Foncomun vs. Estabilidad Fiscal: el costo oculto de una reforma populista
El Congreso de la República ha enviado al Poder Ejecutivo una autógrafa de ley que podría comprometer los ingresos fiscales del país y, por ende, la estabilidad económica nacional.
La futura “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun)” busca aumentar en 2% el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), herramienta tributaria que permite ampliar la base presupuestal del Foncomun y, con ese ingreso “extra”, beneficiar a municipios de bajos recursos. Este aumento será progresivo: 0.5% por año fiscal hasta llegar al 2% en 2029.
Además de la modificación del IPM, la autógrafa dispone la modificación del artículo 17 del Decreto Legislativo 821, Nuevo Texto de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, de manera que la nueva tasa del IGV sea 14%.
Esta medida da la impresión que se beneficiará a poblaciones vulnerables ya que para que las municipalidades accedan al “ingreso extra” deben tener al menos dos de sus tres instrumentos de planificación vigentes y alineados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 (PEDN) y asegurar que los recursos serán destinados a proyectos públicos enfocados en cerrar brechas sociales y de infraestructura. En realidad, se estarían quitando ingresos reservados para otras metas para cubrir las prioridades del Foncomun.
Otro punto importante es entender que por más que la tasa del IGV disminuye, el consumidor no será afecto de este cambio ya que al aumentar progresivamente la tasa del IPM, seguirá pagando 18% en sus transacciones.
El poder legislativo ha recibido críticas por aprobar este conjunto de proyectos de ley ya que se trata de una reforma que causará pérdidas por S/ 10 000 millones anuales para el gobierno central (equivalente a 1% del PBI)[1]. Esta medida no solo es populista, sino que afectará al siguiente gobierno de turno, dado que se recaudará desde el próximo año, librando de cierta manera a los representantes actuales cuando los efectos negativos empiecen a surgir.
Además de las críticas al legislativo, profesionales como Waldo Mendoza[2] y Luis Arias Minaya[3] han mencionado el deber del Ejecutivo en reevaluar la medida con criterio técnico, legal y económico, para prevenir pérdidas económicas irreparables.
El Ejecutivo tiene hasta el 16 de junio de 2025 para observar o aprobar la autógrafa de ley. A pesar de las críticas, el primer ministro, Eduardo Arana mencionó que se aprobará y publicará en el Diario El Peruano lo antes posible.
El paso de este monto de los ingresos tributarios del gobierno central al Foncomun hace pensar que se está beneficiando a las poblaciones más vulnerables del país, pero solo está causando un hoyo en la recaudación tributaria y el presupuesto nacional.
Al haber terminado los últimos dos años con un déficit fiscal por encima de la regla fiscal, esta nueva medida complica la estrategia de manejo tributario, ad portas del nuevo gobierno de turno. Asimismo, de aprobarse la autógrafa y publicándose la “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun)” en el Diario El Peruano, la pérdida anual de S/ 10 000 millones calaría aún más en el déficit fiscal que el gobierno enfrenta.
Finalmente, en las últimas horas del martes 27, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, anunció que desde su cartera se propondrá una “flexibilización” en la meta del déficit fiscal a un 2.8% del PBI (antes 2.2%) para el 2025. Esta nueva medida solo camufla la situación real de los ingresos fiscales del país y crea un escenario de poca rigurosidad para que el MEF tome acciones concretas para reducir el déficit fiscal de los últimos años.
En un contexto en el que priman las medidas populistas que reducen la recaudación, propuestas de flexibilización fiscal y alianzas silenciosas entre el legislativo y el ejecutivo, surgen dudas sobre el rumbo de la política económica nacional. Como muchas de las medidas del periodo presidencial y legislativo actual, la presentación de esta autógrafa de Ley refleja una visión de corto plazo para los desafíos de política pública que el país enfrenta y no un análisis estructural y sostenible en el largo plazo. Es en este escenario que toca preguntarse, ¿hacia dónde vamos y cómo se recupera la estabilidad fiscal del país?
[1] Luis Arias Minaya, ex jefe de la SUNAT, señaló que la medida implicaría una pérdida anual del monto señalado.
[2] https://x.com/WaldoMendozaB/status/1927054685942194379
[3] https://larepublica.pe/economia/2025/05/26/ley-del-congreso-que-reduce-el-igv-y-eleva-el-foncomun-desde-2026-pone-en-riesgo-las-finanzas-publicas-hnews-620880
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