La sentencia de La Oroya y la lucha de los afectados por metales tóxicos

Tras casi 20 años, ciudadanos de La Oroya, en la región Junín, han encontrado una respuesta a sus reclamos. En una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha pública el 2 de marzo pasado, se ordena al Estado peruano la indemnización, plan de reubicación, así como tratamiento médico y psicológico gratuito a víctimas de años de contaminación por metales tóxicos.

Sin duda, esta sentencia puede sentar un importante precedente jurídico, aunque bastante tardío, para un tema muy grave que afecta a compatriotas de varias regiones del país.

Recordemos que, según datos del Ministerio de Salud difundidos por la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, son más de 10 millones de peruanos expuestos a contaminación con metales pesados.  En el país existen 43 provincias en situación de emergencia ambiental, lo que pone en riesgo la salud y vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Algunas de las zonas más impactadas por la contaminación de metales tóxicos son la ciudad de Cerro de Pasco, cuya población respira hasta 15 metales pesados debido a los pasivos ambientales; así como la provincia cusqueña de Espinar, donde el 80% de su territorio se encuentra expuesto a arsénico en el aire debido a la actividad minera en la zona.

El caso La Oroya

Se trata de un fallo histórico para una localidad que en 2011 fue nombrada como la segunda ciudad más contaminada del mundo, de acuerdo a un análisis de la ONG estadounidense Instituto Blacksmith (actualmente Pure Earth).

El caso de La Oroya fue impulsado por ochenta ciudadanos de este distrito, que han presentado casos de adultos que desde niños han sufrido una serie de dolencias físicas. Estos síntomas se han agravado con el tiempo por la presencia en la sangre de altísimos niveles de plomo, cadmio y arsénico, entre otros metales pesados, como resultado de las operaciones del complejo metalúrgico La Oroya, y ante la falta de acciones de las autoridades peruanas.

A través de una audiencia virtual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado peruano al hallarlo culpable de violar múltiples derechos de esta comunidad: a un medio ambiente sano, a la salud, la integridad personal, la vida, la protección especial de la niñez, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y a la protección judicial.

La sentencia supone un gran paso en la búsqueda del resarcimiento de las 80 víctimas, quienes tras la inacción de la justicia peruana llevaron el caso a instancias internacionales en el 2006, con el acompañamiento y asesoría de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), además de la organización Earthjustice.

En octubre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del Estado peruano, pero faltaba la sentencia y el pronunciamiento de la Corte IDH, ambas instituciones supranacionales y de carácter vinculante.

El fallo señala una serie de acciones que debe tomar el Estado a modo de reparación: la obligación de investigar los hechos y sancionar a los responsables de los actos de hostigamiento contra los defensores del medio ambiente; realizar un diagnóstico para determinar el estado de la contaminación del aire, el agua y el suelo en La Oroya, el cual deberá incluir un plan de remediación y un sistema de monitoreo; brindar atención médica especializada y terapias psicológicas y psiquiátricas gratuitas a los afectados; desarrollar un plan de compensación ambiental con el propósito de recuperar el ecosistema y garantizar que las operaciones mineras o metalúrgicas se basen en los principios rectores sobre derechos humanos y medio ambiente.

El tribunal sostiene que el “Estado incumplió con su deber de regulación y fiscalización de las actividades del Complejo Metalúrgico La Oroya”.

Asimismo, recordemos que desde 1922 la empresa norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation operó en el lugar. En 1974 pasó a manos de la estatal Centromin Perú, y en 1997 fue privatizada y vendida a la también estadounidense Doe Run del Grupo Renco. Desde el 2009, se encuentra inactiva. A pesar de ello, en octubre del año pasado se anunció que el complejo metalúrgico de La Oroya iba a reanudar sus operaciones a manos de sus extrabajadores, lo que ha generado gran preocupación en las familias ya afectadas por la contaminación.

Nos debemos preguntar por qué se ha tardado tanto en que se sancione este atentado contra la vida y salud de ciudadanos peruanos por parte de una empresa. Algo que podría parecer obvio para cualquier peruano en ciudades como Lima, pero que puede pasar desapercibido por el hecho de que algunas empresas mineras o petroleras siguen afectando la salud de otros peruanos, pero en zonas alejadas, y las autoridades no tomen cartas en el asunto.

Parece que el Estado peruano no trata con la misma diligencia a los compatriotas de localidades andinas y amazónicas, que han tenido que esperar tantos años para recibir una sentencia de parte de una instancia internacional que reconozca su terrible situación. Esperemos que saquemos lecciones de esta sentencia.