durante décadas en el sedimento marino.
La actividad pesquera, sustento de miles de familias en ambas regiones, se enfrentaría a su mayor amenaza en décadas. Un derrame contaminaría las aguas, afectando la pesca y el comercio. El consumo de mariscos y peces contaminados con hidrocarburos supondría un grave riesgo para la salud pública.
Más allá de los accidentes, la operación rutinaria de las plataformas conlleva riesgos constantes. La descarga de aguas de producción (que contienen trazas de petróleo y metales pesados) y los vertidos operacionales contaminan el medio marino, que se acumulan en los organismos y degradando la calidad del agua a largo plazo, un fenómeno menos visible pero igualmente dañino.
El riesgo social se expresa, en primer lugar, en la división de las comunidades. La promesa de empleo y regalías por parte de las empresas suele fracturar la cohesión social, creando conflictos entre quienes apoyan el proyecto esperando beneficios económicos y quienes se oponen para defender su modo de vida tradicional y el medio ambiente del que dependen.
La pesca y el turismo son importantes actividades económicas de la costa liberteña y lambayecana. La sola percepción de riesgo de contaminación, incluso sin un derrame real, podría ahuyentar a los turistas, dañando la marca de destinos como Huanchaco, Pimentel o Puerto Eten. La industria hotelera, gastronómica y de servicios asociada se vería severamente perjudicada, generando desempleo y pérdida de ingresos.
La salud pública es otro frente de riesgo. La potencial contaminación del aire por la quema de gas asociado (flaring) en las plataformas y la contaminación del agua podrían generar problemas respiratorios y de piel en las poblaciones costeras cercanas a las operaciones, incrementando la carga sobre los sistemas de salud locales que ya suelen tener capacidades limitadas.
Frente a esta posibilidad, la capacidad de respuesta del Estado peruano genera desconfianza. La infraestructura para responder a un derrame de gran escala en aguas profundas es limitada y costosa. La supervisión técnica efectiva y constante requiere de instituciones fortalecidas, transparentes y libres de corrupción, un desafío histórico en el Perú que podría dejar a las comunidades y ecosistemas en estado de vulnerabilidad. La gran mayoría de caso de pasivos ambientales sin atender por el Estado en la Amazonía peruana y en la costa norte, como en las playas de Negritos y Talara, así lo demuestran.
El modelo de desarrollo en juego es la esencia del debate. Optar por la explotación petrolera prioriza una ganancia económica a corto plazo, sobre la sostenibilidad de actividades económicas tradicionales como la pesca y el turismo, que, aunque requieren mejoras, ofrecen un desarrollo más estable y distribuido a largo plazo.
La concesión sienta un peligroso precedente para el futuro de la costa peruana. La apertura de estas zonas al extractivismo petrolero podría allanar el camino para que más lotes sean concedidos a lo largo del litoral, transformando permanentemente el paisaje y las economías locales, pasando de una identidad ligada al mar y al turismo a una ligada a la exportación de recursos no renovables.
La concesión petrolera en el norte representa una encrucijada para La Libertad y Lambayeque y para el país. Los potenciales riesgos sociales y ambientales son inmensos y, en muchos casos, irreversibles. Esta concesión abre la discusión sobre la dependencia de los combustibles fósiles y la transición energética justa. Pero se pone los intereses económicos primero, frente a un ecosistema marino saludable, la cohesión social de las comunidades costeras y un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible para las generaciones presentes y futuras.
[1] Es oficial: la gigante de energías Chevron entra al Perú para explorar los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 junto a Anadarko y Westlawn: https://www.infobae.com/peru/2025/08/21/perupetro-autoriza-alianza-entre-chevron-anadarkoy-westlawn-para-explorar-los-lotes-z-61-z-62-y-z-63-en-el-mar-de-peru/
[2] Más de 470 derrames petroleros afectaron la Amazonía peruana entre los años 2000 y 2019: https://earthrights.org/media_release/470-derrames-petroleros-amazonia-peruana-2000-2019/
[3] Chevron: el poder y la impunidad de las grandes corporaciones: https://amazonwatch.org/es/news/2024/0214-chevrons-environmental-crimes-13-years-of-evasion-and-escalation
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