8 de marzo: los retos de las mujeres ante el extractivismo (Editorial)

Editorial de CooperAcción

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es un día de celebración: es un día de lucha, un momento para visibilizar la lucha por la igualdad. En ese contexto, una de las problemáticas quizá menos visibles en el Perú es la de las mujeres que ven vulnerados sus derechos en el contexto de actividades extractivas.

Imagen: Nodal

Como sabemos, la economía del país es fuertemente dependiente del extractivismo: minería, hidrocarburos, pero también otras actividades extractivas como la pesca industrial son priorizadas por el Estado para generar renta y crecimiento económico, pero tienen diversos impactos ambientales y sociales en los territorios donde se realizan. De lo que no se habla tanto es de que esos impactos son diferenciados: no afectan de la misma manera a hombres y mujeres.

Estas diferencias e inequidades pueden observarse a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. Al inicio, en los procesos de conversaciones iniciales, consulta previa y mecanismos de participación ciudadana, así como en las negociaciones de venta de tierras o acuerdos de servidumbre, el protagonismo en la toma de decisiones corresponde, por lo general, a los varones. Ello se debe a que, en la mayoría de los casos, las mujeres no son titulares de la propiedad de la tierra ni son consideradas “socias calificadas” en las comunidades campesinas o indígenas, y por lo tanto su opinión, necesidades, problemas, intereses, no son considerados[1].

Según la ENAHO, del total de personas que trabajan la tierra y tienen propiedad, el 82% corresponde a los varones y sólo el 18% a las mujeres. Además, apenas un porcentaje pequeño (7%) de mujeres ocupa cargos comunales en el país[2]. En el caso de la gestión del agua, dicho sea de paso, solo el 6% de las Juntas de Usuarios de Agua para Riego son presididas por mujeres; mientras que a nivel local las Autoridades Administradoras de Agua no registran presencia de mujeres (0%) (Remy, coord. 2020).

Esta condición de inequidad estructural tiene como consecuencia que las mujeres en contextos extractivos se ven afectadas por decisiones que transforman por completo las dinámicas locales, pero en las cuales no han participado o no han tenido mayor poder de decisión.

En el período de construcción, se produce un crecimiento acelerado de las economías locales. La contratación de mano de obra en esta fase abre la oportunidad para que los sectores con más recursos inviertan para producir bienes y servicios que son adquiridos por las empresas extractivas y las empresas contratistas. Se construyen hoteles, restaurantes, se instalan lavanderías, farmacias, peluquerías, sastrerías, llegan las agencias bancarias. Esta dinámica puede durar entre dos o tres años, aunque depende de la magnitud del proyecto. En estas actividades, en particular en el sector servicios, las mujeres tienen mayores oportunidades de empleo, pero los salarios son más bajos en comparación a los de los varones. La tendencia estructural de brecha salarial entre hombres y mujeres se traduce, en esta fase, en que las mujeres tienen menos oportunidades de capturar la renta generada por la inversión extractiva, lo que refuerza y amplía las inequidades preexistentes.

En el período de explotación, en tanto, se reduce drásticamente la fuerza de trabajo empleada por la empresa extractiva, se contrata mano de obra con altos niveles de especialización, se reduce la mano de obra no calificada y en particular se reduce la contratación de mujeres. En el Perú, la participación laboral de las mujeres en el sector minero es apenas de 6%[3].

En tanto, en esta fase las mujeres son quienes más cargan con algunas de las consecuencias de la actividad extractiva en el territorio. Por ejemplo, debido al incremento del costo de vida que genera el ingreso de las actividades mineras en un territorio, las mujeres se ven en la obligación de incorporarse a trabajos que les generen ingresos económicos adicionales para su supervivencia y la de sus familias, lo cual se suma a sus labores de rol de cuidado cotidiano[4]. En muchos contextos, es común el incremento de la venta y consumo de alcohol, lo que suele incidir en la violencia familiar; además, la presencia de mano de obra masculina con capacidad de gasto incentiva negocios como la prostitución, asociada a la trata de personas.

En los contextos en que se produce contaminación, la labor de cuidado tradicionalmente vinculada a las mujeres lleva a que ellas carguen con la mayor parte del problema. Por ejemplo, si las fuentes de agua se contaminan, a raíz de un derrame petrolero, derrame de relaves o algún evento similar, es más probable que sean las mujeres quienes tengan que hacerse cargo de desplazarse para conseguir agua limpia, pues con frecuencia son las mujeres y niñas las principales usuarias, proveedoras y gestoras del agua en sus hogares (ONU Mujeres, 2018). En promedio, cuando no hay agua en la vivienda, la carga para conseguir agua se distribuye de manera desigual: 72% mujeres y 28% hombres (24% adultos y 4% niños) (BID, 2016).

De igual manera, en los casos en que la contaminación incide en la aparición de enfermedades, como ocurre en las más de 10 regiones afectadas por contaminación con metales tóxicos en el Perú, el trabajo de cuidado de los enfermos es más probable que recaiga en las mujeres.

Por último, tanto en contextos de resistencia como en los de coexistencia con actividades extractivas se producen conflictos de carácter socio ambiental. En respuesta a los mismos, los Estados implementan diferentes estrategias que tienen el denominador común el criminalizar las protestas de la población. En este contexto, las mujeres son muchas veces el blanco de la violencia de género, tanto desde el Estado como de las empresas, configurándose procesos de violencia institucional, violencia física, violencia sexual, estigmatizaciones y hostilización contra las mujeres defensoras ambientales, entre otras afectaciones[5].

Así pues, en contextos extractivos pueden reforzarse las brechas preexistentes. Desde una mirada interseccional, la lucha por la igualdad en contextos extractivos debe considerar un conjunto de discriminaciones y vulneraciones que se entrecruzan: la exclusión histórica de las mujeres en la toma de decisiones sobre el territorio, las desigualdades persistentes en el trabajo de cuidado, las transformaciones en las dinámicas económicas locales y familiares, los impactos ambientales y en la salud, las diversas violencias que viven las mujeres en contextos extractivos. Para abordar la complejidad de los conflictos socioambientales, pues, es indispensable incorporar de manera transversal el enfoque de género, tanto desde el Estado, las empresas y las organizaciones sociales e instituciones de sociedad civil.

En este escenario complejo, las mujeres vienen asumiendo en el Perú un importante liderazgo en defensa de sus territorios y de la naturaleza. Mujeres de gran coraje como Máxima Chaupe en Cajamarca, Ruth Buendía en Junín, Melchora Surco en Espinar, Virginia Pinares en Apurímac, Agostina Mayap en Amazonas, las mujeres de la histórica Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande (ADIMTA) en Piura, Yolanda Zurita y otras mujeres líderes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, entre otras muchas defensoras ambientales, son mujeres que nos inspiran y a las que rendimos desde aquí un homenaje en solidaridad con su lucha.

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[1] Julia Cuadros: “Impactos del extractivismo en las mujeres de América Latina”. En: Revista Pulso Ambiental.

[2]https://wayka.pe/el-problema-de-la-mujer-y-la-tierra-por-kely-alfaro/

[3]https://energiminas.com/participacion-de-mujeres-en-mineria-peruana-es-6-4-en-canada-y-australia-ronda-el 20/#:~:text=En%20la%20mediana%20y%20gran,hombres%20y%209.62%25%20son%20mujeres.

[4] https://cooperaccion.org.pe/juntas-contra-todas-las-violencias-en-el-sur-andino/

[5] Rocío Silva Santisteban: “Mujeres y conflictos ecoterritoriales: impactos, estrategias, resistencias” (2017).

08 de marzo de 2021