NOTICIAS BOLETÍN AMP-MARZO 2022

1.Gobierno envía policías al corredor minero del sur

A mediados de marzo se reactivaron los conflictos en el corredor minero del sur, específicamente en los territorios de Yaurisque, Coporaque y Huancuire. A pesar de que el diálogo ha primado en las exigencias de las comunidades, el gobierno de Pedro Castillo, a través del Ministerio del Interior (Mininter), dispuso mayor presencia policial en el corredor minero del sur a fin de garantizar el orden público y el desarrollo económico en las regiones Apurímac y Cusco.

Así lo anunció el Mininter a través de un comunicado en el que precisa que el propósito es también garantizar el libre tránsito de todo tipo de vehículos y personas, y que no se afecten las actividades económicas.

La Policía informó a las comunidades aledañas a la vía sobre esta medida que busca garantizar el orden interno.

“Con el fin de garantizar el orden público y el desarrollo económico de las regiones Apurímac y Cusco, el gobierno dispuso mayor presencia policial en el corredor vial sur”, señala textualmente el comunicado.

Cabe señalar que el corredor minero del sur ha sido declarado en estado de emergencia reiteradamente por los gobiernos anteriores, incluso, en el 2015 y 2016, en Cotabambas, provocó la muerte de comuneros a causa de impactos de bala y perdigones.

 

2.Las Bambas: Trabajadores mineros iniciaron paro por pago de utilidades

Después de que el 25 de marzo la empresa minera llegó a consensos con las comunidades de Yaurisque y Coporaque en Cusco, se abrió un conflicto con sus propios trabajadores, quienes desde la mañana de del 26 de marzo iniciaron un paro de 24 horas exigiendo el pago de utilidades. En esta medida de lucha participaron más de 1600 trabajadores.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Minera MMG Las Bambas, informó el inicio de protestas en rechazo «a los montos» abonados por la minera por concepto de utilidades.

 «Nuestra empleadora ha efectuado dicho pago por primera vez, sin embargo, los montos abonados no cubren las expectativas lo que resulta incomprensible para los trabajadores es la nula predisposición e iniciativa de la empresa para compensar estas cifras «, señalaron en un comunicado difundido por las redes sociales.

Comunicado del Sindicato de Trabajadores de la empresa Las Bambas

Por tanto, el sindicato cuestiona la poca predisposición de la compañía minera para cambiar esta situación, sobre todo, cuando Las Bambas estuvo acogiéndose, desde el 2016, a beneficios tributarios para no pagar utilidades.

Eric Ramos, dirigente de los trabajadores, denunció en el Diario La República que muchos de sus compañeros dejaron de trabajar porque se contagiaron de la COVID-19 en la propia mina, también recordó que en toda esta pandemia han trabajado en condiciones adversas.

 

3.Cusco: Comunidades de Yaurisque y Coporaque logran compromisos de minera Las Bambas

Las comunidades de Yaurisque (Paruro) y Coporaque (Espinar) consiguieron que la empresa minera MMG Las Bambas asuma compromisos para atender sus demandas. Los acuerdos fueron consecuencia de reuniones que se realizaron el 25 de marzo en los respectivos territorios.

En el caso de Paruro, la empresa y el Gobierno Regional de Cusco se comprometieron a disponer maquinaria desde hoy para hacer trabajos de rehabilitación en la vía afectada por el paso de los camiones mineros. El espacio de diálogo se llevó a cabo en la zona de Pomate y contó con la participación de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la empresa minera Las Bambas, INDECI, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Municipalidad Distrital de Coporaque, Frente Único de Defensa de los Intereses del Distrito de Coporaque (FUDIC), entre otros funcionarios.

Además, INDECI apoyará a la Municipalidad Distrital de Yaurisque en la sustentación del pedido para declarar en estado de emergencia las vías de esta jurisdicción, mientras que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) coordinará con el Instituto Geofísico del Perú (IGP) la elaboración y presentación del informe de vibraciones que se registran en zona, provocados por los vehículos mineros.

Por otro lado, en el caso de Coporaque, Las Bambas se comprometió a entregar este año un aporte de dos tractores agrícolas.

Además, este año y en 2023 aportará S/1 millón anuales para proyectos que beneficien al distrito espinarense. En 2023 habría una nueva reunión para definir el aporte que corresponderá al 2024.

Con estos acuerdos, las comunidades que mantenían bloqueadas algunos puntos del corredor minero del sur, decidieron suspender las protestas, permitiendo el uso de la carretera a los encapsulados de la empresa minera en mención.

 

4.Las Bambas: comunidad de Chuicuni levanta bloqueo en corredor minero del sur

Después de una reunión realizada el 18 de marzo, funcionarios de la empresa minera MMG Las Bambas y la comunidad de Chuicuni, distrito de Challhuahuacho (Apurímac), llegaron a consensos, y por tanto los dirigentes comunales levantaron el bloqueo del corredor minero del sur, que había empezado el 14 de marzo.

Según el acta, difundida a través de las redes sociales, la empresa minera se “compromete a promover oportunidades laborales para los comuneros, cuya lista se presentará este 21 de marzo”; asimismo la minera aceptó “reanudar la construcción de caminos comunales en junio (principios del mes)” y “el entrenamiento de operadores cuando cesen las restricciones por la pandemia de la COVID-19″.

Cabe señalar, que este mes los conflictos en el corredor minero del sur se han mantenido vigentes, en Cusco, en la comunidad de Urinsaya (Espinar), y la segunda, en la comunidad de Chuicuni en Apurímac. Sin embargo, ambos conflictos se han canalizado en una tregua por parte de las comunidades.

5.Áncash: Comunidad de Chayhuallaco suspende protestas contra minera Antamina

Al finalizar la tarde del 16 de marzo, pobladores del centro poblado de Challhuayaco en la región Áncash, decidieron suspender su medida de protesta en contra de la compañía minera Antamina, luego que la prefecta regional se comprometió a gestionar una reunión con el mismo presidente Pedro Castillo.

Sin embargo solo brindaron un plazo de una semana para que se instale una mesa de diálogo. Según Julio Rímac Damián, presidente del Comité de Defensa del Medio Ambiente, luego de esta reunión se deberá instalar una mesa de diálogo en coordinación directa con la Presidencia del Consejo de Ministros, Antamina y los otros involucrados en esta problemática.

Las comunidades denuncian que la actividad extractiva estaría desapareciendo diferentes fuentes de agua de sus territorios. Además cuestionaron a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, por no dar viabilidad a la reunión programada para el pasado martes 15 de marzo.

En caso no se dieran resultados, los comuneros advirtieron que retomarán las protestas, bloqueando las vías que usa la empresa minera en mención.

 

6.Las Bambas: representantes de Apurímac discrepan con premier Anibal Torres

El 14 de marzo el presidente del Consejo de Ministros, Anibal Torres, instaló la mesa técnica “Vías para el desarrollo territorial de Apurímac”, acompañado por los ministros de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, de Energía y Minas, Carlos Palacios, y del Ambiente, Modesto Montoya. La reunión se realizó en la misma región.

Sin embargo, el acta no fue firmada por los representantes apurimeños en señal de rechazo, pues cuestionaron a Torres por no respaldar su posición en torno al corredor minero y el proyecto Las Bambas. En la reunión también participaron el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, y los alcaldes provinciales de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.

Los representantes de Apurímac exigen que se niegue a las comunidades cusqueñas ser declaradas como área de influencia directa social y ambiental de Las Bambas. Los dirigentes acordaron dar un plazo de 10 días al Poder Ejecutivo para dar respuesta a su petitorio, y exigieron una nueva reunión con el premier en el distrito de Challhuahuacho.

A través de un pronunciamiento, los representantes apurimeños declaran la intangibilidad del canon minero y las regalías del proyecto minero ‘Las Bambas’ exclusivamente para su región. Además exigen que se aplique el Estado de derecho y se libere el corredor minero en la zona de Urinsaya (Espinar). Cabe señalar que no es la primera vez que las autoridades de Apurímac hacen este tipo de pedidos, pues consideran que con las protestas existen afectaciones económicas para las comunidades que se benefician con la actividad minera.

Por su parte Anibal Torres argumentó que la represión no será el camino para resolver el conflicto social. “¿Qué significa aplicar la ley?, mandar policía, al Ejército, meter bala a los huelguistas. Hemos resuelto el conflicto de Ccapacmarca con el diálogo”, señaló. Sobre el pedido de las regalías, Torres sostuvo que esa demanda está enmarcada en la norma y sólo el Congreso podría variarla.

Otro reclamo de los apurimeños es que se viabilice un nuevo corredor minero que no incluya a Cusco. “Impulsar la ejecución del nuevo corredor trasandino, como alternativa de desarrollo y potenciamiento de las provincias altas de Apurímac”, señalaron textualmente.

Finalmente, Torres Vásquez garantizó que continuará el diálogo con las autoridades de Apurímac, tanto en Lima como en la misma región.

 

7.Hija de Máxima Acuña denuncia ataques a cultivos por parte de minera Yanacocha

La familia de la defensora ambiental Máxima Acuña denunció recientemente por las redes sociales que su familia habría sido víctima de una nueva agresión por parte de la empresa minera Yanacocha, que habría destruido algunos de sus cultivos.

La denuncia la realizó Isidora Chaupe, hija de Máxima Acuña y fue recogida en una reciente publicación de la institución Grufides de Cajamarca. Cabe recordar que Máxima Acuña tiene un proceso judicial desde hace varios años con la empresa minera Yanacocha por los límites de sus tierras aledañas a la minera. En todo ese tiempo, existen denuncias de actos de violencia y acoso por parte de la minera a la defensora y su familia.

Isidora Chaupe señaló que Yanacocha habría destruido sus cultivos y sus plantas de pino de 4 años de edad en su terreno de la zona conocida como Tragadero Grande.

«La maldad de Yanacocha, el día sábado 26, domingo 27 y lunes 28 de febrero del 2022, al más estilo inhumano salvaje, destrozaron los cultivos, sembríos de papas y plantones de árboles de pinos de 4 años de edad”, denunció Chaupe.

Asimismo dijo que “ponemos nuestra denuncia ante los hechos del mundo lo que minera Yanacocha y sus secuaces trabajadores hacen con los cultivos y sembríos, con la comida, con los árboles que son los que debemos hoy más que nunca cuidarlas como seres humanos inteligentes, no se trata de ser anti o prominero, se trata de respeto, valores, cuidado y protección del planeta”.

Chaupe señaló que esto demostraría una actitud prepotente contra los más humildes y débiles por parte de la empresa minera. Además de reiterar que su familia seguirá luchando, buscando justicia, paz y tranquilidad.

 

8. Cuatro defensores ambientales asesinados en una semana

Desde que se inició la pandemia, 17 defensores ambientales han sido asesinados en el país. Los últimos casos han sido los asesinatos de Juan Fernández, defensor de la reserva de Tambopata, en Madre de Dios, ocurrido el pasado 21 de marzo, Juan Antaihua Quispe, su esposa Nusat Benavides de La Cruz y Gemerson Pizango Narvaez en la vía que conecta Puerto Sungaro con varias comunidades, en la selva de Huánuco.

Todos estos casos están vinculados a la presencia de actividades ilegales que siguen presionando nuestros bosques amazónicos. Mafias vinculadas a actividades de como la tala, el narcotráfico y la minería ilegal, son las que presionan a comunidades y pueblos indígenas en varias zonas del país.

Debemos recordar que en nuestro país no se ha ratificado el Acuerdo de Escazú -que es como se le conoce al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe-. Como se sabe, el Acuerdo de Escazú da especial atención a la protección de los defensores ambientales, como respuesta al número creciente de asesinatos a activistas ambientales en la región: el 60% de fallecidos por conflictos socio ambientales en el mundo ocurren en América Latina. Además, Escazú busca fortalecer tres derechos fundamentales: (1) el acceso a la información ambiental, mediante el cual las personas podrán ejercer su derecho a estar informadas; (2) el derecho a la participación pública y; (3) el acceso a la justicia ambiental.

Debería ser una obligación del Estado peruano proteger a los defensores ambientales que de manera solitaria siguen luchando para proteger nuestros bosques primarios amazónicos, diversos ecosistemas en riesgo y que se enfrentan a diversas mafias.

 

9.- A sangre y fuego retornan mineros ilegales a Madre de Dios

Cuando los mineros ilegales asesinaron a balazos al defensor de los bosques Juan Fernández Hanco, el domingo 20 de marzo, marcaron con sangre y fuego su regreso a un territorio del que habían sido expulsados.

En 2011, organizaciones criminales dedicadas a la explotación minera ilegal invadieron terrenos dedicados a la reforestación entre los kilómetros 104 y 106 de la Carretera Interoceánica, en el centro poblado de Nueva Arequipa, ubicado en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios. En 2019, las fuerzas desplegaron y ejecutaron la Operación Mercurio y erradicaron a las mafias de invasores que se imponían con amenazas y violencia.

Pero en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, ante la ausencia de las fuerzas de seguridad en la zona, los delincuentes reaparecieron con más fuerza y decisión. La familia Fernández, afectada por los invasores, comunicó a las autoridades de la presencia de los mineros ilegales en zonas destinadas a la reforestación de la reserva nacional de Tambopata. Volvieron más agresivos, más violentos y más resueltos a imponer su propia ley. En setiembre del 2021, un contingente de la policía ingresó a Nueva Arequipa y expectoró a los mineros ilegales. Desde entonces, estos delincuentes juraron vengarse de la familia Fernández.

En la noche del domingo 20 de marzo, cumplieron con sus amenazas y asesinaron a Juan Fernández Hanco, quien contaba con terrenos destinados a la reforestación en la zona de amortiguamiento de la reserva nacional de Tambopata. Juan Fernández era un defensor de los bosques que se oponía a las organizaciones criminales de los mineros ilegales.

“En setiembre del año pasado fuimos a una de las pozas de los mineros ilegales y era del tamaño de una cancha de fulbito donde operaban tres balsas que extraían oro. Aquella vez destruimos las balsas, aunque no se pudo determinar a quiénes pertenecían. En diciembre volvimos a ingresar a la misma zona y constatamos que el lugar de explotación ya no era del tamaño de una canchita de fútbol, sino de un estadio y las balsas se encontraban pegadas unas a otras como si fueran puestos de un mercado”, relató una fuente policial que labora en el área.

En la parte que correspondía al predio de la familia Fernández, la policía encontró 11 balsas operando, lo que para las autoridades significa que en el lugar trabajaban alrededor de 60 personas, entre mineros y “campanas” (soplones). “Reventamos todas las balsas, pero ya las deben haber repuesto, porque son muy rápido”, dijo la fuente policial que intervino en las operaciones.

Como parte de la Operación Mercurio, se instaló una base de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) en Nueva Arequipa. Pero, luego, con la reducción del presupuesto destinado a la lucha contra la minería ilícita en Madre de Dios, el puesto fue desactivado. Fue una excelente noticia para las organizaciones criminales.

“El Operativo Mercurio tuvo un alto presupuesto porque participaron entre 300 y 400 efectivos que golpeaban de manera simultánea en diferentes sectores. Ahora entramos entre 60 a 80 efectivos como máximo, entre policías de medioambiente, de la región Cusco, Dinoes, Dicosmin y el apoyo del Ejército. No son operativos contundentes y no tenemos capacidad operativa para golpear diferentes sitios a la vez”, indicó la fuente policial.

(Tomado de La República)

 

10.Tres años y aún no hay sentencia sobre mina que amenaza agua de Lima

El 22 de marzo se recordó el Día Mundial del Agua, pero siguen en riesgo las fuentes de agua para diez millones de ciudadanos de Lima y Callao a causa del proyecto minero Ariana, ubicado en Junín. La concesión de este proyecto se superpone al sistema hídrico de Marcapomacocha y se ubica a 500 metros de distancia del túnel trasandino por el que pasa el 60% del agua que abastece a la capital. El Poder Judicial, hasta el momento, no ha dictado sentencia sobre la demanda presentada por ciudadanos de Lima en el año 2019 en contra de dicho proyecto.

La mina Ariana es un riesgo para la población de Lima y Callao. La posibilidad de que un evento imprevisto -como un sismo, lluvias intensas o un accidente- cause el colapso de la presa de relaves tóxicos significaría, muy probablemente, un corte del abastecimiento de agua potable para la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes. Debido a que las presas donde se acumulan los relaves quedan emplazados en el lugar, el riesgo permanecerá por generaciones aún cuando la empresa minera ya se haya ido del país. Los informes de Sedapal, la empresa de agua potable de Lima y Callao, así como el informe técnico independiente presentado por el especialista internacional Steve Emerman demuestran que el riesgo existe.

La empresa a cargo del proyecto, Southern Peaks, también fue operadora de Compañía Minera Quiruvilca, proyecto ubicado en La Libertad. Durante sus años de operación, la unidad minera recibió diversas sanciones por parte del Oefa (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), y finalmente, cuando se acercaba el momento de cierre de operaciones, la mina fue vendida y luego abandonada por los nuevos propietarios, lo que ha causado que el río Moche sea declarado en emergencia ambiental por la contaminación con aguas ácidas provenientes de los relaves de Quirivulca. “El proyecto Ariana preocupa aún más cuando uno ve los antecedentes de la empresa”, puntaliza Jose De Echave, coordinador del Programa Nacional de CooperAcción.

El 2019, un grupo de ciudadanos de Lima, junto con el acompañamiento técnico y legal de CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal (IDL) presentaron una demanda de amparo ante el sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima Centro. El año 2021, Sedapal solicitó ser incluido en el proceso judicial como demandante, lo que fue aceptado por el juzgado al ser parte interesada en la protección de las fuentes de agua para el abastecimiento de la capital. Pese a que hasta la fecha se han realizado tres audiencias y ya se han escuchado los argumentos tanto de la empresa como de la parte demandante, han transcurrido tres años y aún no hay sentencia.

Este caso muestra las persistentes amenazas al derecho al agua a causa de la expansión ilimitada del extractivismo, consideró De Echave. Frente a ello, es urgente avanzar en instrumentos pendientes para la protección de las fuentes hídricas, tales como la tantas veces postergada Ley de Ordenamiento Territorial y la delimitación de cabeceras de cuenca, consideró.

 

11.Afectados por contaminación con metales tóxicos culminan primer Congreso Nacional

Los días 14 y 15 de marzo se llevó a cabo el primer Congreso de la Plataforma de Afectados y Afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. En este importante congreso, líderes y lideresas de 14 regiones compartieron la realidad de la contaminación que sufren en sus territorios y consensuaron estrategias para exigir que el Estado atienda sus demandas.

Además, la Plataforma eligió una nueva junta directiva, conformada por cuatro dirigentes de distintas regiones, quienes los representarán por los siguientes dos años. La junta es presidida por Félix Suasaca, de Puno, y es integrada también por Elsa Benavente, de Huancavelica, Paulina Valdiviezo, de Cajamarca y Milton Saquiray, de Loreto.

Este congreso se organizó con el objetivo de fortalecer y empoderar a la plataforma, teniendo en cuenta los procesos locales y regionales y las normas nacionales que han logrado, tales como el Plan Nacional Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, y la Ley 31189 (Ley para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados). Todo ello con el fin de garantizar una adecuada implementación para atender los efectos de la contaminación como problemática de salud pública de la población nacional.

Este primer Congreso contó con la presencia de dirigentes, voceros y voceras de los departamentos de: Amazonas, Ancash, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima provincia, Loreto, Moquegua, Pasco y Puno.

Durante estos dos días de Congreso, se realizó la presentación de la situación que viven actualmente los afectados y las afectadas de cada región. Cada defensor expuso los avances, dificultades y desafíos que presentan actualmente sus zonas.

Asimismo, la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, grupo de instituciones de la sociedad civil que brinda apoyo técnico a la Plataforma, dio cuenta de los logros y avances en materia de salud ambiental y humana referida al Plan Especial Multisectorial.

El Congreso tuvo como invitada a la expremier Mirtha Vásquez, quién destacó la aprobación del Plan Especial Multisectorial (PEM), y del presupuesto aprobado de 50 millones para este año 2022 para la atención de los afectados por metales tóxicos. Así mismo se comprometió en acompañar a la plataforma en la lucha para seguir avanzando por un país sin contaminación.

El Congreso Nacional también contó con la presencia de representantes de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y del Ambiente. Así mismo, de la Defensoría del Pueblo.

La congresista Ruth Luque también asistió al evento y en una breve exposición a los participantes del Congreso Nacional,  indicó: «Hemos solicitado información al Ministerio de Salud sobre cómo se está implementando los 50 millones que se aprobaron para este 2022 para lograr la atención descentralizada a las y  los afectados por metales tóxicos”.

Las defensoras y defensores representantes de 14 regiones del Perú culminaron el I Congreso Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos con un principal desafío: que el gobierno implemente el Plan Especial Multisectorial de manera participativa y descentralizada con la organización de los afectados y afectadas por metales tóxicos.

 

12. Gremios empresariales piden “solución” a conflictos mineros

A través de un comunicado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) pidieron al Gobierno “dar una pronta solución y tomar las medidas que le otorga la Constitución y las leyes para recuperar el orden público y la paz social, proteger los derechos fundamentales de las personas y de la actividad empresarial”.

Esto a raíz de las protestas contra Cuajone en Moquegua, así como los conflictos en el corredor minero sur andino, la paralización de Atacocha en Pasco, entre otros casos recientes.

“Desde nuestras organizaciones reconocemos que si bien la protesta es un derecho, esta debe ser ejercida siempre dentro del marco legal vigente, sin acciones de violencia que afecten los derechos humanos de la población afectada y sin ser utilizada como una forma de extorsión”, señala el comunicado.

 

13. Las Bambas: sin consulta previa, autorizan desarrollo del tajo Chalcobamba

La minera china MMG informó que el gobierno peruano aprobó la autorización para el inicio de operaciones de su nuevo tajo Chalcobamba. La empresa espera que el desarrollo de Chalcobamba, que contempla una inversión de US$ 130 millones, sustente un aumento de la producción en Las Bambas a unas 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año.

Sin embargo, la comunidad de Huancuire a través de un comunicado ha denunciado la ausencia de consulta previa, libre e informada, a la cual tiene derecho según la legislación nacional e internacional. “El 12 de agosto del año 2021, y luego de constantes reclamaciones por parte de la Comunidad de Huancuire, el Estado peruano (OGGS-MINEM) dispuso el reinicio del proceso de consulta previa al tajo Chalcobamba, acuerdo formalizado en el acta suscrita con nuestra Comunidad. (…) Nuestra Comunidad entendía que el MINEM no otorgaría la Autorización de Inicio de Actividades (AIA) para el tajo Chalcobamba hasta que cumpla con realizar la consulta previa a Huancuire (…). Lamentablemente, hemos tomado conocimiento que, a nivel nacional y mundial, se viene informando que la Dirección General del Minería del MINEM habría decidido otorgar el AIA al tajo Chalcobamba, consolidando con ello (…) la violación de nuestro derecho fundamental a la consulta previa”, señalan en el comunicado.

Cabe agregar que esta autorización se da luego de que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) otorgara en febrero la conformidad al “Tercer Informe Técnico Sustentatorio de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Las Bambas”, presentado por Minera Las Bambas SA. Gracias a este ITS, Las Bambas invertirá US$782 millones en una serie de nuevos desarrollos, entre ellos la ampliación del tajo Ferrobamba y el desarrollo del tajo Chalcobamba.

Durante la vida útil del tajo Chalcobamba, estimada entre los años 2022 hasta el año 2033, se extraerá un total de 210 millones de toneladas de mineral, y un total de 259 millones de desmonte.

Debido a la entrada de un nuevo tajo en la operación, Las Bambas también proyecta ampliar la capacidad de la planta de procesamiento de 145,000 Tn/d a 152,250 Tn/d e introducir mejoras y nuevos equipos.

Cabe indicar que este es el tercer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) utilizado para cambiar la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de esta operación. En total, a la fecha, Las Bambas ha realizado numerosos cambios a sus estudios ambientales, teniendo por lo menos tres modificatorias de EIA y seis ITS. A juicio de CooperAcción, esto fragmenta la evaluación ambiental y dificulta la fiscalización.

 

14.- El conflicto en Moquegua

Como se sabe, a finales de febrero estalló un nuevo conflicto entre agricultores de Moquegua (en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto) y la empresa Southern, dueña de la mina de Cuajone. Los comuneros denuncian que Southern ha ocupado de forma ilegal los terrenos de su propiedad, mientras que la empresa minera sostiene que los reclamos no tienen  sustento y que desde el año 1951 tiene los derechos superficiales vigentes que son parte de sus concesiones mineras, así como derechos de servidumbre respecto de su infraestructura (línea de agua, reservorio, ferrocarril, líneas de transmisión eléctrica, carreteras, etc.).

Al cierre de esta edición se informó que trabajadores de la empresa Southern se estaban organizando para recuperar el reservorio de agua de Cuajone que había sido tomado desde el 28 de febrero por las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala.

Se espera que esta disputa pueda encaminarse por la vía pacífica y de diálogo y que no se produzcan enfrentamientos entre las comunidades y los trabajadores de la empresa minera.

 

15.- Minería ilegal amenaza a pueblos indígenas y reservas naturales en la Amazonía

El Relator de la ONU sobre desechos tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, se reunió con líderes y lideresas de pueblos indígenas de la Amazonía, así como representantes de instituciones preocupadas por los impactos de la minería ilegal en la Amazonía Peruana, durante su reciente visita al Perú.

En dicho encuentro, Óscar Chingkun, líder awajún y jefe de la comunidad Nuevo Kanan en el Cenepa, Amazonas, denunció la existencia de 20 dragas de minería ilegal en el río Cenepa, y pese a los pedidos al Estado para que intervenga, no obtienen respuesta.

Por su parte Augostina Mayán, lideresa awajún y miembro de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), manifestó que la minería ilegal aumentó con la pandemia, lo que los llevó a realizar su propia “interdicción awajún”, acción que los puso en riesgo, pues se convirtieron en blanco de amenazas por parte de mineros ilegales. 

Para el territorio wampís, ubicado al norte de Perú en las regiones Amazonas y Loreto, la realidad no es distinta. Durante la reunión, el pamuk del Gobierno Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), Teófilo Kukush, mencionó que, debido a los intereses de las empresas y el peligro de la crisis climática, han declarado el no ingreso a las petroleras, madereras y mineras.

“Pedimos que respeten nuestro derecho de gobierno, y les decimos a las mineras y petroleras que salgan, necesitamos proyectos sostenibles”, señaló el pamuk del GTANW.

El líder wampís, Ruyer Shimpukat, resaltó la contaminación transfronteriza que sufre el territorio wampís y que genera gran impacto a la población y la naturaleza. Asimismo, pidió al relator de la ONU que traslade sus demandas a nivel internacional.

En tanto, el especialista en Gestión Participativa y Vigilancia Comunal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp), Johny Díaz Alva, denunció la existencia de ‘pequedragas’ de minería ilegal en las cuencas del río Nanay en Iquitos, los cuales contaminan flora y fauna.

El funcionario de Sernanp alertó de los peligros que corre la cuenca del río Nanay y sus reservas naturales, ya que, durante supervisiones de actividades ilegales en la zona con guardaparques en civil, se detectaron 33 dragas.

A su vez, Josías Inuma Rengifo, vicepresidente de comunidades nativas de Puerto Inca (Huánuco) de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), denunció los impactos de la minería ilegal en su territorio y la salud del pueblo Shipibo Conibo.

La Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), que protege a 7 pueblos indígenas, 37 comunidades nativas, una reserva comunal y pueblos en aislamiento voluntario, también estuvo presente indicando los impactos de la minería ilegal en territorio indígena y PIACI.

En tal sentido, la FENAMAD señaló que desde el Estado Peruano no se promueven espacios de diálogo y participación con las organizaciones indígenas para afrontar la contaminación del mercurio en Madre de Dios, por lo que la organización se ve obligada a asumir la defensa del derechos a la salud y la vida de las comunidades indígenas, cuando en realidad debería ser el Gobierno quien los proteja.

Tras escuchar las problemáticas respecto a la minería ilegal en distintas zonas de la Amazonía, el relator de la ONU señaló que los testimonios serán recogidos en el informe que viene elaborando, pero también pidió a los líderes y lideresas que envíen mayor información sobre los impactos de esta economía ilegal en sus territorios.

“Hago un llamado abierto a presentar contribuciones que den cuenta de una problemática en sus territorios a través de la página del Alto Comisionado. (…) De esa forma, también en el informe puedo referirme a estas situaciones, muchas veces el Estado responde a ello”, puntualizó el relator de la ONU.