Noticias – Convenios entre Policía Nacional y empresas extractivas ponen en peligro derechos de la población (Boletín AMP #237, Marzo 2019)

¿A quiénes protege la Policía? Un informe revela que por más de 20 años, efectivos policiales han prestado servicios como agentes de seguridad privada de empresas extractivas. Ese conflicto de interés resultaría aún más grave en contextos de movilización social y protesta.Se trata de 138 convenios suscritos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y empresas extractivas entre 1995 y 2018. De ese total, son 29 convenios los que actualmente se encuentran vigentes.Estos han sido analizados en un informe realizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y EarthRights International.

Entre las empresas que contrataron a la PNP para recibir servicio de seguridad privada están la Minera Antamina, la Minera Yanacocha, la Minera Las Bambas, Doe Run, Petroperú y Southern.El informe identifica problemáticas que se derivan de los convenios entre la PNP y las empresas extractivas. Una de ellas es la privatización y mercantilización de la función policial: “La conducta discrecional de la PNP, que se arroga la capacidad de comercializar sus servicios, es arbitrara y, por tanto, insconstitucional a la luz del ordenamiento jurídico”, se señala.

Imagen :Servindi

Además, se precisa que “los convenios representan una actividad empresarial estatal no permitida”. Después de todo, como indica el informe, existen numerosas empresas privadas que podrían brindar seguridad a las empresas extractivas.El mayor impacto de los convenios entre la PNP y las empresas extractivas resulta ser la vulneración a la garantía de los derechos fundamentales. Se trataría de servicio policial comercializado en perjuicio del interés público.

Se resalta en el informe los casos en que existe un contexto de conflictividad social ambiental. Ahí resultan más afectados quienes “viven en las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos extractivos, y, de manera particularmente grave, a los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente”.

El privilegio económico y social de las empresas extractivas les permite obtener mayor seguridad, frente a las poblaciones que frecuentemente se oponen a los proyectos de estas empresas. Y el Estado, encargado de garantizar la seguridad ciudadana de todos los peruanos, termina operando a favor de las empresas mineras. Cáceres Llica: “Yo tengo que obedecer a mi pueblo… Tía María no va y no va” [VIDEO] Hoy se conmemora un año más de la gesta de resistencia y rechazo al proyecto minero Tía María. Autoridades participaron de Sesión Solemne en el valle de Tambo