No se renovó el estado de emergencia en el Corredor Minero – (Boletín AMP # 228 – Junio 2018)

Cumplido el plazo de 60 días de prórroga del estado de emergencia en el corredor minero Apurímac – Cusco – Arequipa, esta medida no volvió a ser ampliada en el mes de junio. A inicios de mes venció la prórroga al estado de emergencia dictada el 11 de abril pasado mediante Decreto Supremo Nº 037-2018-PCM. Si bien el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente al respecto, no ha habido una nueva renovación y por lo tanto la zona ya no se encuentra bajo estado de excepción.

A inicios de mes, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, visitó la provincia de Cotabambas y se reunió con dirigentes, autoridades locales y representantes de la sociedad civil. Ante la solicitud de los dirigentes de levantar el estado de emergencia, que en algunas zonas ya estaba a punto de cumplir un año de vigencia, Molina ofreció interceder ante las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros. La no renovación de esta medida, que venía restringiendo derechos ciudadanos al libre tránsito y reunión, a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad y seguridad personales de unas 50 mil personas en tres regiones del país, abre una posibilidad para que se retome el diálogo, tal como solicitan las organizaciones sociales.

El estado de emergencia se decretó en agosto del año pasado en diversos distritos de Apurímac y Cusco, tras las protestas de la población por los impactos de la carretera por la que transitan cientos de vehículos mineros diariamente, generando incesantemente vibraciones y polvareda que perjudican las viviendas, los sembríos y la salud humana. La medida fue ampliada una y otra vez, y a inicios de este año se amplió a lo largo de todo el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, donde se ubican grandes proyectos mineros como Las Bambas, Constancia, Antapaccay, entre otros.

Hacemos votos para que la decisión de no volver a prorrogar el estado de emergencia se mantenga y permita retomar el diálogo, suspendido unilateralmente por el Estado, y resolver las demandas legítimas de la ciudadanía en el marco del respeto a la democracia y el estado de derecho.

27/06/2018

Compartir: