Crisis y alza de precios: una mirada ecosocial

Paul E. Maquet

El alza de precios de los combustibles y los alimentos ha provocado un estallido social en diversas regiones del Perú. Las protestas en Huancayo, Ica, Cusco y otras regiones y los rumores de saqueos en Lima han puesto en jaque al gobierno de Castillo.

Imagen: Gestión

Pero si bien en el caso peruano la crisis tienen componentes políticos particulares y busca ser capitalizada por sectores conservadores que siempre estuvieron en contra de Castillo, el problema no es puramente nacional. Protestas similares han ocurrido en países europeos como Italia, Portugal, Alemania, España e Inglaterra. En América Latina, Paraguay también ha sido testigo de protestas por la misma causa. También en la India la oposición está rechazando el incremento de precios de los combustibles.

Como se sabe, a causa de la invasión rusa a Ucrania (y también debido a las sanciones de occidente contra Rusia) han subido los precios internacionales del combustible y de los fertilizantes. Rusia es el segundo productor mundial de petróleo y el primero de fertilizantes. Sumado a ello, cualquier alza del crudo se traslada a los alimentos, en la medida que muchos de los insumos (los propios fertilizantes, los pesticidas, los alimentos para el ganado o para la industria avícola) viajan miles de kilómetros alrededor del globo. De igual manera, algunos alimentos de uso diario, como la harina de trigo o el aceite, son en su mayoría importados y por lo tanto dependientes del costo de transporte.

La crisis actual requiere acciones de corto plazo para paliar el golpe a la economía popular. Algunas posibles acciones han sido planteadas por el exministro Pedro Francke en un reciente artículo.

Al mismo tiempo, esta crisis nos invita a pensar en la urgencia de iniciar una transición que, en el mediano plazo, nos permita ser más autónomos en términos de alimentación y energía. La seguridad alimentaria y energética no pueden depender de factores sobre los que no tenemos ningún control, como la situación geopolítica, las cadenas logísticas globalizadas o los precios internacionales establecidos por los países que controlan la producción de determinados insumos.

Una transición que es convergente con lo que exige la verdadera gran crisis que tenemos encima: la crisis ecológica y climática global. La recomendación que desde hace años se plantea desde la mirada de la sostenibilidad es consumir productos locales para evitar quemar combustibles fósiles que son los principales causantes del calentamiento global. Incrementar la autonomía energética y alimentaria va precisamente en esa línea.

Para ello es necesario, por un lado, apostar por la transición energética como una tarea prioritaria para garantizar la soberanía energética nacional. El sol y el viento no dependen de las posibles guerras en otros países. Pero la electrificación del transporte no es tarea fácil, en especial en lo que se refiere al transporte de mercancías y alimentos desde las zonas productoras a los centros de abasto. Requerimos un plan de transición que ponga como prioridad una red nacional de trenes y desincentive la construcción de carreteras, que son infraestructuras asociadas directamente al consumo de combustibles.

Al mismo tiempo, se requiere un apoyo firme y decidido a la agricultura familiar campesina, que ya produce casi el 80% de los productos de panllevar que se consumen en el país. Esto en el marco de un impulso a la agroecología y al uso de fertilizantes nacionales, como el guano y los fosfatos de Bayóvar, así como prácticas de compostaje que nos permitan reducir poco a poco nuestra dependencia.

Esto está asociado también a un cambio cultural. La cultura alimentaria que se ha instalado en el país refleja también fenómenos de colonialidad. Por ejemplo, el consumo de papa por persona ha caído de 120 kilos al año en 1960 a aproximadamente 90 kilos al año en la actualidad. Si bien se ha recuperado desde los años 90 (cuando llegó a apenas 35 kilos), lo cierto es que la papa -un producto nacional- ha sido desplazada en buena medida por la harina de trigo y el arroz. Es solo un ejemplo. Una política que promueva la autonomía alimentaria nacional implica también impulsar una diversificación de nuestro consumo. Un país megabiodiverso debería tener una alimentación megabiodiversa. ¿Qué impacto tendría un aumento progresivo de la producción y consumo de cuy, pallares, chuño, camote, sachapapa, kiwicha y otros alimentos nativos que permitan reducir poco a poco la dependencia de las importaciones? Esto con una ventaja adicional: la dinamización de la economía de las familias campesinas.

Así pues, la agenda de la sostenibilidad ecológica es convergente con la de la seguridad alimentaria y energética, y la crisis actual debería abrir las puertas a ese debate de fondo.

07 de abril de 2022