El uso y abuso de los estados de emergencia

Luis Gárate Sánchez

En el Perú estamos bastante acostumbrados a estar bajo el régimen de excepción conocido como estado de emergencia. Recordemos que durante el periodo de la violencia política en la década de los ochenta y noventa, muchas regiones del país, sobre todo del sur del país, estuvieron mucho tiempo bajo ese régimen de excepción.

Imagen: Infobae

Los estados de emergencia son, según han sido concebidos por la legislación peruana, medidas en casos excepcionales que determina el Poder Ejecutivo para afrontar situaciones de riesgo para salvaguardar la paz, la tranquilidad y la integridad de los ciudadanos y los bienes públicos y privados

Recordemos que durante el periodo de la violencia política, estos estados de emergencia contemplaron darle toda la autoridad política a mandos militares, que con este amparo podrían, supuestamente, combatir de mejor manera la amenaza de la subversión, teniendo carta blanca para una actuación diligente y drástica. Sin embargo, hemos visto -lo que está debidamente documentado por el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación- que bajo estos estados se cometieron una serie de excesos y abusos de autoridad, incluyendo masacres de poblaciones civiles, torturas y hasta violaciones, muchos de las cuales aún no han sido judicializados ni sancionados.

En tiempos más recientes, hemos visto como se ha seguido apelando a los estados de emergencia como una forma de darle al Estado una carta blanca para “restaurar” el orden público en casos de protestas que se han generado y agudizado en algunas regiones del país. Esto solo ha traído que la violencia se agudice, se apele a la intervención de las fuerzas armadas y fuerzas especiales de la Policía que han conllevado a una intensificación del conflicto, y con terribles resultados de personas fallecidas como parte de los enfrentamientos (ejemplos como el Arequipazo en 2022 y el Moqueguazo en el 2008).

Para hablar de casos más recientes, hay regiones y provincias del país que llevan años bajo estados de emergencia. Se trata sobre todo de las regiones y localidades ubicadas en zonas de concesiones y proyectos mineros, como es el corredor del sur andino, ubicado entre las regiones de Cusco, Apurímac y que puede incluir a Arequipa, por donde transitan camiones pesados que trasladan los minerales extraídos por grandes proyectos mineros como Antapaccay, Hudbay o Las Bambas.

Estas regiones y localidades tienen permanentes conflictos con las comunidades por temas de incumplimiento de convenios firmados, por la falta de transparencia en el desarrollo de las obras, por afectaciones sociales y ambientales de los proyectos mineros, así como por el propio funcionamiento del transporte de minerales en esa vía que conlleva polvo y ruidos molestos. Ante la falta de una respuesta eficaz y a tiempo del Estado a nivel regional y del poder ejecutivo, es que las organizaciones sociales y comunidades terminan apelando a las medidas de fuerza para ser escuchadas. Es ahí que la respuesta del Estado es inmediatamente la represión y la declaratoria de estados de emergencia, para apelar al uso de la fuerza y la intimidación a las poblaciones. Resulta así, que para los pueblos del sur andino, prácticamente se ha vuelto la normalidad el vivir bajo los estados de emergencia, cuando se supone que son medidas excepcionales.

Es por ello que, ante la reciente declaratoria del estado de emergencia nacional por el gobierno de Dina Boluarte, y la escalada represiva que se ha llevado la vida de 24 compatriotas (hasta el cierre de este artículo), resulta importante reflexionar sobre la efectividad y los enormes riesgos que conlleva aplicar esta medida. Como hemos podido ver, los estados de emergencia solo han servido como medidas desesperadas para vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos ante la incapacidad de resolver los conflictos mediante el diálogo y la negociación.

19 de diciembre de 2022