NOTICIAS- BOLETÍN AMP 275- MAYO 2022

Lo ocurrido en el campamento minero de Ares y el avance de la actividad informal

Con las actuales cotizaciones de metales de base, como es el caso del cobre, también se ha vuelto rentable la explotación a pequeña escala e informal de este metal. Es por eso que en varias zonas, comunidades enteras, más los retornantes y otros que llegan a los territorios, han comenzado a desarrollar explotación informal de cobre.

Es el caso de un número cada vez mayor de comunidades en varias provincias de Apurímac y también del Cusco, Puno, entre varias otras regiones. Si bien este es un proceso que tiene antecedentes en períodos previos de incremento de cotizaciones, es importante remarcar el avance de esta actividad en los últimos años en varias regiones.

Una de las grandes diferencias con la explotación informal de oro, es que en el caso del cobre y en regiones como Apurímac o Cusco, este tipo de minería se topa con zonas que ya han sido concesionadas por empresas minerales formales, incluso grandes empresas transnacionales y en estos escenarios de genera tensión y disputa por áreas de explotación. Esto es lo que aparentemente ha pasado en el campamento del proyecto Azuca, de la empresa minera Ares (filial de Hochschild Mining) que, según la denuncia, fue quemado y destruido el pasado 16 de mayo por mineros informales. LA empresa ha tratado de definir la situación que se vive en la zona: “no se trata de un conflicto social, sino de un acto ilícito que tiene como único objetivo tomar el control de las concesiones mineras del proyecto Azuca para realizar minería ilegal”.

Situaciones similares de tensión entre mineros informales y titulares de concesiones y proyectos en desarrollo, se viven en provincias como Cotabambas y Grau en Apurímac, Chumbivilcas y Espinar en Cusco, entra varias otras. Hoy en día, la minería informal ya no es exclusividad de los productores de oro y comienza a ser motivo de tensión y de disputa con las propias empresas mineras formales.

 

Las Bambas: un conflicto casi permanente

Luego de varios intentos fallidos de diálogo en la zona, las negociaciones se trasladaron a Lima en la última semana. Las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Chuicuini, Choaquere, Chila y Pumamarca, llegaron a reunirse con varios ministros y, sobre todo, con el presidente Castillo.

Como se sabe, en el último intento de encontrar una solución, el titular de la PCM llegó la semana pasada a zona, sin embargo su tardanza y un pésimo manejo de la situación, provocó el fracaso de este intento de diálogo con las comunidades en la zona de Pumamarca. Las comunidades afectadas por la represión de la empresa y la policía, presentaron ante el PCM Aníbal Torres todos los proyectiles y residuos de bombas, perdigones y balas que pudieron recoger durante los días de conflicto.

Por su parte Torres anunció que el gobierno estaba dispuesto a levantar el estado de emergencia, solo si las comunidades suspenden las protestas. Lugo de esto, el titular de la PCM se retiró de la reunión. Esta situación dejo con más preocupación a las comunidades, pues horas después, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, manifestó a los medios de comunicación que si esta vez no se consolidaba el diálogo, la policía usaría las «armas que la constitución les permite».

Ya en Lima, las comunidades, sobre todo la de Fuerabamba, han subrayado que la empresa no ha cumplido con parte de los acuerdos firmados. Si bien cada una de las comunidades tiene su propia agenda, en las últimas semanas se ha notado niveles de articulación entre ellas. Habrá que ver cómo el diálogo avanza y se va abriendo paso una posible salida.

 

Denuncian que empresa Las Bambas contrató a ex combatientes en Irak

A través de su cuenta de Twitter, la periodista del diario El País de España, Jacqueline Fowks, denunció el día 13 de mayo que la empresa minera MMG Las Bambas habría contratado a más civiles, ex combatientes en Irak, para enfrentar a las comunidades.

‘Un reclutador que trabajó en esa guerra dice a otros ‘iracos’ como él que el pago mensual es de S/ 4.500, sin horario fijo y que pueden tener que botar campesinos en la madrugada’, cita textualmente la periodista internacional.

En otro apartado, la denuncia que hace Fowks se vuelve más grave: ‘El capataz de los civiles, excombatientes de Irak, reclutados por la minera MMG, señala que van a trabajar como barrera humana en el resguardo de la mina con unos 500 policías y 130 soldados del Ejército’

Como se recuerda, el 27 de abril, la policía desalojo con bombas y perdigones a los comuneros. Dos días después fue denunciado que la empresa minera contrató civiles y los obligó a vestirse de policías.

Por otro lado, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, lamentó las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien dio a entender, durante su presentación en el Congreso, que podría ser secuestrado si visitará Cotabambas.

“Yo le diría al doctor Aníbal Torres, señor presidente del Consejo de Ministros, nosotros los cotabambinos-apurimeños, los fuerabambinos que apostamos por la minería, no somos secuestradores, somos campesinos que vivimos del campo, de nuestra ganadería. Por lo tanto, es lamentable escuchar la espalda que da a esta comunidad, a estos pueblos y a los campesinos”, declaró Vargas en una entrevista en Canal N.

 

La suspensión del Perú de Iniciativa de Transparencia Financiera

El Perú ha sido suspendido por el Consejo Internacional del EITI, debido al incumplimiento de la entrega del VIII Informe Nacional de Transparencia. La responsabilidad directa es del Ministerio de Energía y Minas y si bien es una suspensión temporal, lo ocurrido muestra el preocupante retroceso en materia de transparencia. Como se sabe, cada país que participa de la iniciativa se compromete a elaborar un informe que incluya los ingresos de los últimos ejercicios preparado por un auditor independiente.

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), se originó como propuesta durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002. La iniciativa fue planteada como un marco voluntario para promover la transparencia informativa y contable, el buen gobierno y la rendición de cuentas de los sectores extractivos, sobre todo en el petróleo, el gas y la minería.

Luego, en junio de 2003, EITI recibió el apoyo del denominado Grupo de los 8 y se aprobó un Plan de Acción para combatir la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos, al mismo tiempo que se promovía la transparencia en los ingresos y egresos públicos.

Formalmente, la EITI comenzó el año 2004 con siete países y se fue ampliando hasta llegar a 26 naciones. La EITI distinguió desde un inicio tres categorías: los países que manifiestan su intención de aplicar la iniciativa (adhesión); los países candidatos; y finalmente, los países cumplidores.

Cabe señalar que el Perú fue el primer país de América Latina en recibir la certificación el año 2012. El Perú había comenzado la carrera en la EITI el año 2004, cuando fue invitado a participar y al año siguiente, el 2005, pasó a ser país adherente. Al convertirse en un país certificado, el Perú se comprometió a seguir el esquema de trabajo de EITI internacional, lo que significaba ampliar la transparencia, mejorar la gobernabilidad, combatir la corrupción, entre otros aspectos.

El Perú tiene hasta el 30 de septiembre para corregir y entregar el Informe Nacional de Transparencia y así recuperar el estatus de país cumplidor. Estaremos atentos a las decisiones que tome el Ministerio de Energía y Minas.

 

Nuevo encuentro nacional de defensores

Entre enero y abril de este año, cinco defensores comunitarios han sido asesinados por defender sus territorios, y en los últimos dos años suman 17 los defensores muertos en el Perú.

En la primera semana de mayo se dieron encuentro en Lima defensores y defensoras ambientales de diversas regiones del país para discutir acerca de las amenazas que afrontan. Entre enero y abril de este año, cinco defensores comunitarios han sido asesinados por defender sus territorios, y en los últimos dos años suman 17 los defensores muertos en el Perú.

Ante esta situación, en el mes de junio se llevará a cabo el primer Encuentro de Defensoras y Defensores, en la que participarán líderes de más de 10 regiones del Perú. Para preparar este importante encuentro, este jueves 5 de junio tendrá lugar en la capital una reunión de coordinación. En ella se buscará fortalecer la articulación de los defensores a nivel nacional, andino, amazónico y costero. Así mismo, se realizará un balance de las políticas públicas para la protección de las y los defensores de derechos humanos y ambiente.

El Encuentro Nacional de junio tendrá como objetivo principal hacer visibles los riesgos, la persecución y la estigmatización que sufren los defensores a nivel nacional. Esto, debido a que los patrones de violencia sobre las y los defensores continúan siendo mortales, debido principalmente al ingreso de actividades como la minería, la tala, el narcotráfico, entre otras, que amenazan sus territorios ancestrales. Por lo cual, su situación y la de sus familias se vuelve cada vez más peligrosa en las diferentes regiones del país.

La comisión organizadora del encuentro está conformada por las defensoras y defensores de las distintas regiones, que vienen participando de una Campaña Nacional iniciada el año 2021 e impulsada por más de 15 organizaciones e instituciones, para sensibilizar a la ciudadanía sobre el importante papel que cumplen.

Las organizaciones e instituciones que conforman este movimiento en defensa de los derechos humanos y ambientales aseguran que este Encuentro Nacional será espacio de denuncia, de protesta, de propuesta, de movilización e incidencia para que en el más corto plazo las y los defensores encuentren la protección que el Estado debe brindarles frente a las amenazas de actividades económicas legales e ilegales.

 

Los riesgos del proyecto minero San Gabriel

El miércoles 11 de mayo, el presidente del consorcio minero Buenaventura, Roque Benavides, señaló que la empresa acelerará la construcción del proyecto de oro y plata “San Gabriel” de manera que ésta empiece su producción a más tardar para el año 2024.

San Gabriel es un proyecto de minería subterránea de oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en la microcuenca del río Ichuña (afluente del río Tambo), en el distrito del mismo nombre, provincia de Sánchez Cerro, región Moquegua.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en marzo de 2017, luego la minera Buenaventura obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción, el desarrollo y explotación de parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Condición previa fue la venta del total de la propiedad que la empresa minera tenía sobre la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, a la estadounidense Newmont Mining. A cambio, esta última le transfirió sus derechos sobre los yacimientos de la mina de oro La Zanja.

Por su parte, el ejecutivo dijo que espera para este año una inversión de US$ 100 millones en San Gabriel, del total de inversión prevista en el proyecto que se estima entre US$ 400 y US$ 500 millones.Benavides manifestó que luego se desarrollará el proyecto de cobre Trapiche, otro proyecto minero perteneciente al consorcio minero, ubicado en la región Apurímac en los andes del país. Un emprendimiento que contempla una inversión global de US $970 millones según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

A pesar de que varios medios de comunicación han difundido la noticia del anuncio de la aceleración del proyecto, lo cierto es que San Gabriel no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades de la zona, ni de los agricultores y pobladores de valle de Tambo. Para el proceso de consulta previa, el Ministerio de Cultura identificó solo a 4 comunidades campesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua; y Corire, que de acuerdo a su informe, «expresan los criterios de identificación de pueblos originarios que establece la normatividad vigente: continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación, en ese sentido, pertenecen a pueblos Quechuas».

Sin embargo, el 6 de mayo del presente año, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se reunió con representantes de las comunidades campesinas originarias afectadas por el proyecto minero, de la cuenca y distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro y el representante de la oficina general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas del Perú. En esa reunión los representantes de las comunidades campesinas exigieron la «inclusión automática de las 42 comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto minero San Gabriel, por estar comprendidos en la cuenca de afectación ambiental y social.

Además, exigieron: «la renegociación de las tierras de las comunidad de Oyo Oyo y la comunidad campesina de Corire, en razón de que sus tierras fueron obtenidas por la empresa Minera Buenaventura, a un ínfimo costo sin que la comunidad campesina tenga ninguna asesoría legal ni técnica. Además de que no se realizó la consulta previa, sin tener información completa de las consecuencias o de los impactos socioambientales y sin que la empresa les otorgue una propuesta técnica ni económica. Aprovechándose del desconocimiento y la buena fe de las comunidades campesinas».

San Gabriel representaría un peligro para la cuenca hídrica y significaría la posible contaminación del río Tambo, generada por la extracción del oro, de acuerdo al análisis del economista y especialista ambiental Juan Aste Daffós, entrevistado al respecto por Red Muqui. Además, el proyecto generará perturbaciones en el funcionamiento de las represas de la zona que se podrían construir, como las de Yanapuquio y de Paltiture, esto debido a que las aguas de la represa se verían contaminadas por los efluentes del proyecto minero, lo cual también contaminaría las aguas del río Tambo, lo que generaría un impacto en todo el Valle de Tambo.

 

 

La minería ilegal avanza en el Cenepa

El avance de la minería ilegal viene afectando a cientos de comunidades indígenas de la Amazonía peruana, contaminando ríos con dragas y pequedragas que arrojan mercurio a las aguas.

En enero de este año, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), con el apoyo de la institución Paz y Esperanza, logró realizar un recorrido de 37.77 kilómetros en el borde del río Cenepa, detectando 1 draga cada 1.88 kilómetros. En total fueron identificadas un total de 20 dragas. La detección de estas dragas sirvió para presentar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

Sin embargo, ante la inacción del Estado, en abril de este año la organización indígena anunció que desarrollaría su propioproceso de interdicción. Al mismo tiempo, advirtieron los riesgos y consecuencias que podría tener dicha acción por la situación de amenzas y enfrentamientos que se presenta en la zona.

El presidente de ODECOFROC, Hortez Baitug, expresó su preocupación sobre el Registro de Formalización Minera (REINFO), e indicó que en la agenda de trabajo que se está compartiendo con el recién conformado Gobierno Autónomo de la Nación Awajún (GTAA),se han propuesto presentar un documento ante el Congreso para pedir su nulidad.

En las últimas semanas la situación se ha agravado y tal como anunciaran ODECOFROC y el GTAA, líderes indígenas del Cenepa y varias comunidades realizaron su propia interdicción la madrugada del 22 de mayo, deteniendo a 7 mineros ilegales en flagrante delito y destruyendo las maquinarias.

La situación que se vive en la zona es de extrema tensión, por lo que han pedido atención urgente a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior para que tome acción en la zona y les otorgue medidas de protección.

 

Glencore se declara culpable de corrupción

La empresa de origen suizo, Glencore, uno de los grupos mineros más importantes a nivel global, se acaba de declarar culpable de múltiples casos de corrupción. En la conferencia de prensa en la que se anunció el hecho, se señala que “el soborno fue parte integral de la cultura corporativa de Glencore”.

Hasta el momento se sabe que las multas que deberá pagar ascienden a US$ 1,500 millones. Al parecer, según nota de Bloomberg, Glencore pagó más de 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios de los gobiernos de Brasil, Nigeria, República Democrática del Congo y Venezuela.

Cabe recordar que el año 2013, Glencore absorbió a la empresa anglo suiza Xstrata, convirtiéndose en uno de los más importantes grupos productores de cobre a nivel global. Al absorber a Xstrata, Glencore pasó a tener presencia en varias operaciones mineras de envergadura en el Perú: Antamina, Antapaccay, Los Quenuales, entre otras. El año 2017 también adquirió una importante participación en la empresa Volcan, una de las principales productoras de zinc a nivel mundial: la operación –una de las fusiones empresariales más importantes de ese año-, representó un monto de $ 530 millones por un 15.6% de acciones. Al mismo tiempo, la compra representó el 36.92% de las acciones A de la empresa, lo que le dio el 55.03% de este tipo de acciones y la mayoría en el directorio de Volcan, desplazando al grupo Letts.

Además, Glencore tiene como propiedad almacenes y una planta de mezcla en el Callao y una participación del 30% de Transportadora Callao. Cabe señalar que Glencore no es solamente un productor de metales, también es uno de los principales comerciantes (coomodity traders) de materias primas, lo que le da un mayor poder en los mercados globales. De hecho en el Perú tiene oficinas de financieras y de comercialización, como Glencore Perú y Glencore Lima Traiding S.A.

Si bien hasta el momento no ha habido denuncias concretas en el Perú contra Glencore, preocupa que se hayan reconocido múltiples casos de corrupción en todo el mundo y que el soborno haya sido su modus operandi. Amerita investigar las operaciones de Glencore en el Perú.