LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE (EDITORIAL BOLETÍN AMP #230 – AGOSTO 2018)

Napoleón Tarrillo, Edwin Chota, Hitler Rojas: tres de los activistas ambientales asesinados en años recientes en el Perú

La publicación del último informe de Global Witness sobre la situación que atraviesan las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente confirma una situación preocupante. Según la publicación, el año 2017, “al menos 207 personas defensoras fueron asesinadas” y es el año con más masacres producidas. De los sectores involucrados, es la agroindustria la actividad más riesgosa, superando por primera vez a la minería.

La situación región por región confirma una situación complicada para América Latina, que sigue siendo la zona con el mayor número de asesinatos de personas defensoras, casi el 60% del total. Destaca la situación preocupante de Brasil, con 57 personas asesinadas, en el 80% de los casos defendiendo la Amazonía; Colombia con 24 asesinatos por defender sus tierras. En el caso de México y Perú, en el último año los asesinatos a defensores de la tierra han aumentado.

En Asia, es preocupante la situación que vive Filipinas, con 48 asesinatos, 71% más que el año precedente, vinculados sobre todo a la agroindustria. En el caso de África, de “las 19 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas en todo África, 17 perdieron la vida defendiendo áreas protegidas contra cazadores y mineros ilegales; y 13 tuvieron lugar en la República Democrática del Congo”.

El caso del Perú no deja de ser preocupante. Después de Brasil, Colombia y México, aparece recurrentemente en los primeros lugares del ranking de Global Witness: el año 2015 el Perú ocupó el cuarto lugar a nivel mundial, el año 2016 el décimo tercer lugar y el 2017 en séptimo lugar. En la última década son cerca de 280 personas fallecidas y más de 4,600 heridas en conflictos de índole ambiental.

Lo peor de todo para estas poblaciones es la indiferencia de las autoridades. Los representantes del Estado peruano no llegan a sus territorios: casos como Saweto (Ucayali), Tambopata (Madre de Dios), Chaparrí (Lambayeque) y otras zonas del país, muestran que diversas actividades ilícitas han crecido y controlan cada vez una mayor porción de territorios en varias regiones del país y aparte de la violencia que implantan, los impactos en el deterioro ambiental y la depredación de bienes naturales son cada vez más importantes.

Los defensores ambientales, las comunidades y los pueblos indígenas son aliados para enfrentar esta serie de amenazas de actividades ilegales cada vez más violentas. El Estado debería dejar de tratarlas como un obstáculo. Si no se reacciona a tiempo, el riesgo es enorme. La primera tarea es que todos estos crímenes sean esclarecidos y que los culpables sean drásticamente sancionados.

Agosto 2018