El ejemplo de Boric tras la ratificación del Acuerdo de Escazú

Luis Gárate

El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, acaba de ratificar la adhesión al Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Imagen: Radios regionales

Boric firmó el 18 de marzo la adhesión de su país a este tratado ambiental considerado el más importante de América Latina y el Caribe por diversos especialistas. En la ceremonia, junto a Boric, estuvieron la canciller, Antonia Urrejola, y la ministra del ambiente, Maisa Rojas.

Al firmar, el presidente chileno resaltó la importancia del acuerdo para la protección de los derechos humanos y el ambiente y señaló que en ningún caso pone en riesgo la soberanía de los Estados.

Con esta firma, parte un proyecto de ley al Congreso que deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado para que el acuerdo se ratifique y entre en vigencia. De ratificarse en las 2 cámaras del parlamento, Chile se convertiría en el país número 25 de la región en adoptar este tratado ambiental que entró en vigor el 22 de abril del 2021.

En la ceremonia de firma, el mandatario destacó que con el Acuerdo de Escazú se protegen los derechos humanos y el medio ambiente y se envía un mensaje al mundo. En esa línea, se dirigió a los senadores y diputados y los instó a apoyar esta iniciativa.

La agenda de Pedro Castillo en el Perú

Mientras en Chile se ratifica Escazú a los pocos días de iniciado el gobierno progresista de Boric, en el Perú la agenda ambiental no parece ser una de las prioridades del presidente Pedro Castillo. Su gobierno más bien parece acorralado por su propia improvisación y la agenda vacadora de la oposición política.

Cabe recordar que el Perú inicialmente se adhirió a este tratado: el 27 de setiembre del año 2018 el gobierno peruano, con la firma de la ministra del medio ambiente de entonces, Fabiola Muñoz, se adhirió al Acuerdo de Escazú.

Muñoz señaló en ese momento que Escazú representaba “la posibilidad de permitir a las poblaciones más vulnerables el acceso efectivo a la información y promover una justicia ambiental”.

Tras la firma del acuerdo quedó pendiente su ratificación por el Congreso. Hay que recordar que para la firma del acuerdo se tuvo que alcanzar un consenso de diversos sectores del Estado, que expresaron su conformidad durante la negociación qué tomó cerca de seis años. Luego se envió el Proyecto de Resolución Legislativa al Congreso a la espera de su ratificación.

Sin embargo, desde el inicio surgieron voces críticas. A mediados del 2020 estas voces se hicieron visibles. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (Adex), la Cámara de Comercio de Lima y otras nueve instituciones similares se pronunciaron para manifestar su preocupación por lo que representaría para el país el mencionado acuerdo.

Asimismo sectores conservadores también expresaron en diversos comunicados su oposición a Escazú, señalando que entregaría la amazonia a intereses extranjeros y violaría la soberanía peruana.

En octubre de 2020 la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Perú rechazó y mandó al archivo la propuesta de ratificación del acuerdo. En febrero de este año se volvió a rechazar, pues la Junta de Portavoces decidió no exonerar de dictamen de comisión al proyecto de resolución legislativa que propone aprobar dicho tratado y para que pase al pleno.

La importancia de Escazú

Escazú es un tratado que se considera el primer instrumento ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en su tipo a nivel global en consagrar estándares de protección para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Su importancia radica en el impulso a derechos como el acceso oportuno y efectivo a la información ambiental; a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente; y a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe.

Una de las razones por las que cobró mayor actualidad es porque Escazú plantea también la protección de los defensores ambientales. Este es un asunto central que atender a nivel global: el informe Last line of defence[1] de Global Witness identificó que solo en 2020 fueron asesinadas 227 personas defensoras del ambiente en 22 países del mundo. La mayor parte de estos ataques se dio en Latinoamérica, en donde se registraron 3 de cada 4 de estos casos. Solo en el Perú esta semana han ocurrido 4 asesinatos (1 en Madre de Dios y 3 en Huánuco); el año pasado 5 defensores fueron asesinados.

Estas dramáticas cifras nos muestran que hay una agenda pendiente de protección de los defensores. Precisamente Escazú busca fortalecer los mecanismos de protección de estos importantes actores sociales y en el Perú parece no ser una prioridad de las autoridades.

25 de marzo de 2022

[1]https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/