La debida diligencia de las empresas mineras frente al COVID-19

Por Leonidas Wiener R.

Si hay algo que confirma con mucha claridad la pandemia del COVID-19 en nuestro país, son las notorias limitaciones estructurales que tiene el Estado para abordar situaciones extremas. Este es un problema que trasciende a cualquier gobierno que hubiera tenido que asumir esta situación. En el imaginario colectivo, como sociedad civil, tendemos a atribuir casi toda la responsabilidad de nuestros problemas como país, a la acción u omisión de los gobiernos de turno, pasando por debajo nuestro propio nivel de responsabilidad como ciudadanos, que cohabitamos un mismo espacio con personas que -formalmente- tienen los mismos derechos. En circunstancias tan difíciles como las que actualmente vive el país, toca reflexionar si somos parte de la solución o parte del problema, si nos comportamos con debida diligencia como ciudadanos para evitar que nuestras acciones no terminen afectando los derechos de otras personas.

Esta responsabilidad, sostenida sobre un sentido de solidaridad nacional, se extiende a la actuación de las empresas privadas, que representan el otro gran pilar del esquema de gobernanza. Las empresas se encuentran obligadas a respetar los derechos humanos, sean los de sus trabajadores como de las localidades o comunidades que habitan en su zona de influencia. En el caso de las principales empresas mineras que operan en el país, muchas se han suscrito a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y otros lineamientos de prácticas sociales corporativas que les obliga a desarrollar sus operaciones bajo un marco de debida diligencia; es decir, evaluar en todo momento en qué medida sus operaciones pueden generar riesgos de afectación a los derechos humanos, tomando las medidas necesarias para evitarlos.

Pero pareciera que muchas de las principales empresas mineras que operan en el país no vienen interiorizando cuál es su debida responsabilidad en estos tiempos de COVID-19. Desde que se inició la emergencia sanitaria, se incluyó a las actividades mineras entre las “actividades esenciales” que podían seguir funcionando en el país bajo ciertas restricciones. Ello implicaba reducir sus actividades al mínimo y que los trabajadores quedaran confinados dentro de los campamentos. Recién hace poco más de una semana se inició el relevo del personal que estaba en los campamentos mineros desde el inicio de la emergencia. Si las cosas han estado funcionando así, y los mineros no han salido de sus respectivos campamentos, resulta bastante extraño (por decirlo de alguna manera) que ya se reporten 250 trabajadores mineros infectados hasta la fecha, que provienen de asientos mineros de todo el país. En casi todos los casos la información sobre los trabajadores infectados no ha salido de las mismas empresas, sino de otras fuentes externas. Ese es el caso de la empresa minera Antamina, que siguió operando durante el periodo obligatorio de inmovilización, y recién el pasado 13 de abril, ante las evidencias de contagios masivos entre sus trabajadores, decidió suspender temporalmente sus actividades. Otras minas también han tenido que ir reportando sus contagiados cuando los casos salieron a la luz.

Es conocido el hermetismo que caracteriza al gremio empresarial minero para transmitir información o comunicar algo que pudiera poner en riesgo sus intereses e imagen. Sin embargo, se podría esperar que en estas circunstancias de emergencia actúen con mayor transparencia, sumándose a ese sentido de solidaridad que debería enmarcar nuestras acciones. Esta cuestión resulta esencial en el caso de las mineras, puesto que estas suelen operar en entornos con altas tensiones sociales y continuos conflictos ¿Cómo generar confianza en zonas cuya población ya presenta altos niveles de desconfianza? Muchas empresas mineras lamentablemente no han estado a la altura de la situación, y más bien pareciera que hubieran querido eludir sus responsabilidades conscientes de la notoria debilidad del gobierno para supervisar sus actividades.

A partir de este mes de mayo las mineras normalizarán sus operaciones, y aún no se tiene información de qué manera van a evitar la propagación de los contagios entre sus trabajadores y la población de su zona de influencia. Cuesta ser optimistas, pero queremos pensar que tal vez esta sea una oportunidad para que muchas de estas grandes empresas mineras hagan visible su compromiso con los derechos humanos en sus prácticas corporativas. Como señaló Alberto Vergara en un último artículo en el Diario El Comercio (26/04/2020), “sería terrible que cuando esta crisis pase, los peruanos constatemos que cada quien bailó con su pañuelo y murieron y quebraron quienes no tenían pañuelo”.

4 de mayo de 2020