La Oroya: un nuevo plazo que trae cola

Finalmente el Congreso aprobó la ampliación de los plazos de los procesos concursales hasta un máximo de dos años. La propuesta del Ejecutivo era de una ampliación de dos años con un máximo de cuatro.

¿Es una ley con nombre propio? Si bien es cierto que lo que se ha modificado es solo un artículo de la Ley General del Sistema Concursal y será aplicado a cualquier  empresa que se encuentra en proceso de liquidación, lo real es que esta modificación de plazos tiene como principal destinatario el complejo metalúrgico de La Oroya: por eso se exoneró el proyecto de ley de comisiones congresales y pasó de frente al pleno. Además, el primero en darle a la ley nombre propio ha sido el propio Kuczynski, cuando visitó La Oroya e hizo el anuncio que promovería una norma para reactivar el complejo metalúrgico de La Oroya.

¿Todo acaba acá? Parece que no. Ayer mismo un directivo de Dirige, la empresa que lleva adelante el proceso de liquidación en marcha, señalaba que para que el complejo metalúrgico pueda ser transferido de manera efectiva se deberían solucionar tres aspectos adicionales: modificar los actuales estándares de calidad ambiental, solucionar los pasivos históricos y flexibilizar la actual carga laboral. Nada menos.

Ahora, todo indica que el siguiente objetivo es debilitar los estándares de calidad ambiental. De hecho, varios voceros del gobierno han repetido el argumento de que el complejo de La Oroya está paralizado por los exigentes estándares.

No es cierto que la razón por la que no se ha podido subastar el complejo de La Oroya es la exigente normativa del Ministerio del Ambiente (Minam) que supera a la de Canadá, Chile, etc.? En primer lugar por la sencilla razón que los niveles de emisiones de dióxido de azufre que se exigen en La Oroya son los vigentes el año 2001, cuando el Minam ni siquiera existía: 80 microgramos por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales (ug/m3) promedio anual y 365 (ug/m3) de promedio diario¹.

¿Esta normativa es más exigente que en Chile o Canadá? Nuevamente la respuesta es no. En Canadá el promedio diario es 300 ug/m3 y en Chile 250 ug/m3.

Además, al complejo metalúrgico se le ha dado hasta el año 2029 para adecuarse, es decir 14 años. Lo real es que si el complejo reinicia operaciones sin haber realizado la inversión ambiental pendiente, la población de esa localidad recibirá nuevamente un coctel tóxico de metales pesados (plomo, cadmio, arsénico) que ningún estándar en el mundo –ni siquiera el más flexible- puede tolerar.

La información oficial disponible muestra que cuando Doe Run operaba en La Oroya, generaba concentraciones de emisiones que superaban largamente los estándares de calidad del aire más tolerantes en el mundo. En esos años, La Oroya fue considerada en los rankings internacionales del Instituto Blacksmith y de la Federación Internacional Internacional de Derechos Humanos, como una de las diez ciudades más contaminadas del planeta y todos los estudios realizados muestran que el 90% de su población tenía niveles de plomo en sangre que superaban largamente los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

En CooperAcción consideramos totalmente legítima la preocupación de los más de dos mil trabajadores del complejo metalúrgico por la situación que atraviesan. Una salida para la problemática del complejo debe tomar en cuenta el tema laboral, sin embargo la agenda de La Oroya es mucho más amplia y tiene varias aristas: la productiva, la laboral, la ambiental y la de salud pública.

La Oroya es uno de los más graves pasivos ambientales ligados a una actividad productiva y resume todo lo que un país no debe hacer en materia de gestión ambiental, promoción de las inversiones y protección de la salud.

No podemos seguir retrocediendo: en pleno siglo XXI es un falso dilema que un país tenga que optar entre las necesarias inversiones y las regulaciones ambientales. Es un error que el gobierno entrante esté hablando de reducir estándares ambientales y que continúe en el camino de los paquetazos ambientales: la ley 30230 afectó seriamente al MINAM y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En suma debilitó nuestra institucionalidad y el desempeño ambiental del país.

Si además, el gobierno piensa modificar los Estándares de Calidad Ambiental, estaríamos entrando a una peligrosa senda de retroceso y de pésimos mensajes a los propios inversionistas, sobre todo a los que si vienen cumpliendo con los estándares vigentes: por ejemplo, la refinería de Southern en la ciudad de Ilo, viene cumpliendo con los ECA de 80 microgramos por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales (ug/m3).

Al país le interesa atraer las mejores inversiones y empresas que operan con los más altos estándares ambientales y sociales y no a empresas como Doe Run y el Grupo Renco. Si pretendemos seguir avanzando y por ejemplo, ingresar a la OCDE, necesitamos fortalecer la institucionalidad ambiental y no debilitarla.

(1) Los ECA establecen las concentraciones máximas de contaminantes en el aire.

26 de agosto de 2016