Dina Boluarte y la caja fiscal
El 28 de Julio, los peruanos y las peruanas esperamos el balance del presidente de turno, sin embargo, desde 2023 este momento se ha convertido en largas horas de tecnicismos, propuestas populistas y promesas vacías. Este año, en el último balance de su gobierno, Dina Boluarte anunció una serie de medidas que han puesto en duda la legitimidad del manejo de las cuentas fiscales y de la política fiscal responsable por la que el país es conocido.
Un ejemplo claro es la iniciativa de fortalecer el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) a costa de reducir la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV). En el discurso de 28 de julio, la presidenta Boluarte mencionó con entusiasmo la nueva ley No 32387, que promueve el aumento progresivo del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), parte de los recursos del Foncomun, del 2% al 4% para financiar proyectos de inversión pública para el cierre de brechas. Este aumento se realiza con la reducción anual de 0.5% del IGV a partir de 2026, pasando del 16% al 14%[1]. La iniciativa nació en el Congreso, pero fue ratificada por el Ejecutivo al ser firmada y publicada en el diario El Peruano rápidamente tras su aprobación en el Pleno.
La medida fue cuestionada por diferentes expertos por ser populista y no tener una evaluación técnica adecuada ya que se promocionó que mejoraría el presupuesto para municipalidades, sobre todo las de bajos recursos, pero su efecto no sería el mencionado. Al tratarse de un traspaso del 2% de IGV a la base de recaudación del IPM, lo único que se va a lograr es recaudar menos por concepto de IGV, recursos que sirven para el gasto público que beneficia a toda la población; y tener una base mayor para las municipalidades, cuya ejecución del gasto público no suele ser eficiente. Luis Arias Minaya destacó que la pérdida de recursos podría ser de aproximadamente S/ 10 000 millones al año (aproximadamente 1% del PBI). Aun así, la presidenta destaca esta nueva ley como un esfuerzo para la descentralización y el desarrollo como políticas de estado de su gobierno, cuando esta medida ni siquiera será aplicada cuando esté en Palacio de Gobierno (rige desde 2026).
Esta medida es llevada a cabo y anunciada en un contexto pre-electoral, en el que las promesas populistas suelen exacerbarse y son utilizadas para enmascarar un manejo político pobre y sin rumbo claro. El cierre de brechas y la descentralización son medidas importantes y que le compete al gobierno realizar, sin embargo, no se lograrán únicamente con la reubicación de ingresos ya establecidos para un fin en otro. Como ya se analizó previamente en CooperAcción, esta medida obvia plantear alternativas que capten ese 2% reubicado de otra manera o que busquen optimizar el gasto de recursos públicos en gobiernos locales (en 2024, el 28.6% del presupuesto para inversión pública asignado por Foncomun no fue ejecutado, resultando en un subejercicio de S/9 682 millones)[2].
Además del Foncomun, Boluarte anunció que el déficit fiscal cerraría el año 2025 entre 2.6% y 2.8%, lo que, aunque es menor que el cierre del 2024 (3.5%), sigue fuera del rango meta establecido para el presente año: 2.2%. Posteriormente, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, mencionó que sí se cumplirá con la meta fiscal (2.2%) y que las cifras que la presidenta había utilizado en el discurso no eran las finales, fue un error “entre las tantas versiones de los textos finales”. No solo es una burla que no se utilicen las cifras finales en un evento tan importante como el discurso de 28 de Julio, sino que demuestra un nivel de descoordinación entre los niveles más altos de gobierno.
Sobre el déficit, es bueno que desde el MEF se haya reevaluado la opción de modificar la meta fiscal: recordemos que el ministro Pérez Reyes había mencionado la posibilidad de modificar el rango de la meta fiscal para 2025 de 2.2% a 2.8%, de esa manera si se cumplirían las condiciones y el déficit terminaría dentro del rango establecido por ley. El anuncio de la posibilidad de esta medida evidenció la falta de seriedad que se le da a la caja fiscal y la sostenibilidad fiscal con las autoridades de turno. La política fiscal del país es manejada por el Ministerio de Economía y Finanzas y por reformas que se puedan elevar desde el Poder Legislativo. En los últimos años, el manejo ha sido más populista y con tendencia al desorden institucional. Mientras el “chip” de la política fiscal no cambie y no se adopten enfoques más técnicos, la estabilidad económica del Perú seguirá en riesgo. Es importante que se destaquen este tipo de problemas: sin un sistema tributario progresivo e inclusivo, las soluciones para cerrar brechas serán cada vez más escasas. La confianza de inversionistas es estable, por ahora, pero tampoco es inquebrantable. La responsabilidad fiscal es un pilar que no debe ser dejado de lado y este gobierno no ha dado señales claras de compromiso con este encargo. Esperemos que el próximo gobierno retome una ruta más prudente con el fortalecimiento de la caja fiscal.
[1] Cabe aclarar que ello no significa que el consumidor vaya a pagar menos IGV: el 18% de impuesto a los bienes y servicios se mantiene. El cambio consiste en que, si actualmente de ese 18% se distribuye dos puntos para aportes al Foncomun, con la nueva norma ese aporte llegará a cuatro puntos.
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