Luis Gárate
En las últimas semanas hemos visto la intensificación de los conflictos sociales en el país vinculados a la actividad minera, y sobre todo en el sur andino. Se trata, en esencia, de comunidades campesinas que se encuentran en la zona de influencia de importantes proyectos mineros y que demandan la mediación del gobierno central para resolver sus demandas ante las empresas mineras.
Según la Defensoría del Pueblo, para el mes de setiembre de este año un 64.2% de los conflictos sociales activos estaban relacionados a la actividad minera.
Como ha ocurrido en el pasado y en semanas recientes, las comunidades han empleado el bloqueo de carreteras para llamar la atención y ser atendidas. Lo hemos visto en casos recientes, como lo ocurrido en comunidades del distrito de Livitaca en Chumbivilcas, Cusco (minera Hudbay), o en la provincia de Cotabambas, en Apurímac (minera MMG Las Bambas). Asimismo en el caso de la comunidad campesina de Aquia, en Áncash (Antamina).
En todos estos casos, la constante es que los dirigentes señalan que han enviado varias cartas a las autoridades haciendo las consultas y demandando ser atendidos, y que estas no han encontrado respuestas. Asimismo las comunidades denuncian que algunas de las mesas técnicas o de diálogo que se han instalado a raíz de los conflictos no prosperan, pues designan a funcionarios que no tiene capacidad de decisión y que no atienden adecuadamente su pliego de demandas.
Es entonces que, como en el pasado, las comunidades convocan a paros que se expresan en el bloqueo de las carreteas por donde se transporta el mineral y el personal de las empresas mineras. Esto afecta el curso regular de las actividades empresariales, pero también a otras actividades económicas y sociales de las comunidades y su relación con otras zonas.
Es decir, el bloqueo llega como el último recurso al que apelan, sabiendo que esta será la única forma en que podrán ser escuchados y atendidos. Cuando apelan a los bloqueos es que aparecen los medios de comunicación y las autoridades del más alto nivel acuden a aplacar la medida e instalar un espacio de diálogo.
Una reciente editorial del diario Gestión[1] iniciaba señalando que “El derecho a la protesta no se ejerce bloqueando carreteras ni destruyendo propiedad pública y privada ni mucho menos con amenazas de muerte”. En la misma línea, el diario El Comercio ha sacado varios editoriales, llamando “a poner orden y ejercer la autoridad” ante los crecientes conflictos sociales que se han visto en el país. Es decir, los medios siguen sin explicar el por qué de estas medidas ni qué lecciones sacar del pasado y solo contribuyen a criminalizar las acciones de protesta.
Como hemos venido señalando desde CooperAcción, esta escalada de conflictos tiene relación con varios factores. Uno de ellos es la subida de los precios de los minerales a nivel internacional, esto hace estimar a algunas comunidades que los empresarios del sector están aumentando considerablemente sus utilidades, por lo que deberían hacer más concesiones para que los beneficios de la actividad extractiva se sientan en las poblaciones que están en la zona de influencia de los proyectos. Por otro lado están las elevadas expectativas frente a las promesas del presidente Pedro Castillo, no es casual que las regiones con más conflictos socioambientales mineros hayan votado masivamente por el actual presidente.
Pero a esto hay que agregar que la pandemia ha complicado mucho más el escenario. El confinamiento ha obligado a muchas familias a perder sus fuentes de ingresos. Esto hace que las demandas de la población estén más relacionadas a las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, que de por sí ya eran complejas y en el último tiempo se han visto afectadas por la pandemia y sus efectos colaterales.
A pesar de lo aprendido en los últimos años sobre la naturaleza de los conflictos sociales, parecería que las autoridades, funcionarios y medios de comunicación no han aprendido mucho. El gobierno de Pedro Castillo ha heredado varios conflictos y demandas embalsadas y las poblaciones tienen altas expectativas de que las mismas puedan ser atendidas y resueltas con prontitud. Va a depender de un manejo técnico y responsable, pero sobre todo con capacidad de decisión para llegar a buen puerto y evitar que estos conflictos deriven en una escalada mayor.
15 de noviembre de 2021
