Noticias – Organizaciones del Valle del Tambo se pronuncian contra criminalización (Boletín AMP #235, Enero 2019)

Las organizaciones sociales del Valle del Tambo (Arequipa) emitieron un pronunciamiento en el que rechazan los intentos de la empresa Southern Perú por sacar adelante el polémico proyecto Tía María, y denuncian la criminalización de la protesta social por parte del Gobierno.

“Hacemos un llamado al pueblo de Arequipa, la Macrosur y todo el Perú, para mantenernos alertas y vigilantes con el gobierno de Martín Vizcarra que junto a la minera Southern intentarán este año 2019 imponer una vez más Tía María y La Tapada”, señala el pronunciamiento.

“La minera Southern -por su parte- invierte millones de soles implementando toda una maquinaria de mentiras y desinformación a nivel regional y nacional para engañar y sorprender a la opinión pública señalando que el pueblo del Valle de Tambo en alto porcentaje acepta su proyecto”, añaden. “Nuestro Valle de Tambo, pueblo consciente y digno está convencido de su modelo de desarrollo que quiere tener en base a la agricultura”, recuerdan, agregando que el proyecto fue rechazado en la consulta popular realizada el 2009, así como en dos paros indefinidos.

Las organizaciones también rechazan la judicialización y criminalización de la protesta. “Esta criminalización de la protesta social apunta a descabezar y desarticular la respuesta cívica-social del pueblo del Valle de Tambo por parte del Estado Peruano, bajo el pretexto que los tambeños constituyeron una organización como el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, no como una organización social para la defensa de sus derechos, sino como una asociación ilícita para delinquir. Este argumento que carece de toda lógica elemental contraviene lo establecido en la Constitución que reconoce el derecho a la protesta y la libre asociación como derechos fundamentales de todo ciudadano, que todo estado democrático debe garantizar”, señalan.

“La Procuraduría  del Ministerio del Interior propone que los denunciados paguen por concepto de reparación civil más de 320 millones de dólares, que “solidariamente deben pagar” a quienes se les llegue comprobar y sentenciar de los delitos que se les imputa (disturbios, extorsión, motín, asociación ilícita para delinquir, etc.), cosa que es inaudito e inaceptable en un país donde aparentemente se respetan los derechos humanos”, agregan.