Mesa técnica en el Congreso alerta sobre proliferación de proyectos de ley con alto costo fiscal

El viernes 5 de septiembre se realizó en la Sala 4 “Martha Hildebrandt” del Congreso de la República la Mesa Técnica sobre iniciativas legislativas con contenido tributario y alto costo fiscal, organizada por el despacho de la congresista Ruth Luque Ibarra en coordinación con el Grupo de Justicia Fiscal. El encuentro reunió a especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Consejo Fiscal, de la SUNAT, además de académicos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de analizar el impacto que podrían tener en las finanzas públicas las recientes propuestas legislativas que implican beneficios tributarios o mayores gastos para el Estado.

En su intervención inicial, la congresista Ruth Luque destacó la pertinencia de abrir este debate en un contexto donde “la demanda ciudadana por seguridad, salud y educación requiere recursos que deben gestionarse de manera responsable”. Señaló que el propósito de la mesa era “compartir información y perspectivas diversas que permitan entender qué implican estas iniciativas en términos de recaudación, sostenibilidad fiscal y política tributaria responsable”.

La primera exposición estuvo a cargo de Myriam Yépez Salazar, directora de la Dirección de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria del MEF, quien presentó cifras sobre la magnitud de los proyectos de ley con contenido tributario ingresados en los últimos años. Yépez alertó que “solo en el actual periodo congresal se han identificado 245 proyectos de ley con alto costo fiscal, cuyo impacto anual podría equivaler a casi el 38% del PBI”.

Recordó que la recaudación tributaria en el país es baja —apenas 14,4% del PBI en 2024— y que aprobar medidas sin sustento técnico “limita los recursos disponibles para atender necesidades sociales y puede empujar al Estado a un mayor endeudamiento”. Además, criticó que los beneficios tributarios suelen terminar favoreciendo a grandes empresas y complejizando el sistema, lo que incrementa la evasión y la litigiosidad.

Desde el Consejo Fiscal, Juan Carlos Sosa Valle coincidió en la preocupación y remarcó que la institución actúa como “esa voz incómoda que recuerda la importancia de la sostenibilidad fiscal”. Explicó que, aunque en 2025 se prevé un leve aumento de ingresos corrientes, se trata de factores temporales. “Si se aprueban las exoneraciones en curso, la tendencia sería decreciente y comprometería las finanzas públicas”, advirtió.

Sosa subrayó la contradicción entre el discurso oficial y la práctica: “Se afirma que hay que detener la proliferación de beneficios tributarios, pero en los últimos años se han promulgado varias leyes de ese tipo, incluso con opinión desfavorable del MEF”.

El supervisor de la Intendencia Nacional de Estrategias y Riesgos de la SUNAT, Domingo Neyra López, reforzó la idea de que el déficit fiscal responde más a la falta de ingresos que al nivel de gasto público. “Desde 2014 el sistema tributario ha perdido el principio de suficiencia; no genera lo necesario para cubrir los gastos del Estado”, señaló.

Para Neyra, la proliferación de beneficios tributarios —exoneraciones, tasas reducidas o deducciones— genera inequidad y erosiona la voluntad de los contribuyentes de cumplir con sus obligaciones. “Cuando dos empresas realizan la misma actividad y una paga la mitad de impuestos que la otra, se rompe la percepción de equidad y se alimenta el incumplimiento”, puntualizó.

Voces de la sociedad civil y especialistas

El bloque de especialistas abrió con César Flores, representante del Grupo de Justicia Fiscal, quien puso énfasis en la necesidad de un rediseño institucional que evite el análisis caso por caso de cada proyecto. “En los últimos cinco años los beneficios han aumentado en unos diez mil millones de soles. No podemos seguir persiguiendo cada iniciativa de manera aislada, se requieren reglas claras y candados efectivos”, afirmó. También llamó la atención sobre la necesidad de elevar la presión tributaria y combatir con mayor fuerza la corrupción y la ineficiencia en el gasto.

El economista Fernando Cuadros, ex viceministro de Trabajo, cuestionó en particular la nueva ley agraria, que según cálculos del propio MEF implicará un costo de 2.000 millones de soles anuales. “Es un sector que ya creció y concentra a grandes empresas. Este tipo de beneficios termina subsidiando su rentabilidad y reduciendo la capacidad del Estado para financiar servicios básicos”, sostuvo.

Por su parte, el decano del Colegio de Economistas del Perú, Juan Abel Gonzales Boza, advirtió que los gobiernos locales también enfrentan severos problemas de recaudación y que las exoneraciones afectan la universalidad del sistema. “Estamos normalizando el déficit fiscal, que ya bordea los 28 mil millones de soles, equivalente al presupuesto anual del Ministerio de Salud”, señaló.

Durante el diálogo abierto, José de Echave, investigador y exviceministro de Gestión Ambiental, lamentó que se discuta principalmente sobre proyectos que reducen ingresos. “Ojalá pronto tengamos mesas técnicas dedicadas a pensar cómo aumentar la recaudación. Con una presión tributaria por debajo del 15% del PBI estamos ante un Estado colapsado”, afirmó. También llamó a evaluar caso por caso las exoneraciones, en lugar de prorrogarlas automáticamente.

Palabras finales

Al cierre del evento, la congresista Ruth Luque agradeció a las instituciones y especialistas participantes, destacando que “este tipo de debates deben formar parte de la agenda central del Congreso, porque el país necesita políticas tributarias responsables que permitan financiar derechos y atender las demandas sociales con sostenibilidad”.

Transmisión completa de la mesa técnica: