Ministerio de la Producción cambia normas que podrían vulnerar las áreas marinas protegidas
El Ministerio de la Producción -Produce ha planteado cambios a las normas pesqueras, a través de un proyecto de decreto supremo. De aprobarse, puede favorecer a la pesca ilegal y facilitar el ingreso de la pesca en áreas marinas protegidas, como la Reserva Nacional de Paracas.
Según un reciente reportaje del portal Ojo público[1], el 7 de diciembre de 2024, el Produce publicó un proyecto de decreto supremo que propone cambios al Reglamento de la Ley General de Pesca y al Reglamento de Fiscalización y Sanción de Actividades Pesqueras y Acuícolas.
Este decreto podría debilitar el marco normativo que sanciona la pesca ilegal y la extracción ilícita de especies hidrobiológicas en las áreas marinas protegidas, según han advertido varios especialistas.
Esta propuesta se produce en un contexto en el que la industria pesquera de anchoveta planteó acciones ante el Poder Judicial y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi para que se les permita pescar en la Reserva Nacional de Paracas.
Entre los cambios propuestos a los reglamentos han despertado particular preocupación, destacan las modificaciones vinculadas a las investigaciones penales. Actualmente, si un inspector de Produce o de las direcciones y gerencias regionales de la Producción detecta un presunto ilícito penal durante sus intervenciones debe comunicar al procurador de su institución y este, a su vez, tiene que reportar el hecho al Ministerio Público para que se inicie una investigación penal.
Esa comunicación se da durante la fase de instrucción: uno de los primeros pasos del proceso administrativo sancionador. Sin embargo, en el proyecto de decreto supremo, Produce propone que esa notificación al Ministerio Público ocurra “luego de agotadas todas las instancias administrativas” y de que “la sanción se encuentre firme o consentida”.
Además, de prosperar, la propuesta de decreto supremo, que cuenta con el visto bueno del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, dejará al Ministerio Público sin posibilidad de investigar presuntos delitos cuando, por ejemplo, un caso prescriba en la vía administrativa por exceso de plazo.
Otras dos importantes modificaciones que plantea el proyecto de decreto supremo se centran en las infracciones en actividades extractivas, detalladas en el Reglamento de Fiscalización y Sanción de Actividades Pesqueras y Acuícolas.
La norma vigente señala que extraer recursos hidrobiológicos en “áreas reservadas o prohibidas” es una infracción. Sin embargo, sobre este tema, el documento de Produce elimina el concepto de área reservada y, en su lugar, hace referencia a “áreas no permitidas”.
Otro de los cambios tiene que ver con velocidades de navegación asociadas a la pesca. La propuesta de norma erradica el concepto de áreas reservadas y lo reemplaza por “áreas no permitidas”. Si se aprueba el mencionado decreto, pescar y presentar velocidades indicativas de actividades extractivas en áreas reservadas, como la Reserva Nacional de Paracas, ya no constituirá una infracción.
Estos cambios impactan en la fiscalización a la actividad industrial, que está prohibida en todas las áreas naturales protegidas, y a pesca artesanal o de menor escala, que están restringidas en las zonas de protección estricta.
Advertencias sobre los cambios
Para Antony Apeño, biólogo de CooperAcción, si bien es cierto estos cambios normativos presentan nuevas e importantes alternativas para la medición de los ejemplares de anchoveta capturados como, por ejemplo, el uso de grabaciones, también dejan fuera otro punto fundamental, como las mediciones biométricas abordo, punto fundamental y que recientemente permitió conocer grandes inconsistencias en los datos de capturas que se toman abordo frente a los datos tomados en puerto.
“Esta comparación resulta de lo más importante, ya que, mediante ella, se puede tener datos con mayores aciertos, y en base a ello, sancionar a las empresas que no cumplen la normativa establecida. Esta es claramente, una acción que favorece a las empresas pesqueras que incumplen la normativa en cuanto a la captura de juveniles, ya que, les permite poder evitar sanciones si presentan datos inconsistentes y permitirá seguramente la demora en los cierres de zonas por captura de juveniles”, comentó Apeño.
En esa línea, añadió que esto representa un gran impacto, no solo a la sostenibilidad de la anchoveta, sino también a todos los peldaños de la cadena trófica y actividades económicas que dependen de ella. El especialista añadió que es fundamental que los entes del Estado correspondientes revisen y modifiquen esta normativa, para poder realizar la inclusión de una buena herramienta como la videovigilancia, y que no sea necesario obtener los datos de capturas a bordo.
[1] Produce impulsa cambio normativo que afecta investigaciones penales por pesca ilegal: https://ojo-publico.com/ambiente/pesca-ilegal-produce-impulsa-norma-que-afecta-investigaciones-penales
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