La crisis social instalada por Petroperú en Piura
El derrame de petróleo producido en el mar de Talara (Piura), bajo responsabilidad de la empresa estatal Petroperú, ha instalado una gran crisis social en el norte peruano. Miles de pescadores y trabajadores de la costa peruana se encuentran sin trabajo en plena temporada alta y no saben qué hacer ante la lentitud del Estado para resolver el problema.
Según Petroperú, fueron vertidos 37.8 galones de petróleo en el mar de Lobitos, lo que, de acuerdo a cálculos iniciales del Organismo de evaluación y fiscalización ambiental -OEFA, afectó un área aproximada de 10 000 m2. El derrame pudo ser contenido a tiempo si se tomaban las previsiones de manera inmediata y no se minimizaba el desastre. Sin embargo, al no haber reaccionado con la diligencia y prontitud debidas, el impacto en la flora y fauna del ecosistema marino más productivo del país han sido severos, alterando el equilibrio y las condiciones del ecosistema.
Mapa muestra una estimación según los datos recogidos de pobladores y pescadores que indican la presencia y la expansión del derrame de petróleo
Playas como Las Capullanas, La Bola, Yapato, El Anchón, La Palizada, Peña Negra, entre otras, son las más afectadas hasta el día de hoy; sin embargo, reportes ciudadanos indican que son más de diez las playas impactadas, sumando un área aproximada de 18 000 m2 de zona litoral afectada.[1]
El hecho es que en este momento se ha instalado una crisis social en la zona al haber dejado sin trabajo a cientos de personas dedicadas a la pesca artesanal y al turismo. El antecedente similar y nefasto hasta hoy en la costa peruana es el ocasionado por Repsol en la Refinería La Pampilla, cuando se vertieron más de 12 000 barriles de crudo al mar al momento de la descarga del hidrocarburo desde el buque italiano Mare Doricum hacia el terminal multiboyas n° 02 de la refinería.
El ministerio del Ambiente tuvo que declarar el “estado de emergencia ambiental” por 90 días[2] para priorizar acciones destinadas a atender la crisis instalada en el área geográfica del derrame. Previamente, entre el 21 y 23 de diciembre, el Oefa realizó una supervisión en el área geográfica afectada, confirmando, en informe publicado el 27 de diciembre, que el hidrocarburo derramado se desplazó entre la zona intermareal y submareal abarcando áreas de 47.14 y 228.74 hectáreas, respectivamente, llegando hasta la playa Cabo Blanco por acción de las corrientes.
Mesa de diálogo
El 28 de diciembre, la empresa estatal y la municipalidad distrital de Lobitos instalaron una mesa de diálogo en la que participaron autoridades locales, representantes de los gremios de pescadores y la población de la zona afectada por el derrame. El objetivo de la mesa fue concretar acciones de contingencia por el desastre ambiental ocasionado por la empresa.[3]
Sin embargo, el gerente de Petroperú, Óscar Vera, quien además fue ministro de Energía y minas del actual régimen, tuvo desafortunadas declaraciones minimizando el derrame. Señaló: “el hidrocarburo ha impregnado las rocas y lo que se ha hecho es retirar todo el hidrocarburo de la arena. No es un derrame como al que usted se refirió, sino una fuga que ha cubierto un área que no son 10 mil metros cuadrados”[4]. Esta declaración causó la indignación de los afectados, suspendiéndose la mesa indefinidamente y obligando al gerente de la empresa salir de la reunión con resguardo policial y abandonar la mesa de diálogo.
La imposibilidad de salir a trabajar por la contaminación tóxica generada en el mar, obligó a los pescadores y a sus familias a realizar ollas comunes para poder sobrevivir. Las ollas comunes fueron posibles gracias a las donaciones de la población.
Al observar la limitada voluntad del Estado para resolver la situación, los pescadores afectados protestaron varios días frente a las instalaciones de Petroperú en Talara, impidiendo el ingreso de los trabajadores de la empresa. Debido a las protestas, las negociaciones entre Petroperú y los pescadores afectados por el derrame de petróleo se retomaron el martes 07 de enero.
Esta primera reunión se dio en las instalaciones de Petroperú en Talara, entre representantes de la empresa y dirigentes de los gremios de pescadores y personas afectadas por el derrame. Después de más de cinco horas de diálogo, llegaron a los primeros acuerdos[5] y fueron anunciados por Manuel Bernales, uno de los asesores de Petroperú.
En el primer acuerdo, Petroperú se compromete a entregar una canasta con víveres por cada familia afectada. En el segundo acuerdo, los dirigentes de los gremios de pescadores tienen plazo hasta el 09 de enero para entregar los padrones de todas las personas que han sido afectadas por el derrame. Como tercer acuerdo, la empresa estatal se compromete a iniciar el trabajo de la valorización del daño en el patrimonio que han sufrido las personas por el derrame. El cuarto acuerdo propone un periodo de espera, entre una semana y diez días, a partir del 07 de enero, para que la autoridad competente emita el informe sobre el monitoreo ambiental. El último acuerdo es una siguiente reunión luego de conocerse los resultados de los cuatro primeros acuerdos. Todos los dirigentes de los gremios de pescadores afectados aceptaron los acuerdos.
Afectados inconformes
Sin embargo, ante la situación de crisis instalada, varios pescadores y afectados por el derrame manifestaron su inconformidad con estos acuerdos[6]
Una de las mujeres afectadas por el derrame declaraba:
“Los pescadores no están saliendo. ¿De dónde van a sacar? Nosotros no pedimos ser mantenidos por ellos (Petroperú) sino que den la indemnización correspondiente porque eso es lo que nosotros pedimos.”
Otro trabajador de la pesca de la zona de Lobitos señaló:
“Nos vamos por 18 días sin salir a trabajar. ¿De dónde vamos a sacar para dar de comer a nuestros hijos?”
Otra de las afectadas:
“Uno se ve del día al día”
Otro testimonio fue:
“Esperábamos una solución para ya salir a pescar.”
La acción del Estado
Según estimaciones de Sonapescal (Sociedad nacional de pesca artesanal del Perú), se estima que fueron afectadas al menos 2 500 familias, aunque se esperaba que ayer 09 de enero los afectados presenten la relación o el padrón quienes resultaron perjudicados con el derrame, según acuerdos de la mesa de diálogo.
El Estado debe realizar acciones inmediatas que mitiguen el daño y pensar en la restitución de los derechos de los pescadores y personas afectadas por el derrame, tales como el derecho a la salud, al trabajo, a la alimentación, a un medioambiente limpio, sano y sostenible o el derecho a una vida digna. El Estado, a través de Petroperú, está obligado a reparar todo el desastre ambiental que ha ocasionado, así como garantizar calidad de vida a los afectados y afectadas.
[1] CooperAcción. (24 de diciembre de 2024). La tragedia ambiental en Lobitos: otra vez un derrame de petróleo. https://n9.cl/el0k2
[2] Ministerio del Ambiente. (25 de diciembre de 2024). Resolución Ministerial N° 00443-2024-MINAM. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7414308/6318979-rm-00443-2024-minam.pdf?v=1735178042
[3] Diario Oficial El Peruano. (29 de diciembre del 2024). Derrame: instalan mesa de diálogo en Talara. https://elperuano.pe/noticia/260916-derrame-instalan-mesa-de-dialogo-en-talara
[4] Infobae. (27 de diciembre del 2024).Gerente de Petroperú, Óscar Vera, tuvo abrupto retiro de Lobitos: fue atacado con petróleo por ciudadanos de Talara. https://www.infobae.com/peru/2024/12/27/gerente-de-petroperu-oscar-vera-tuvo-abrupto-retiro-de-lobitos-fue-atacado-con-petroleo-por-ciudadanos-de-talara/
([5]) , (6) Talara en la noticia. (07 de enero del 2025). Acuerdos pescadores y Petroperu. https://www.facebook.com/100091365722429/videos/958355062859548
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