La falta de credibilidad en el Estado es el principal problema en el caso Tía María
En el caso del proyecto minero Tía María llama la atención que el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, salga a defender con absoluta certeza un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que no ha sido aprobado por su cartera (lo aprobó el Ministerio de Energía y Minas) y que tampoco cuenta con una opinión técnica del MINAM emitida durante el procedimiento de evaluación. Es decir, formalmente su ministerio no habría tomado conocimiento del contenido del EIA.
Podría ser que a partir del conflicto el MINAM haya estudiado el caso. Ello supondría la existencia de un informe técnico de revisión del EIA aprobado, que le permitiría al Ministro afirmar lo que viene señalando, que todas las observaciones realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS) sobre el primer EIA han sido levantadas.
Si existiera dicho informe, ayudaría mucho que el MINAM lo comparta con la población de la zona de influencia del proyecto minero. Si no existiera, pediríamos al Ministro que tenga cuidado con sus declaraciones ya que de por medio se encuentra uno de los valles agrícolas más importantes de la región Arequipa.
La desconfianza en el EIA del proyecto Tía María, no es gratuita
Las autoridades del gobierno nacional señalan que el proyecto minero Tía María, que supone la explotación de dos tajos abiertos, no tendrán mayores impactos en el valle del Río Tambo ni en su población. Que por el contrario, los impactos serán positivos. La prueba que exhiben para sostener tal afirmación es el EIA.
Pero la población desconfía de la rigurosidad del EIA y de su aprobación. Esta desconfianza, no es gratuita. Este conflicto se origina el año 2009, en ese entonces se presentó un EIA, del cual se decía que aseguraba la prevención o mitigación de todo impacto.
Sin embargo, la protesta de la población forzó al gobierno de ese entonces a que pida a la UNOPS revisar el EIA. La UNOPS hizo 138 observaciones (43 daban cuenta de componentes omitidos, 32 de datos insuficientes, 33 de desarrollos insuficientes, 15 de desarrollos conceptualmente erróneos).
Las contundentes observaciones y la tensión social existente llevaron a que el EIA fuera declarado inadmisible. El EIA observado, fue la base de uno nuevo. Según lo afirmado por la empresa Southern y las autoridades, en él se levantaron todas las observaciones planteadas por la UNOPS.
La gran pregunta, en ese entonces fue si tal cosa era cierta y cómo la población podría estar segura de que el Estado tuvo una actuación diligente que permitiera restablecer la confianza.
El procedimiento de aprobación fue accidentado. Los dirigentes denunciaron que los asistentes a la Audiencia Pública fueron traídos de otras zonas, que para garantizar su desarrollo se trasladaron 1800 policías y que la presentación del EIA duró tan solo 38 minutos y una hora la absolución de preguntas. A esto se añadió que por las modificaciones normativas (D.S. 060-2013-PCM) de promoción de la inversión los plazos de las opiniones técnicas se acortaron y también, la posibilidad de que los evaluadores pudieran realizar re-preguntas, sobre aspectos que no estuvieran lo suficientemente claros.
Pero además, en el nuevo procedimiento, no se contó con el apoyo de una entidad imparcial como la UNOPS que verificara el levantamiento de las 138 observaciones realizadas. En estas circunstancias, el EIA fue aprobado, y era muy previsible que el conflicto volviera a activarse meses más tarde.
En este escenario CooperAccion, con recursos humanos muy limitados, revisó el EIA, el informe y la resolución final, centrándose en algunas variables. Lo que encontró fue que varias observaciones no habían sido levantadas satisfactoriamente y alguna otras obviadas. Pero además, constató que información relevante había sido proporcionada recién en la etapa del levantamiento de observaciones[1].
Medidas políticas inadecuadas. ¿Cómo construir confianza?
Frente al estallido del conflicto, el gobierno viene defendiendo el EIA aprobado. Su mensaje es que el EIA ha sido adecuadamente elaborado y aprobado y que la gente se opone por desconocimiento o manipulación.
Por esta razón, la medida adoptada ha sido que el Vice Ministro de Energía y Minas viaje a Arequipa y explique el EIA. Con ello, el gobierno se niega a aceptar que existe un serio problema de credibilidad, agudizado por su propio comportamiento.
A estas alturas, nos parece claro que lo que habría que hacer en el caso es construir confianza. Por lo tanto, en climas tensos, cuando no se cree en la imparcialidad del Estado, es necesario que exista un tercero, considerado imparcial al que se pueda recurrir y sea este quien manifieste opinión. De otro lado, es importante que la información fluya y que sea lo más completa posible. Si el Estado hizo bien las cosas, no habrá ningún problema, pero sí hizo mal, tendrá la oportunidad de corregir, asumiendo el costo de su error.
Es verdad que este proceder puede significar un gasto adicional para el Estado, pero con ello se puede recobrar la paz social, evitar que la economía regional se siga perjudicando y garantizar que no existan riesgos que perjudiquen a los agricultores del valle de “El Tambo”.
[1] Informe “EIA sobre el caso Tía María, del octubre de 2014.
Escrito: Abr 13, 2015 Actualizado: Abr 13, 2015
Compartir: