Ley APCI: una amenaza a la sociedad civil y los derechos humanos en el Perú

La reciente aprobación de la Ley APCI, conocida como «Ley Mordaza» por organizaciones de la sociedad civil, ha generado un intenso debate sobre sus implicancias para la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la justicia en el Perú. Esta ley, aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 12 de marzo, busca fiscalizar los recursos de la cooperación internacional y ha sido criticada por su potencial para restringir el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden los derechos de las poblaciones más vulnerables, y en general de cualquier organización social que reciba aportes financieros de la cooperación internacional, incluyendo organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, culturales, entre otras.

En su más reciente edición, el programa La Hora Verde, producido por CooperAcción, analizó los riesgos de esta ley con la participación de expertos en derechos humanos y representantes de organizaciones indígenas.

Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que esta ley se enmarca en un contexto de retrocesos en la protección de los derechos humanos en el país. «Estamos viviendo un escenario adverso, con represión militar, asesinatos de defensores ambientales y una creciente impunidad frente a los crímenes cometidos por el Estado y actores privados», afirmó Pariona. Además, destacó que la ley podría limitar el acceso a la justicia de comunidades indígenas y familias de víctimas de violencia, quienes dependen del apoyo legal de las ONG para enfrentar al Estado en procesos judiciales.

Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), denunció que esta ley vulnera la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a defender sus territorios. «Nos obligan a inscribirnos en el APCI y a rendir cuentas de nuestras acciones, lo que representa una intromisión en nuestra autonomía como pueblos indígenas», sostuvo Marcelo. También criticó la falta de consulta previa en la aprobación de esta ley, que afecta directamente a las comunidades indígenas y sus organizaciones.

Abel Gilvonio, director ejecutivo de CooperAcción, coincidió en que esta ley forma parte de una estrategia más amplia para silenciar a las organizaciones críticas al gobierno. «Esta ley no está dirigida a todas las ONG, sino específicamente a aquellas que defienden los derechos humanos, el medio ambiente y luchan contra la corrupción», afirmó Gilvonio. Además, señaló que la ley podría paralizar los procesos judiciales en los que las ONG acompañan a comunidades y víctimas de violaciones de derechos.

Uno de los aspectos más controversiales de la ley es el artículo 21, que prohíbe a las ONG utilizar recursos de la cooperación internacional para asesorar o financiar acciones legales contra el Estado. Esto afectaría directamente a organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que actualmente brinda asistencia legal a familias de víctimas de protestas y defensores ambientales criminalizados. «Esta ley limita el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones, especialmente para quienes no pueden pagar una defensa legal privada», explicó Pariona.

Los panelistas coincidieron en que esta ley representa un ataque directo a la democracia y los derechos humanos en el Perú. Frente a esta situación, las organizaciones de la sociedad civil han anunciado acciones legales, como demandas de amparo y recursos de inconstitucionalidad, para impugnar la ley. Además, han llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y a defender el espacio cívico y el derecho a la libre asociación.

«Esta ley no solo afecta a las ONG, sino a todos los ciudadanos que dependen de su trabajo para acceder a la justicia y defender sus derechos», concluyó Gilvonio. «No nos quedaremos callados. Seguiremos luchando por la democracia y los derechos humanos en el Perú».

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