Las Bambas nuevamente entre protestas y estado de emergencia (Boletín AMP #231, Setiembre 2018)
(Noticia tomada del Boletín Actualidad Minera del Perú #231, setiembre 2018. Para acceder al boletín completo en PDF, click aquí: https://cooperaccion.org.pe/boletines/boletin-actualidad-minera-del-peru-setiembre-2018-no-231/)
A finales de agosto, diversas localidades alrededor del corredor minero utilizado por Las Bambas retomaron protestas y bloqueos de carretera por la agenda irresuelta. Frente a ello, el Gobierno ha vuelto a decretar el estado de emergencia en todo el corredor minero, sin abordar ni resolver los temas pendientes.
Recordemos que los conflictos son diversos y no responden a una única razón. En el caso del fundo Yavi Yavi, los ciudadanos y ciudadanas de Fuerabamba reclaman que la construcción de la carretera por donde transitan los camiones de la empresa MMG Las Bambas se realizó sobre terrenos de su propiedad. En el caso del distrito de Velille, la población solicita que éste sea reincorporado como área de Influencia del proyecto minero, a fin de que se atiendan los impactos ambientales y sociales que le ocasiona la carretera por donde pasan diariamente alrededor de 300 camiones de carga pesada. Este distrito fue considerado como área de influencia en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, pero fue retirado mediante una modificatoria del EIA al descartarse el mineroducto como medio para el transporte de concentrados.
En el caso de la comunidad de Pisacasa, el conflicto no es con la empresa minera, sino con el Estado, que según los dirigentes locales no habría venido cumpliendo, en los plazos y términos previstos, con los compromisos acordados en cuanto a proyectos educativos, productivos, entre otros, así como en lo referido a la compensación por los terrenos utilizados para la construcción de la carretera.
En todos estos casos, existen demandas ambientales y sociales así como expectativas para que la minería se convierta en un elemento dinamizador de la economía local. Junto a ello, en algunos casos específicos existen actores ajenos a las comunidades que promueven demandas inviables motivados por intereses particulares.
Preocupa que, sin abordar la solución de las agendas legítimas que preocupan y movilizan a la población local, nuevamente se recurra a medidas excepcionales de restricción de los derechos ciudadanos. La prioridad es mantener abierta la vía utilizada por la empresa para transportar el cobre, incluso si para eso se requiere declarar el estado de emergencia una y otra vez, mientras que la solución a las demandas sociales y ambientales pendientes sigue esperando.
25/09/2018
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