Las proyecciones para el próximo año – Editorial Boletín Actualidad Minera (Diciembre 2018)

Como señalamos en el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros, el año 2018 había sido bastante particular: un año de alta turbulencia política pero que presentó una conflictividad social de baja intensidad.

Si uno revisa los informes mensuales de la Defensoría del Pueblo, el 2018 se puede dividir en tres momentos: uno primero, que recibe la influencia del año 2017 y va hasta el mes de abril, en el que se registra una conflictividad en número todavía en ascenso; un segundo momento de estancamiento entre abril y agosto; y finalmente, uno tercero que presenta una cierta reactivación de la conflictividad social pero sin alta intensidad y con una tendencia a la estabilidad.

¿Qué pasará el año que viene? Todo dependerá de las iniciativas que tomen los diferentes grupos de interés involucrados: gobierno, empresas, poblaciones y sus nuevas autoridades.

Para comenzar, en su Mensaje a la Nación del pasado 12 de diciembre, el presidente Vizcarra ha anunciado “como muestra de la confianza de la inversión privada en nuestro país”, el inicio de la construcción de nuevos proyectos, como la ampliación de Toromocho, Quellaveco y Minas Justa, entre las inversiones mineras. Lo cierto es que estos proyectos ya están bien encaminados, incluso algunos de ellos en etapa de construcción y no presentan mayores resistencias y el calendario previsto se cumplirá.

Sin embargo, el problema se presentará si es que se pretende insistir en proyectos que mantienen fuertes resistencias. Por ejemplo, la empresa Southern Perú ha anunciado que sólo estaba esperando que le otorguen la licencia de construcción correspondiente para iniciar el desarrollo de Tía María proyectado para el 2019, desconociendo la fuerte resistencia que el proyecto sigue generando en el Valle del Tambo. Del lado del gobierno y en relación a Tía María, el Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha sido más cauteloso, señalando que “todavía están viendo eso (Tïa María) con mucho cuidado”.

Por otro lado, el gobierno chino y la propia empresa Zijing han demandado apoyo a las autoridades peruanas para sacar adelante el controvertido proyecto Río Blanco que se ubica en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca. Otro anuncio tiene que ver con el proyecto Cañariaco de la empresa canadiense Candente Cooper, en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe en la región Lambayeque que, como se sabe, ha enfrentado una fuerte oposición de las comunidades de la zona.

Habrá que ver cómo evoluciona la situación en estos y otros casos de proyectos mineros que en su momento enfrentaron fuertes resistencias, originaron conflictos de envergadura en diferentes regiones del país y en la actualidad pretenden ser retomados por las empresas.

Otro tema que causa preocupación y es materia de cuestionamientos, tiene que ver con la reciente publicación del Decreto Supremo N 120 – 2018 – PCM, norma emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros, que extingue 55 espacios de distinto tipo (comisiones, comités, grupos y equipos de trabajo, consejos y mesas de diálogo). Además, la norma crea comités de seguimiento de acuerdos.

La decisión  de extinguir los mencionados espacios de diálogo, ha sido considerada como parte del proceso de modernización de la gestión del Estado, consistente en eliminar aquello que ha perdido razón de ser o cuyo objeto se encuentra ya cumplido. En todo caso parece que existe una evaluación que no se condice con la realidad y que debió ser conversada con los actores sociales involucrados que han sido parte de estos espacios. 

Lo cierto es que las organizaciones sociales sienten que se les está quitando un canal de diálogo con el Estado, sin que haya otro para remplazarlo y sin que sus problemas hayan sido resueltos. Por ejemplo, en el listado de espacios que dejan de existir formalmente, se encuentra el Grupo de Trabajo denominado Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, creado por la Resolución Ministerial N 263- 2015- PCM. Esto ha generado malestar en las organizaciones sociales de Cotabambas ya que éstas habían venido exigiendo que la mesa de diálogo que se había instalado el 2016 se reactivara para tratar los puntos pendientes de la agenda aprobada.

Finalmente, es importante anotar que el gobierno del presidente Vizcarra ha mantenido la tendencia de declarar estados de emergencia, como ha seguido ocurriendo en el denominado Corredor Minero del Sur Andino. Por ejemplo, en el mes de noviembre se emitió un nuevo Decreto Supremo que prorroga esta medida de excepción por otros 30 días, suspendiendo las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.

Es la enésima declaratoria de estado de emergencia en esta zona, una situación que se repite una y otra vez desde el 2016. El gobierno debería replantear esta situación y buscar caminos alternativos para construir una gobernabilidad democrática que respete los derechos de la ciudadanía. Para ello, es indispensable afrontar y resolver la agenda legítima de demandas que se encuentran pendientes.

Es clave para el año que se inicia, que el presidente Vizcarra comience a incorporar en la agenda post referéndum los temas pendientes de la agenda ambiental, social y económica que están fuertemente vinculados a actividades productivas como la minería.

Publicado originalmente en el Boletín Actualidad Minera (Diciembre 2018)