El Estado retrocede ante la minería ilegal

 José De Echave C.

En las últimas semanas, dos hechos han confirmado que, en varias partes del país, la minería informal o la abiertamente ilegal siguen presionando territorios y creando situaciones de violencia. En Madre de Dios, el jueves 25 de agosto, grupos de mineros y también comerciantes vinculados a esta actividad atacaron una base policial y bloquearon la carretera Interoceánica entre el kilómetro 108 y 110, en protesta por supuestos actos de corrupción de la policía.

Imagen: Andina

El resultado fueron personas fallecidas y más de una decena de heridos. Cabe preguntar, ¿realmente es una protesta por actos de corrupción de la policía o más bien porque los mineros no quieren que la erradicación se sostenga? Quizás ambas cosas, aunque debe quedar establecido que en el lugar donde se han producido los enfrentamientos está prohibido hacer minería, ya que es nada menos que la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Por lo tanto no hay ninguna posibilidad que esos mineros puedan legalizar sus actividades.

Por otro lado, Arequipa ha sido nuevamente el escenario de enfrentamientos en una zona de intensa actividad de minería informal. En esta ocasión ha sido en el distrito de Choco, en la provincia de Castilla, de manera más precisa, en la mina Paula donde se produjo una balacera que provocó la muerte de una persona y ocho heridos. Según las versiones que se han recogido en la zona, 50 personas armadas llegaron al campamento minero en la madrugada del 15 de agosto, produciéndose el ataque. Este hecho trae al recuerdo el enfrentamiento entre diferentes grupos de mineros que ocurrió el pasado mes de junio en la concesión de la empresa Intigold Mining, en Atico, en la provincia de Caravelí, en Arequipa. En esa ocasión el saldo fue de 14 muertes y varios mineros desaparecidos.

Lo cierto es que los hechos de violencia continúan en diferentes partes del país y son indicadores de un nuevo momento de expansión de esta actividad que hay que caracterizar bien por los impactos que se vienen generando y la violencia que la acompaña. Además, en paralelo, las demandas y la presión que vienen ejerciendo las diferentes agrupaciones de mineros informales, tanto al poder Ejecutivo como al Legislativo, también han ido en aumento.

La política y la minería informal

Se sabe que la influencia de la minería informal y la abiertamente ilegal en la política es cada vez más notoria y se da en los diferentes estamentos del Estado, tanto a nivel subnacional como nacional. Todo esto se viene expresando en normas que representan todo un retroceso y que han sido aprobadas con el respaldo tanto del Legislativo como del Ejecutivo: por ejemplo, el último día del 2021, el presidente Castillo promulgó la Ley 31338, que previamente había sido aprobada en el Congreso y que amplía nuevamente el plazo de formalización hasta el año 2024. Cabe recordar que durante el debate en el Congreso, el Ministerio del Ambiente (Minam) había advertido que la prórroga iba a provocar que los operadores ilegales se inscriban en el Registro de Formalización Minera Integral (REINFO), que se ha convertido en una suerte de mecanismo que permite a los mineros seguir operando sin mayor problema; ya que mientras sigan con el procedimiento abierto no pueden ser intervenidos por la Fiscalía. Pese a la oposición del Minam, el presidente no observó la norma.

El pasado martes 16 de agosto, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) estuvo en Palacio de Gobierno planteando una serie de demandas como, por ejemplo, la modificación y derogación de varios decretos supremos que apuntan a ajustar los procesos de formalización y precisar las causales de exclusión; entre varios otros temas. Además, han pedido que se destituya a la actual ministra de Energía y Minas.

Las declaraciones del presidente Castillo son todo un respaldo para los mineros:

“Hoy recibí a más de 1000 trabajadores y representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú para atender sus demandas sobre formalización y nuevas normativas para la minería artesanal en el país (…) Existen decretos y normas que son lesivos para nuestros hermanos obreros y deben corregirse. He dispuesto instalar una mesa técnica con los ministros para que se atiendan sus demandas (…) La formalización minera le hace muy bien al país, al empresario minero, al trabajador y a sus familias”.

Y para que no quede duda que los mineros había sido escuchados, también se pronunció sobre el pedido del retiro de la ministra de Energía y Minas: “Reitero que, en este gobierno, todos los ministros siempre estarán en constante evaluación, se deben al país. Es un cargo de confianza y eso se debe demostrar trabajando para el pueblo”.

Es un tremendo error hacer concesiones a un sector que se sigue expandiendo de manera caótica, generando graves impactos ambientales y sociales, sin escuchar, por ejemplo, las voces de las comunidades campesinas e indígenas que están defendiendo sus tierras, fuentes de agua y bosques frente al avance violento de la minería ilegal. Sin discusión, el proceso de formalización minera en el país debe ser perfeccionado, pero bajo ningún punto de vista debe ser debilitado como pretenden.

Como ha señalado la Sociedad Peruana de Derecho ambiental, en una carta abierta al presidente Castillo (25/08/2022): “el proceso de formalización se construyó sobre pilares que no eran ni son negociables, en la medida que de ellos dependía que el Estado pudiera garantizar el derecho a un ambiente sano y saludable así como el derecho a la vida, salud e integridad de las personas”. El comunicado continúa señalando que la pequeña minería y minería artesanal: “1) no debe afectar el curso de aguas; 2) no debe afectar la biodiversidad, por ende no debe realizarse en zonas de exclusión o prohibidas; 3) debe realizarse respetando los derechos fundamentales de las personas; 4) debe cumplir con la regulación sectorial especializada; y 5) debe respetar estándares técnicos, ambientales y sociales. Cualquier regulación alejada de estos elementos vulnera abiertamente el compromiso del Estado peruano por salvaguardar los derechos humanos de las y los peruanos”.

Si la tendencia continua, como hasta ahora, y se confirma una expansión descontrolada, los impactos ambientales, sociales y la violencia que acompaña esta actividad seguirán multiplicándose, ya no solo en los territorios ganados, sino que terminará incorporando otros, como hoy en día se intenta en el Cenepa, en la provincia de Condorcanqui y en la Amazonía de Loreto. El Estado peruano y sus autoridades tienen la tarea de proteger los derechos de las poblaciones y de la naturaleza.

01 de setiembre de 2022