El agua en el centro de la preocupación
En los últimos meses, varias voces han comenzado a alertar sobre un nuevo momento crítico por la ausencia de lluvias en diferentes zonas del país. En realidad, como lo ha señalado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la falta de lluvias, sobre todo en las partes altas de las cuencas, viene ocurriendo, en este último período, desde el año 2022.
Próximos a entrar al período de lluvias 2023/2024 y con la confirmación de un Fenómeno de El Niño en curso, la posibilidad de que se viva un nuevo año con menores precipitaciones en las partes altas de nuestras cuencas -que no permita abastecer la demanda de la población, la de actividades productivas como la agricultura y otras más o, cubrir los niveles óptimos de almacenamiento-, es cada vez mayor: “En un contexto en el que el Pacífico Central está caliente, las lluvias en la cuenca alta tienden a ser inferiores”, ha señalado Grinia Avalos, especialista del SENAMHI[1][2].
Las alertas llegan desde varias zonas del país. El pasado 19 de septiembre, el Ejecutivo ha declarado en emergencia, por 60 días, por el inminente peligro de déficit hídrico a 544 distritos de 14 departamentos (Apurímac, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y Tacna).
Como se sabe, en Cusco, a mediados del pasado mes de julio, se anunciaba que la laguna de Piuray, ubicada en la Cordillera Vilcanota y que aporta el 42% del agua que consume la ciudad, había disminuido su capacidad de almacenamiento considerablemente, amenazando con dejar sin agua a la población. Algo similar ocurría en ciudades de la sierra central, como Huancayo. En el departamento de Puno, la superficie del lago Titicaca, ha retrocedido por debajo del punto en el que se considera advertencia de sequía, algo que no se veía desde 1998. En Arequipa, a mediados de 2023, las represas del sistema Chuli, tenían un almacenamiento de agua equivalente al 58% de su capacidad y algo similar ocurría con las represas del norte.
En este escenario, Lima no es la excepción. A mediados de 2023, el volumen de almacenamiento para el abastecimiento de agua era el más bajo de los últimos cinco años: según la SUNASS, el sistema de lagunas que regula el caudal del río Rímac tenía una acumulación de 190.17 millones de metros cúbicos, cuando el promedio es de 220 millones de metros cúbicos. Lagunas como las de Huascacocha y Marcapomacocha, que forman parte de todo el sistema que abastece de agua a Lima y Callao, presentaban una disminución del 30% de su volumen por falta de lluvias. Dos años seguidos de ausencia de lluvias en la parte alta de la cuenca del Rímac pondrían en riesgo el suministro de agua para la próxima época de estiaje.
Pero más allá de un período puntual de sequía, los pronósticos para el mediano y largo plazo no son nada favorables: las cuencas hidrográficas de la región del Pacífico seguirán mostrando una situación de mayor déficit hídrico y, como señala el Banco Mundial[3], al 2030, los impactos en los ciclos de lluvias en la región se verán exacerbados por el cambio climático: “Se espera que aumenten los choques hídricos relacionados con lluvias extremas y sequías dado el continuo deterioro de las cuencas hidrográficas, el aumento de la variabilidad de las precipitaciones y la aceleración de la retracción de los glaciares en los Andes”.
Frente a esta situación, no solamente se debería mejorar sustantivamente la capacidad de almacenamiento de agua en el Perú, que es uno de las más bajas de América Latina[4] -como se puede apreciar en la siguiente tabla-, sino que se debería proteger con mayor rigor las zonas productoras de agua, entre otras iniciativas.
Por ejemplo, es fundamental proteger los ecosistemas hídricos que, más allá del conjunto de lagunas e infraestructura física existente, son espacios en donde se asocian manantiales, aguas de deshielo, quebradas, bordes de lagunas, pastos, bosques nativos y los humedales altoandinos o bofedales, que tienen una alta capacidad de retención de agua para los períodos secos.
El agua es un derecho constitucional. La Ley de Recursos Hídricos, en su artículo 75, señala que: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”. Ese reconocimiento debe traducirse en acciones concretas de parte de nuestras autoridades: se necesita definir una política de ordenamiento territorial en el país y, sobre todo, de protección efectiva de las cabeceras de cuenca, en el marco de una nueva gobernanza integrada de los recursos hídricos que armonice intervenciones y estrategias entre las instituciones encargadas en los diferentes estamentos del Estado peruano.
La actual gobernanza del agua, centralizada y que es gestionada de manera desordena e ineficaz, debe ser modificada de manera sustantiva: como señala la OCDE, la limitada capacidad institucional, la falta de compromiso para coordinar y cumplir con acuerdos establecidos, la escaza presencia en los territorios, entre varios otros factores, continúan socavando la implementación y la eficacia de las políticas en el sector del agua en el Perú.
En varias zonas del país se debería trabajar cuanto antes para enfrentar los enormes retos para garantizar el abastecimiento futuro de agua y de esa manera lograr la ansiada seguridad hídrica, lo que en buen romance significa contar con la disponibilidad de una cantidad y calidad de agua para cubrir adecuadamente la salud, los medios de subsistencia, los ecosistemas y la producción.
[1] Declaraciones Publicadas en el diario El Comercio (17/08/2023).de
[2] En el Perú, la época de lluvias se presenta entre noviembre y marzo, lo que provoca, como señala el Banco Mundial (2023), un largo período seco con déficit de agua.
[3] Banco Mundial (2023): Perú: acciones estratégicas para la seguridad hídrica.
[4] La capacidad total de las represas artificiales del país es de solo 184 metros cúbicos por persona, muy por debajo del promedio de América Latina, de 2,500 metros cúbicos por persona.
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