Noticias – Bear Creek renuncia a las concesiones mineras de Santa Ana y gobierno prohíbe su denuncio por 5 años (Boletín AMP #235, Enero 2019)

El pasado 13 de noviembre, la empresa Bear Creek Mining Company manifestó su renuncia a las concesiones mineras que conformaban el proyecto minero Santa Ana, al sur de la región Puno. A partir de ello, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) señala en su catastro minero que dichas concesiones se encuentra en condición de extinguidas. El acto de renuncia quedó legalmente consentida el 10 de diciembre pasado.

Tras ello, el pasado 8 de enero se publicó en El Peruano el Decreto Supremo 003-2019-EM, que declara como Área de No Admisión de Petitorios Mineros a la zona denominada “ANAP AJARUNI”, de 9,900 hectáreas, ubicada en los distritos de Huacullani y Kelluyo, provincia de Chucuito (Puno), por el plazo de cinco años. Esta zona incluye las extintas concesiones mineras que conformaban el proyecto Santa Ana.

Así pues, finalmente, se ha declarado la exclusión de la minería en este territorio, tal como fuera la demanda de las comunidades aymaras durante las masivas protestas del año 2011. Cabe recordar que las comunidades, cuya protesta paralizó la región Puno durante varias semanas, exigían anular esa concesión y todas las concesiones mineras en sus territorios, por no haber sido consultadas y porque se sobreponían a sus territorios ancestrales.

Foto : Correo

A causa de dicha protesta, el proyecto minero fue cancelado por el gobierno de Alan García, lo que llevó a una demanda arbitral contra el Estado peruano por parte de Bear Creak al amparo del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Tras varios años de proceso arbitral, el CIADI falló a favor de la empresa, definiendo una compensación por US$ 30.2 millones.

Lo que demuestra la declaración de esta zona como “Área de No Admisión” de petitorios mineros es que todo este doloroso y costoso proceso, que ocasionó protestas, pérdidas económicas y decenas de juicios contra los líderes sociales -entre ellos contra el actual gobernador regional, Walter Aduviri- pudo ser evitado. Un proceso institucionalizado de Ordenamiento Territorial con participación de las comunidades locales, que prevea de manera democrática los posibles usos y potencialidades de los territorios, contribuiría enormemente a reducir la conflictividad social asociada a los proyectos extractivos. (Con información de DHUMA Puno)