Las Bambas y los estados de emergencia casi permanentes
Ahora que los estados de emergencia tienden a generalizarse en las zonas urbanas y se ha abierto todo un debate sobre la efectividad de los mismos, cabe mencionar que hay zonas del país que en los últimos años han vivido, casi de manera permanente, en estado de emergencia.
Una de esas zonas es la del denominado corredor del sur andino, que une las provincias de Cotabambas en Apurímac, Chumbivilcas y Espinar en Cusco y varias provincias de Arequipa, hasta llegar al puerto de Matarani por donde sale la producción de cobre de esos departamentos. En esta zona se ubican operaciones mineras como Las Bambas, Constancia, Antapaccay, entre otras.
La tendencia a imponer estados de emergencia ya ha pasado en años previos y en lo que va del 2023 ha vuelto a ocurrir: el último estado de emergencia en esta zona fue declarado el 15 de enero de 2023 y ha sido prorrogado hasta en siete ocasiones en lo que va del año. La última prórroga ha sido declarada el pasado 12 de octubre por 60 días.
El propio ministro del Interior, Vicente Romero, hizo el anuncio de la prórroga y el argumento central es que de esta forma se piensa controlar posibles estallidos sociales en la zona. Al parecer el gobierno no tiene otra alternativa que declarar estados de emergencia y todo indica que ésta es la forma como se piensa manejar los conflictos sociales: “Es la única manera de dar tranquilidad, sobre todo en el Corredor Minero”, declaró el ministro Vicente Romero. Mientras tanto los empresarios mineros aplauden.
Los temas de fondo que no se quieren abordar
La opción de priorizar estados de emergencia plantea por lo menos dos aspectos que deben ser tomados en cuenta y analizados a fondo. El primero es la absoluta ineficiencia de este tipo de medidas: así como en las zonas urbanas se debate sobre la efectividad de los estados de emergencia para revertir determinas situaciones de tensión o inseguridad ciudadana, en las zonas de influencia de actividades extractivas ocurre lo mismo. Hasta el momento el mecanismo no ha dado resultados, entre otras cosas porque se siguen ignorando las bases objetivas que explican los conflictos vinculados a actividades como la minería.
Por ejemplo, declarar estados de emergencia en el corredor del sur andino no ha impedido que ésta sea la zona de mayor conflictividad social en el país en todos estos años. Una prueba reciente es que, precisamente, al día siguiente del anuncio del ministro de Interior que se iba a prorrogar por 60 días el estado de emergencia, estalló un nuevo conflicto en el corredor del sur andino: la comunidad de Huascabamba, que se ubica en el distrito de Ccapacmarca, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), inició una huelga indefinida el pasado 10 de octubre, por los reiterados incumplimientos de la empresa Las Bambas. En declaraciones al Observatorio de Conflictos Mineros, el vicepresidente de la comunidad, Policarpio Valdéz, señaló: “hemos esperado pacíficamente un diálogo entre la comunidad campesina y Las Bambas antes de acudir a esta medida de fuerza para ser escuchados”.
Sin embargo, se sigue insistiendo en los estados de emergencia como la medida a priorizar y que es sugerida además por personas vinculadas al sector minero: Marita Chappuis, ex directora general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, ha propuesto “militarizar las zonas mineras, sobre todo el corredor minero del sur, que genera más del 60% del cobre que se produce en el país”.
Esto pone en evidencia el segundo aspecto que debemos tomar en cuenta: el limitado enfoque que está detrás de este tipo de medida que interpreta los conflictos sociales básicamente como un tema de seguridad interna y que tiene que ser resuelto de manera represiva por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
No se entiende que los conflictos son alertas que llegan desde los territorios y que no solamente demandan atención puntual, sino, sobre todo, transformaciones sustantivas. Los conflictos nos están enviando señales de que algo no está funcionando bien y que debe ser encarado de una manera integral.
Hasta ahora, desde el Estado peruano se ha montado un sistema de abordaje de los conflictos sociales que tiene las siguientes características:
- por lo general se reacciona cuando el estallido social ya se ha producido. Por lo tanto, se carece de una estrategia preventiva.
- El monitoreo de los conflictos desde el Estado no implica una presencia constante en los territorios de parte de los organismos encargados[1].
- El Estado opera bajo una lógica de compartimientos estancos, sin capacidad de una coordinación efectiva, por ejemplo, entre la Presidencia del Consejo de Ministros y su Viceministerio de Gobernanza Territorial, los ministerios involucrados y menos aún las instancias subnacionales del propio Estado.
- Además, como se ha visto, se tiene como una de las principales herramientas de intervención tanto los estados de emergencia como las mesas de diálogo. A estas alturas, las mesas han perdido credibilidad: retrospectivamente, se puede afirmar que las mesas de diálogo han servido, en el mejor de los casos, para desbloquear los levantamientos, paros y otro tipo de manifestaciones de protesta e instalar negociaciones que, por lo general, cuando llegan a acuerdos, son incumplidos. Esto es lo que viene ocurriendo en la zona de influencia de Las Bambas, donde gran parte de los conflictos se terminan reactivando, precisamente, por el incumplimiento de acuerdos.
Consideramos que la manera cómo opera el Estado peruano frente a los conflictos debe ser modificada sustantivamente y se debería apostar por la construcción de un sistema de gobernanza en los territorios que debería funcionar con algunas características básicas: (i) implementar la presencia efectiva del Estado en los territorios como garante de derechos, pues es el actor clave en un proceso de facilitación y transición; (ii) apostar por un sistema de gobernanza territorial que implica construir institucionalidad democrática con presencia efectiva en las zonas de influencia de las actividades extractivas; es decir, una institucionalidad mejor distribuida y al mismo tiempo más representativa, con un claro componente de legitimidad, incorporando mecanismos de participación ciudadana que sean oportunos e informados. (iii) El objetivo debería ser potenciar la gobernanza territorial y así contrapesar el enorme poder que ejercen en la actualidad, por ejemplo, las empresas mineras.
El denominado corredor del sur andino debería ser una de las zonas priorizadas para una intervención alternativa que, en lugar de suspender derechos y exponer a su población a situaciones de violencia y represión, parta del reconocimiento y la legitimidad de las demandas. Esta sigue siendo una de las grandes tareas pendientes en el país.
[1] Salvo el monitoreo que realiza la Defensoría del Pueblo.
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