El gran bonetón y el mar contaminado

Alejandro Chirinos

El lío entre privados que acaba de abrirse entre la empresa Repsol y la empresa Fratelli D’Amico Aamtori, dueña del buque Mare Doricum, a partir de una reciente demanda que la transnacional española le ha interpuesto a la empresa italiana en un juzgado peruano, acusándola de ser responsable de la mayor catástrofe ambiental ocurrida en el mar peruano por el derrame de más de 13,000 barriles de crudo, no es sino otro capítulo más de esta gran crónica ampliamente conocida y que tiene como argumento central a la evasión de responsabilidades por el gran daño ocasionado a nuestro valioso ecosistema marino, conocido por su alta productividad debido a la confluencia de la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida de El Niño.

La filial peruana de la transnacional española ha indicado que la empresa italiana no ejecutó sus obligaciones y responsabilidades extracontractuales y, por consiguiente, tiene responsabilidad en la catástrofe. Señala que, al haber realizado un desplazamiento descontrolado, el buque Mare Doricum causó la rotura de la instalación submarina de la terminal Multiboyas n° 2 de la refinería, ocasionando el vertido del crudo al mar.  En la demanda Repsol ha solicitado a la empresa italiana una indemnización por US$ 197,5 millones. Mientras tanto, la empresa italiana ha respondido a esta movida legal solicitando una conciliación extrajudicial en la que reclama a Refinería La Pampilla US$ 45 millones de euros por los supuestos daños que se le ha ocasionado a consecuencia del derrame.

Está claro que hemos entrado a una versión nada cómoda del juego del gran bonetón. Y tiene para un buen rato. Lo que no debe suceder es que este lío iniciado entre privados nos distraiga de lo verdaderamente preocupante en este momento: a dos años del derrame de crudo, el ecosistema marino costero no está recuperado y los esfuerzos que se han hecho para devolverle las condiciones mínimas de salud no han sido suficientes y mucho menos los idóneos.

Hoy, debido a las pésimas condiciones en las que se encuentran el mar, miles de hombres y mujeres que se dedicaban exclusivamente a la pesca artesanal en toda la franja marino costera, no pueden volver a trabajar. Y aun cuando han recibido compensaciones por parte de la filial de la transnacional española, estas no se han ajustado, según los afectados, a la realidad del pescador. Las compensaciones han sido entregadas considerando solo el lucro cesante, es decir, tomando en cuenta solo la reposición de la ganancia que dejaron de percibir los afectados como efecto del daño causado al mar peruano. Dichas compensaciones no han considerado la multidimensionalidad del daño, lo que hace que la crisis persista silenciosamente en la zona. Mientras el mar continúe contaminado, será imposible para los hombres y mujeres de la pesca artesanal volver a trabajar como lo hacían antes de la catástrofe.

Expulsión e incertidumbre

Lo que debe quedar claro es que el derrame de crudo en el mar de Ventanilla generó un proceso de expulsión violenta de comunidades costeras que aprovechaban los bienes ecosistémicos de toda la cadena de hábitats marino costeros, desde Ventanilla hasta Punta Salinas, para generar empleo e ingresos económicos y sostener así a sus familias. De la noche a la mañana toda esa dinámica económica y cultural se perdió, y miles de trabajadores del mar quedaron completamente quebrados.

Lo que realmente preocupa de este juego de acusaciones legales entre privados es que sea el pretexto para dilatar la inacción frente al daño ambiental ocasionado en el ecosistema marino costero y se continúe sin hacer nada realmente importante para remediar los hábitats dañados. El Estado tiene una gran responsabilidad y debe exigir a los responsables que se hagan cargo de la catástrofe que ocasionaron. La inacción y la demora de la acción pública solo contribuye a prolongar la crisis silenciosa en la zona.

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