La problemática de metales pesados y el abordaje del Estado

Karina Castro Quispe

Después de 9 meses de constante incidencia de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas, se aprobó la creación de la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento a la implementación del Plan Especial Multisectorial de Atención a Afectados por Metales Pesados (PEM).

Imagen: CooperAcción

La Comisión es un componente esencial del PEM, pues verificará la incorporación de acciones de prevención, mitigación y atención de la población afectada por metales a nivel regional, provincial y local. Conjuntamente, la Comisión tendrá la función de monitorear la implementación del PEM. 

La instalación de la Comisión, prevista dentro de los próximos 30 días hábiles, es por sí misma una actividad a la cual prestarle importancia, pues tan solo el Decreto Supremo que crea la Comisión fue esperado desde febrero del año 2022. 

La respuesta ralentizada del Estado es consecuencia, en parte, de la rotación de los funcionarios públicos a cargo; pero, principalmente, es consecuencia de la desarticulación entre instituciones y la oposición a la política pública de atención a metales pesados.

Por un lado, el problema público de metales pesados traspasa la estructura actual de solo atención en salud. La presencia de metales pesados en el organismo es una consecuencia de la exposición permanente a metales pesados en el ambiente, y por lo mismo, involucra la identificación de las potenciales fuentes y rutas de contaminación, la remediación ambiental, el monitoreo y atención en salud, adicionales a la pertinencia intercultural y la previsión de posibles consecuencias a lo largo de la vida de los afectados, entre otros.  Este aspecto multisectorial del abordaje a metales pesados requiere de diálogo e interacción entre instituciones del Estado, las cuales solían limitarse a “sugerir intervenciones” o evitaban asumir responsabilidades apelando a sus facultades institucionales.

En este sentido, es preocupante (1) que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encargado de la protección social, haya desestimado tener a un representante en la Comisión y (2) que las Gerencias Regionales de Desarrollo Social y las autoridades políticas, responsables de la articulación a nivel subnacional, se ausentaran de la construcción del PEM en el año 2021.

Imagen: CooperAcción

Por otro lado, la política pública de atención integral a afectados por metales pesados  ha enfrentado constante oposición de los representantes del Estado, principalmente del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Respecto de las actividades extractivas formales, el Minem ha mostrado una postura de protección y respaldo a las empresas, sacrificando la integridad de los ecosistemas, recursos naturales y, por ende, el bienestar de comunidades y pueblos originarios. Este respaldo, se ha evidenciado en su persistente negativa a las propuestas de elevar estándares ambientales para las empresas y a la identificación de los causantes de contaminación ambiental, junto con las constantes trabas administrativas para la promulgación del PEM y el DS de creación del Comité Permanente de Seguimiento.

Este contexto, demuestra la inequidad del Estado en la distribución de beneficios económicos y la garantía de derechos, pues las actividades extractivas en regiones como Cusco, Junín y Pasco han contribuido significativamente al erario nacional sin que ello garantice el financiamiento pleno, adecuado e integral de su población afectada.

La conformación del Comité, que contará con un representante de la Plataforma Nacional de Afectados, es un hito de articulación entre el Estado y la sociedad civil en la implementación de políticas públicas a nivel nacional.

28 de octubre de 2022