Defender a la Defensoría del Pueblo

Desde la llegada de Josué Gutiérrez a la Defensoría del Pueblo, podemos apreciar en vivo y en directo cómo se viene destruyendo una de las instituciones más importantes en el país. El actual Defensor del Pueblo sólo ha necesitado unos meses para que sus decisiones provoquen que importantes funcionarios de esa institución renuncien a la Defensoría. Entre junio y diciembre del 2023 han renunciado: Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales), Carolina Garcés Peralta (Derechos de la Mujer) y Percy Castillo (Derechos Humanos y Discapacidad). Asimismo, el Jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, David Gustavo Pacheco – Villar, quien cumplió un rol fundamental durante las protestas el año pasado denunciando los abusos policiales y siendo la voz de los familiares de las víctimas.

Iniciado el 2024 tenemos otras renuncias que impactan negativamente en la institución. Entre los principales funcionarios de la Defensoría que han renunciado se encuentra Rolando Luque, adjunto para la prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, quien es uno de los profesionales  que más ha aportado en el análisis de los conflictos sociales y cumplió un destacado rol como un incansable buscador de soluciones para la conflictividad en el Perú.

Junto con él, también renunció Lissette Vásquez, actual adjunta de Medio Ambiente, quien desde la DP tuvo un rol fundamental en el acompañamiento a las poblaciones afectadas por metales tóxicos, problemática que viene afectando a casi 10 millones de peruanos que sufren el impacto en la salud por este tipo de contaminación. Vásquez realizó un trabajo relevante incidiendo ante el Estado en las mejoras de las políticas públicas. Con estas renuncias, se termina de desmantelar una de las pocas instituciones que la sociedad civil tenia para proteger sus derechos.

También es importante resaltar que la DP ha asumido con mucha seriedad la complejidad de la conflictividad social, proponiendo una metodología para el seguimiento de conflictos, entre ellos los ambientales. Esto ha permitido un conocimiento importante de los actores involucrados, los contextos en los que operan, así como el seguimiento de los cientos de acuerdos de las disímiles mesas de diálogo que se han constituido e instalado a lo largo de todo el país. La Defensoría ha contribuido a la mejora cualitativa de la gestión ambiental y sus instrumentos.

Ante el desmantelamiento de esta institución, sus últimas decisiones internas que han provocado las renuncias y la actual forma de actuar del Defensor ante sucesos que vulneran los derechos humanos, la sociedad civil muestra una enorme preocupación. Es importante también señalar el silencio escandaloso y cómplice de la DP ante la promulgación ilegal de la modificatoria de la Ley Forestal, que atenta directamente contra los pueblos indígenas y defensores del medio ambiente.

Es claro que, si no estuviera Gutiérrez, la Defensoría ya se hubiera pronunciado a favor de los derechos de los pueblos indígenas y en contra de los cambios a la ley forestal, como lo hizo en otras ocasiones, defendiéndolos del impacto en sus territorios, por ejemplo ante los constantes derrames de petróleo, o buscando el ejercicio pleno de la aplicación del Convenio 169 para la consulta previa, libre e informada. Ese fue siempre el rol histórico y la razón de ser de la Defensoría del Pueblo. Pero hoy es irreconocible.

No está de más mencionar que la propia designación del señor Gutiérrez en el cargo ha sido cuestionada al ser mencionado en comunicaciones de un posible intercambio de favores, caso en el que se investiga a la exfiscal de la Nación. Por todo este escenario preocupante en la Defensoria, es importante seguir denunciando lo que viene sucediendo al interno y el daño que viene ocasionando el señor Gutiérrez al punto de desmantelar la institución. Por otro lado, debemos llamar a la acción ciudadana para la defensa de nuestra importante Defensoría del Pueblo. Una de las instituciones vitales de nuestra golpeada democracia.