OEFA impuso medidas administrativas a Glencore por contaminación en Espinar

Se realizó presentación de un informe elaborado por CooperAción y Oxfam que analiza la contaminación ambiental causada por el proyecto minero Antapaccay de Glencore.

De acuerdo con la resoluciones N° 00144-2023-OEFA/DSEM y N° 00142-2023-OEFA/DSEM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso medidas administrativas a la compañía minera Antapaccay debido a que sus operaciones estarían afectando la salud de los pobladores de Espinar (Cusco) y afectando el ecosistema. La sanción fue impuesta el último 16 y 21 de agosto de este año.

Precisamente, CooperAcción y Oxfam presentaron el informe “Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos», Asimismo, acompañaron la presentación algunos representantes de las comunidades indígenas quechuas y k’ana.

Maia Campbell, Coordinadora de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el Perú indicó que es necesario que las empresas que realicen proyectos extractivos, aseguren que sus actividades respeten los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, incluyendo la debida diligencia.

“Si bien los Estados son los responsables últimos de velar por el respeto a los derechos humanos, varios marcos de regulación y autorregulación que rigen la responsabilidad empresarial, reflejan actualmente una interpretación muy extendida de las funciones que pueden desempeñar las empresas tanto en la violación de derechos humanos con impactos negativos, como en el cumplimiento de los mismos. Los principios rectores de las Naciones Unidas especifican que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos “, destacó Campbell.

Este estudio, que fue elaborado por CooperAcción y Oxfam, analiza los informes del OEFA (Informe n.º 0438-2022-OEFA/DEAM-STEC (OEFA, 2022) y el n.º 00064-2023-OEFA/DEAM-STEC), sobre la calidad del aire, que confirman que las emisiones de material particulado PM10, provenientes de las actividades de la mina, superaron repetidamente los estándares de calidad ambiental permitidos, poniendo en evidencia los riesgos significativos para la salud de personas de trece comunidades de la región Espinar, quienes se encuentran expuestas a niveles alarmantes de metales pesados.

“Lo que buscamos es no solo socializar las evidencias de este informe sino además abrir espacios de diálogo con autoridades europeas, financistas de la empresa Glencore, entre otros actores y que implicará la participación en una ruta de diálogo por siete países como Irlanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suiza para buscar respuesta a los resultados del informe”, destacó Miguel Lévano, Coordinador de Programa y Alianzas de Oxfam en Perú

En tanto, Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción señaló en relación a las comunidades de Pacopata y Huini Coroccohuayco que hubo “falta de transparencia sobre las dimensiones que la empresa necesita adquirir para sus operaciones. En la Modificatoria de Estudios de Impacto Ambiental (MEIA), la empresa declaró que necesitaba adquirir el 6% del territorio de la comunidad de Pacopata y en la negociación fue más del 80%, lo que pondría en riesgo su existencia”.

A su turno, Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K`ana de Espinar, dijo que vienen denunciando públicamente la delicada situación que viven, la cual afecta de forma grave sus labores ganaderas y agrícolas, así como la salud de sus familias.

“La presencia de la empresa minera es un problema muy grande para nosotros y ellos están avanzando. La contaminación está más fuerte, nuestra salud está seriamente afectada. Hay colectivos y asociaciones, pero las comunidades estamos totalmente abandonadas. Se mueren nuestros animales. ¿Con qué capital vamos a mantener la familia? Si el aire, el agua y la tierra están contaminados, a dónde vamos a ir. No es fácil irnos a otro lugar”. Alertó Merma.

Por su parte Ruth Luque, Presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú, también mostró su preocupación por el impacto ambiental de más de 35 años en la zona de Espinar, porque no ha significado un camino al desarrollo que esperarían las comunidades.

“El último informe de OEFA confirma lo que la población denunciaba desde hace mucho tiempo, que la empresa contaminaba y que el Estado no hacía nada. Eso ha sido negado permanente. Una negación sistemática que significa generar una lógica de impunidad. La población de Espinar no ha sido atendida y no se han solucionado sus demandas. Hay algunos desafíos que se plantean como el nivel de responsabilidades que tienen las empresas. Necesitamos que haya justicia y que la población sienta que sus compromisos y derechos sean garantizados”, destacó Luque.

Para CooperAcción y Oxfam, es fundamental garantizar la atención de estos derechos y evitar la impunidad. La presentación de este informe busca llamar la atención de otros actores en la comunidad internacional responsables de esta situación, ya que no es sólo un asunto del Estado peruano y de la empresa, sino un tema de responsabilidad de los Estados de donde provienen las inversiones y de sus financistas quienes tienen que ser responsables de sus inversiones y las afectaciones a las comunidades que pueden estar generando en países como el Perú.

Puedes descargar y leer el informe completo aquí: https://shorturl.at/gtxC9