Glencore-Antapaccay pretende desplazar a comunidades sin consulta previa y se enfrenta a procesos judiciales y multas por contaminación

Glencore, considerada por diversas voces como la peor empresa del sector durante muchos años, ha realizado importantes inversiones para mejorar su imagen. La empresa afirma que cumple con una larga lista de normas de sostenibilidad y de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en su mina Antapaccay en Espinar, sigue negando los comprobados daños de contaminación y utiliza procedimientos muy cuestionables para la adquisición de tierras. Dos procesos judiciales en curso y una multa millonaria dan testimonio de problemas que podrían agravarse con la ampliación de la mina.

«Es un proyecto muy sencillo», afirmó Jon Evans, director de cobre industrial de Glencore, durante una conferencia con inversores celebrada el 3 de diciembre del año pasado. «Nuestro objetivo es empezar a excavar lo antes posible: excavar, excavar, excavar». El proyecto de ampliación de Antapaccay, con dos nuevos tajos en la zona de Coroccohuayco, es la pieza central de una ambiciosa estrategia de crecimiento de la minera multinacional, cuyo objetivo es aprovechar la elevada demanda de cobre y los precios récord. Supuestamente, el primer cobre será extraído en 2029. Junto con la adquisición de otro yacimiento de cobre cercano, el proyecto Quechua, que puede conectarse a las instalaciones existentes, Glencore planea casi duplicar la producción y mantener la actividad minera en Espinar durante otros 40 años más, por lo menos.

Lo que Evans se olvidó mencionar es a la gente que vive allí. Salvo por esto: «Estamos en pleno proceso de adquisición de tierras, lo que está avanzando muy bien». A continuación, la presentación se centró en la geología y la ingeniería. Curiosamente, en toda la presentación no se mencionó el nombre de la provincia de Espinar. En su lugar, en un aparente intento de cambiar la imagen pública de la mina, los ejecutivos de Glencore hablaron del «distrito de Antapaccay», que no existe como unidad administrativa.

La provincia de Espinar es la tierra ancestral del pueblo indígena k’ana, con derechos de propiedad comunitarios y una larga y orgullosa historia de lucha contra los opresores externos. Hoy en día, tras años de mala gestión del conflicto por parte del Estado y del departamento de relaciones comunitarias de Antapaccay, la población se encuentra fragmentada e intimidada. Según reportan comuneros, agentes de la empresa aplican las tácticas socialmente corrosivas del «divide y vencerás». Se evidencian desigualdades en la distribución de beneficios y, mientras algunas personas logran beneficios económicos, otras permanecen en la pobreza extrema sin agua corriente ni electricidad y su ganado muere por comer pasto contaminado. Y, si bien el Estado está desarrollando un proceso de consulta previa con ciertas comunidades, las dos que son más directamente afectadas no están incluidas en ello (parte del contexto se explica en este informe de Oxfam y CooperAcción). Una receta perfecta para un panorama sociopolítico caótico con ciclos interminables de descontento.

Es difícil saber cómo van realmente las negociaciones con los dueños de las tierras en las dos comunidades de Pacopata y Huini Coroccohuayco, donde la empresa quiere instalar los tajos de la mina Coroccohuayco. Sobre las compensaciones ofrecidas, proliferan rumores. Y mientras este proceso es tratado por la empresa como una simple negociación contractual de carácter privado, las comunidades aparentemente se sienten intimidadas para no buscar el apoyo de asesores independientes externos, y tampoco hay organismos gubernamentales involucrados. Esto refuerza la idea de una negociación que se da en condiciones de gran asimetría.

En la respuesta a un informe de Oxfam y CooperAcción, el lenguaje que utiliza Glencore sobre el proceso de adquisición de tierras resulta extremadamente débil: dice que han «informado» a las comunidades sobre el proyecto, y se ha acordado con ellos «un proceso de diálogo que respete las estructuras organizativas tradicionales». No se admite el hecho de que dos comunidades, contando con unas 300 familias o 1200 personas, tienen que ser desplazadas por completo.

Según las normas de desempeño de la Internacional Finance Corporation IFC, que Glencore afirma cumplir, los miembros de las comunidades de Pacopata y Huini Coroccohuayco no pueden ser tratados como simples propietarios de tierras, que pueden vender sus terrenos a un precio acordado bajo presión en negociaciones secretas. Ellos son titulares de derechos indígenas colectivos, lo que significa que sus medios de vida, incluidos los valores culturales y espirituales, deben ser compensados y restablecidos de manera integral, en condiciones iguales o mejores, en otro lugar. Cabe resaltar que las normas del IFC se crearon precisamente para hacerle pare a las malas prácticas en el desplazamiento de comunidades, parecidas a las que podemos observar en este caso.

Pacopata y Huini Coroccohuayco presentaron una demanda de amparo ya en 2019 para exigir un proceso de consulta previa adecuado, sobre la base del conocimiento informado sobre la extensión del proyecto. En las audiencias ante la segunda instancia, la Sala Mixta de Sicuani en Canchis Cusco, los abogados de Glencore argumentaron que la legislación peruana no exige consultar sobre la base del Estudio de Impacto Ambiental. Incluso, se negaron a dar respuestas claras sobre el número de personas que tendrán que ser desplazadas. Lamentablemente, la mayoría de los jueces siguieron el argumento de la empresa, y los demandantes han recurrido ante el Tribunal Supremo, que podría tardar años en examinar el caso.

En tanto, se ha excluido de la consulta previa en curso a otro grupo de comunidades situadas unos kilómetros río abajo, entre las que se encuentra la capital municipal de Pallpata, justo afuera de lo que fue definido como «zona de influencia directa» del proyecto Coroccohuayco. En enero, estas comunidades han emitido un comunicado  exigiendo la suspensión de la aprobación pendiente de la Modificatoria de la Evaluación de Impacto Ambiental, y su plena inclusión en el proceso de consulta como comunidades directamente afectadas.

Cabe agregar que, para la normativa internacional y las propias políticas empresariales de Glencore, al final no debería importar únicamente lo que pide el Estado peruano en temas de consulta. La empresa debe asegurarse de que se consulte a todos los actores que se vayan a ver afectados por el proyecto. Si las normativas nacionales son más débiles que las internacionales —como es el caso— debe acudir a estas últimas.

Una multa millonaria y una demanda de amparo por contaminación

Un segundo proceso judicial contra Glencore involucra a las comunidades afectadas por la contaminación provocada por más de 40 años de explotación minera de cobre en Espinar. La demanda de amparo ha sido presentada por la asociación civil «Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar, Cusco» (PAMETEC) y la comunidad indígena de Huisa contra Glencore-Antapaccay y varias agencias gubernamentales encargadas de garantizar un medio ambiente saludable. Desde mayo de 2025, la vista ante el tribunal de la provincia de Espinar se ha aplazado ya en cinco ocasiones, y la nueva fecha fijada es el 8 de abril.

Existen pruebas contundentes de que la mina es responsable del grave problema de contaminación en Espinar. En octubre de 2025, Glencore fue multada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental con 5.5 millones de soles (1.6 millones de dólares) por no haber prevenido ni mitigado la contaminación del aire provocada por el polvo en el tajo sur de su mina Antapaccay. Se trata de una de las multas ambientales más elevadas. La multa tiene una base de evidencia sólida en las conclusiones de los estudios de causalidad que la agencia llevó a cabo en 2022, y que se detalla de nuevo en una justificación de 290 páginas.

Sin embargo, la contaminación del aire es solo uno de los componentes analizados en los seis exhaustivos estudios del OEFA, junto con el agua subterránea y superficial, el suelo, la flora y la fauna. En conjunto, llegan a la misma conclusión: el problema de contaminación por metales pesados en Espinar, conocido desde hace tiempo, tiene su origen en la mina (véase el análisis de CooperAcción aquí y aquí).

Las conclusiones de los estudios del OEFA podrían haber sido una oportunidad para que Glencore pusiera en práctica una comunicación de crisis según estándares profesionales corrientes, admitiendo por lo menos algunos problemas y prometer mejoras. En cambio, la empresa optó por redoblar su apuesta por el cuento de hadas, descartado hace tiempo, de culpar a la «mineralización natural». Para empeorar las cosas, de esta manera pone en duda el profesionalismo del OEFA, falsamente alegando errores metodológicos en sus estudios.

En la última asamblea general de accionistas en mayo de 2025, el presidente del consejo de administración de Glencore, Kalidas Madhavpeddi, esgrimió personalmente la excusa de la «mineralización natural». Y la encontramos de nuevo, en la respuesta de Glencore a un informe de FairFinance sobre minerales críticos, donde se cita a Antapaccay como ejemplo de malas prácticas (véase la página 43). Glencore se escuda en expresiones como «de conformidad con la normativa aplicable», su propio monitoreo ambiental (que no está disponible públicamente) y las revisiones de los estudios del OEFA encargadas por la empresa a investigadores anónimos de dos universidades peruanas, que supuestamente señalan deficiencias metodológicas; sin embargo, Glencore se niega a compartir dichos documentos, lo que hace imposible evaluar la validez de sus argumentos.

Contrariamente a las dudas difundidas por Glencore, el trabajo del OEFA fue calificado como «una de las evaluaciones medioambientales más exhaustivas y minuciosas » en una opinión de experto independiente realizada por el profesor Bernhard Wehrli. Con más de 40 años de experiencia estudiando la calidad del agua en cuatro continentes, Wehrli es profesor emérito de química acuática en el Instituto de Biogeoquímica y Dinámica de la Contaminación del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH), una institución eminente que se sitúa entre las diez mejores universidades del mundo.

Enfocando los dos estudios del OEFA sobre la contaminación del agua (Informe 00095 e Informe 00144), el profesor Wehrli considera que “la documentación de los lugares de estudio, los procedimientos de muestreo, los métodos analíticos y el análisis de datos muestra un alto nivel profesional y científico”, y que “permiten establecer relaciones causa-efecto entre las actividades mineras en la zona y la contaminación del agua relacionada con la minería”. Sobre la cuestión clave del análisis de la OEFA, a saber, si existe una relación causal entre las actividades mineras y la contaminación del agua, el profesor Wehrli afirma que: «La detallada información disponible en los Informes 00095 y 00144 obliga a responder con un claro sí».

“Un proyecto muy sencillo”, ¿en serio?

Durante su conferencia de inversionistas del pasado diciembre, Glencore anunció que quiere comenzar la extracción en Coroccohuayco a finales de 2029. A la luz de lo expuesto arriba, esto parece poco probable. Mantener a los inversores en la ignorancia sobre los retos reales es una estrategia riesgosa, ya que la empresa pronto se verá obligada a justificar las demoras, pero también porque crea presiones internas enormes que pueden llevar a malas decisiones.

Es posible que, en la sede central de Glencore en Zug, Suiza, se comprenda que es necesario un cambio de actitud con respeto a su filial Antapaccay, que hasta ahora ha gozado de mucha (¿demasiada?) autonomía en sus decisiones. Es interesante notar que, de repente, hay una disposición a renegociar el «Convenio Marco» con la provincia de Espinar, lo que corresponde a una demanda popular de larga data. Sin embargo, tras años de actuar de mala fe en las negociaciones con la provincia, cuesta confiar en sus buenas intenciones. Sería recomendable tomar pasos adicionales muy concretos:

• Cumplir con los compromisos asumidos y asegurar que todo el equipo, desde la dirección hasta el personal de campo, comprenda cuáles son y cómo llevarlos a cabo.
• Reconocer los daños. Ofrecer paquetes de indemnización serios, incluyendo soporte médico y psicológico a las personas que ya no pueden vivir de manera segura, ni practicar la agricultura, en sus tierras contaminadas, de modo que se puedan mudar a otro lugar si así lo desean.
• Transparentar los datos de monitoreo ambiental. Tomar en serio las conclusiones del OEFA y realizar las inversiones necesarias para controlar las fuentes de contaminación, de acuerdo con las mejores soluciones tecnológicas y de ingeniería disponibles. Facilitar el acceso público a los datos de monitoreo ambiental en tiempo real a través de un sitio web específico, tal como Glencore lo hace en Canadá, por ejemplo.
• Respetar a los titulares de derechos colectivos. Iniciar un proceso de consulta previa serio con todas las comunidades afectadas y, sobre todo, con Pacopata y Huini Coroccohuayco, quienes están por perder la totalidad de su territorio ancestral a causa de la nueva mina. Ofrecerles compensaciones adecuadas con un plan de reasentamiento para garantizar su supervivencia como colectividades a largo plazo.
• Proteger el espacio cívico y tolerar las voces críticas. Emitir directrices internas y declaraciones públicas claras para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil, observadores independientes y asesores jurídicos tengan acceso a toda la información relevante y puedan asistir en las negociaciones. Tolerancia cero ante el acoso y la difamación contra los y las defensores de los derechos humanos.

Algunas de estas medidas tienen su costo y pueden ser difíciles, pero son condiciones necesarias para mejorar la relación con la población de Espinar, tras años de malas gestiones. Sigue siendo cierto, en gran medida, que la población de Espinar no se opone de forma fundamental a la mina; de hecho, esto significa que existe una buena base para llegar a acuerdos, si se aborda de buena fe y con la voluntad de ofrecer una participación justa en los beneficios récord esperados del auge del cobre. No es precisamente “sencillo”, y puede que la excavadora tenga que esperar un poco más, pero si se quiere invertir durante otros 40 años más, esto es lo que hay que hacer.