La política económica de (des)interés frente a la emergencia climática

Kely Alfaro

Los cambios de timón sí son notorios en lo que respecta a la política fiscal en nuestro país y en particular la referida al cambio climático. Y ello se ve reflejado en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) que es el documento más relevante de nuestro país en materia económica y comprende proyecciones oficiales y el presupuesto público principalmente.

Imagen: Ipama

El mismo Ministerio de Economía y Finanzas reconoce que los efectos del cambio climático son transversales a la economía, que afectan el crecimiento y el logro de un desarrollo sostenible y que sus impactos son diferenciados, afectando sobre todo a poblaciones en vulnerabilidad. Sin embargo, el MMM de este año, recientemente publicado, retrocede a versiones previas en materia de cambio climático. Es como si en los últimos años se hubiesen dado “dos pasos para adelante y cuatro para atrás”, pues el cambio climático vuelve a ser enfocado principalmente como riesgo fiscal, como un ejemplo en el marco de la gestión de riesgos y desastres.

El MMM elaborado el año 2019  veía el cambio climático como un riesgo fiscal discreto, entendiendo con ello riesgos por eventos que ocurren de manera irregular o sin tener antecedentes, teniendo como ejemplo los desastres naturales asociados al cambio climático. El MMM elaborado en el año 2020 avanzaba un paso al incluir la gestión y financiamiento del cambio climático dentro del  Plan Nacional de Competitividad y Productividad, cuyo Objetivo Prioritario 9, Sostenibilidad ambiental, propone algunas medidas de mitigación enfocadas principalmente a los residuos sólidos y sanitarios, chatarreo vehicular y estrategias de financiamiento, entre otras (cuyo avance a la fecha es del 42.5%). El MMM elaborado -con la gestión actual- el año 2021 avanza otro gran paso, además de continuar las medidas del Plan Nacional de Competitividad y Productividad: coloca expresamente la necesidad de un crecimiento ambientalmente sostenible, siendo el componente ambiental transversal para el logro de una descarbonización de las actividades económicas en nuestro país. Asimismo, menciona la necesidad de promover la inversión presupuestal orientada a metas de adaptación y mitigación ante el cambio climático en diálogo con los compromisos climáticos asumidos por el Estado mediante las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en el marco del Acuerdo París del 2015. Ese MMM también menciona la aprobación del Precio Social de Carbono en la Evaluación Social de Proyectos de Inversión (RD N° 006-2021-EF/63.01) y el documento marco del Bono Soberano Sostenible (RM N° 221-2021-EF/52). Con ello, el MMM elaborado en el 2021 propone consolidar la acción climática y la sostenibilidad en la política macroeconómica, la planificación fiscal, el diseño del presupuesto, la gestión de la inversión pública, entre otras acciones, de manera explícita.

 Con los “cuatro pasos atrás” nos referimos al actual MMM elaborado este agosto de 2022 , en el cual el cambio climático (además de ser parte de un contexto que interesa en tanto sostenimiento de los precios de las materias primas en el panorama internacional) vuelve a la lógica de contexto para la atención de riesgos fiscales discretos frente a la ocurrencia de desastres naturales y su impacto en la actividad económica. Solo se menciona al bono de chatarreo, como  una de las principales medidas del OP9 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

En enero de este año el Gobierno presentó el Decreto Supremo N° 003 – 2022 – MINAM que declara de interés nacional la emergencia climática y señala que se requiere tomar acciones coordinadas y urgentes con el objetivo de reducir los riesgos climáticos sobre la población, los ecosistemas, e implementar acciones concretas hacia la carbono neutralidad. Sin embargo, las herramientas que propone actualmente no dan cuenta de una declaratoria de emergencia climática. En lo que va de este gobierno se han elaborado dos MMM que evidencian una falta de continuidad y diálogo en lo que respecta a la economía para hacer frente al cambio climático. Un aspecto en el cual las políticas públicas debieran ser de largo aliento y no pendulares.

(publicado originalmente en el portal Wayka)

12 de septiembre de 2022