Moquegua: Exigen acción inmediata del Ejecutivo ante contaminación del río Coralaque

El día 15 de agosto, las autoridades de la región Moquegua, junto a representantes provinciales, distritales y de la sociedad civil, emitieron un enérgico pronunciamiento exigiendo al ejecutivo nacional que cumpla con los compromisos asumidos para enfrentar la contaminación en la cuenca del río Coralaque. Fijaron el 20 de agosto como fecha límite para la instalación de una mesa de diálogo donde se formalicen acuerdos cruciales para la remediación ambiental.

La cuenca del río Coralaque enfrenta una crisis ambiental que pone en riesgo la salud pública y la actividad económica en la región. A pesar de los compromisos del Gobierno Central, las autoridades locales denuncian el incumplimiento de varias promesas, incluyendo la emisión de un Decreto de Urgencia para el cierre definitivo de la Unidad Minera Florencia Tucari, operada por ARUNTANI SAC, responsable de la contaminación. Ante la falta de acción, las comunidades afectadas amenazan con una movilización social permanente para hacer valer su derecho constitucional a la protesta.

En su pronunciamiento, las autoridades regionales reconocen el cumplimiento parcial de los compromisos asumidos durante la visita in situ a Quinistaquillas el 12 de julio de 2024, y ratificados el 16 de julio en la sede de la PCM, que incluyeron la declaratoria de estado de emergencia y la instalación de la oficina descentralizada del OEFA. Sin embargo, subrayan la necesidad de extender el estado de emergencia a los distritos de Carumas, San Cristóbal y Torata, también afectados por la contaminación, pero excluidos del decreto inicial.

Las autoridades expresan su preocupación por la falta de avances del Ministerio del Ambiente en la aprobación del Plan de Recuperación de la Calidad Ambiental de la Cuenca del río Coralaque, el cual debería ser formalizado mediante un Decreto Supremo. Este plan es crucial para la remediación y recuperación del recurso hídrico, pero a la fecha no se han destinado los recursos necesarios para su implementación. Además, rechazan las declaraciones ambiguas de los representantes del Ejecutivo sobre el cierre de la mina, recordando que se había prometido un Decreto de Urgencia para el cierre definitivo de la Unidad Minera Florencia Tucari.

Asimismo, se denuncia que el Ejecutivo Nacional no ha cumplido con la transferencia de recursos para el financiamiento del Plan de Atención Integral en Salud de las personas expuestas a metales pesados y metaloides, un compromiso asumido desde el primer trimestre de 2024. Esta falta de cumplimiento sigue poniendo en riesgo la salud de la población en Moquegua.

En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que declara el estado de emergencia en varios distritos de Arequipa y Moquegua debido a la contaminación hídrica. Esta medida, anunciada por el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, permitirá la realización de estudios durante 60 días para abordar la crisis. No obstante, la desconfianza persiste entre las autoridades y la sociedad civil de Moquegua, quienes exigen acciones concretas y efectivas.

Finalmente, la situación en el sur del Perú sigue siendo alarmante, con denuncias de contaminación por metales pesados en la sangre de niños en Arequipa, atribuidas al río Tambo. Este problema de salud pública subraya la urgencia de que el Ejecutivo tome medidas inmediatas para proteger a las comunidades afectadas. Las autoridades regionales enfatizan que el cumplimiento de los compromisos es clave para evitar un agravamiento de la crisis y asegurar la sostenibilidad de las actividades económicas y sociales en la región.