Mantienen protesta contra minería en río Nanay

A inicios del mes, 22 comunidades del Alto Nanay, en Loreto, acordaron mantener el control del tránsito fluvial y cambiar algunas restricciones en su medida de lucha contra la minería ilegal.

Tras una reunión multisectorial donde no estuvieron presentes autoridades regionales, representantes de las comunidades acordaron dar pase a embarcaciones de carga o pasajeros no vinculados a la minería ilegal.

Además, acordaron que comuneros de la zona naveguen libremente en sus embarcaciones de modo que no se afecte el abastecimiento de la población local.

No obstante, dieron un plazo de 2 semanas para que todos los extranjeros que permanecen en las cabeceras de los ríos Nanay, Pintuyacu y Chambira se retiren de las zonas de forma pacífica y voluntaria.

Tras este plazo, las comunidades y entidades del Estado realizarán un recorrido para supervisar que se hayan cumplido con el mandato y que no se mantengan actividades ilícitas.

La reunión multisectorial se desarrolló en la localidad de Santa María, capital del distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas. En esta participaron representantes de diversas instituciones con presencia en la zona.

Como se recuerda, desde el 15 de octubre, comunidades de las cuencas de los ríos Nanay, Chambira y Pintuyacu se encuentran en una huelga indefinida contra la minería ilegal.

A pesar de acciones de la Marina de Guerra, autoridades comunales y pobladores hallaron, durante una intervención del 5 de octubre, más de 60 galones de petróleo presuntamente destinados al abastecimiento de dragas utilizadas por mineros ilegales.

Ante el hecho, los comuneros reiteraron su desconfianza ante la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú.

El Instituto de Promoción Social Amazónica (IPSA) exigió acción inmediata, efectiva y contundente a las autoridades ante la crítica situación que vive el distrito del Alto Nanay por la minería ilegal.

A través de un pronunciamiento previo a la reunión, la institución pidió a la población unidad, escucha y diálogo para enfrentar al enemigo común de la minería ilegal.

“Los oídos sordos a las demandas hechas por los mecanismos formales y falta de un interés genuino del Estado en dialogar con las comunidades ha llevado a una situación de indefensión y riesgo alto”, expresó la organización.

La situación es especialmente crítica en la comunidad campesina Santa María de Alto Nanay, donde se reporta un ambiente de tensión entre grupos con distintas posiciones en torno a la medida de protesta.

Como remarcó el IPSA, hay un riesgo alto de confrontación en la zona que, en caso de generarse, sería responsabilidad directa de la indiferencia de las autoridades y funcionarios. (Tomado de Servindi)