La multa millonaria a Glencore en Espinar: ¿justicia ambiental o respuesta insuficiente?

El caso de contaminación minera en Espinar volvió al centro del debate público luego de que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impusiera una multa superior a 5.5 millones de soles a la empresa Glencore–Antapaccay por exceder los límites permitidos de material particulado PM10. Aunque se trata de una sanción excepcional por su magnitud, para la población de Espinar, que carga con más de cuatro décadas de impactos socioambientales, el daño acumulado sigue siendo mucho mayor. Este fue el eje del programa más reciente de La Hora Verde, que analizó la dimensión de esta resolución, su alcance real y los enormes pendientes que aún persisten para garantizar justicia ambiental en la provincia cusqueña.

Para ello, el programa reunió a Liliana Peña, responsable del área de derechos colectivos y medio ambiente de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF); Elizabeth Zamalloa, ingeniera geoambiental e integrante de Cooperación; y Vidal Merma, presidente de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos (PAMETEC) de Espinar. Desde diferentes perspectivas, los tres coincidieron en que la multa es un avance, pero está lejos de abordar la profundidad del problema.

En su intervención inicial, Elizabeth Zamalloa recordó que la contaminación en Espinar no es un episodio reciente sino un proceso sostenido que se remonta a los años setenta, con la operación de la antigua mina Tintaya y, posteriormente, Antapaccay. Durante décadas —explicó— se han documentado abusos, afectaciones a las comunidades campesinas y daños a ecosistemas estratégicos como ríos de cabecera que alimentan cuencas mayores. La ingeniera enfatizó que la exposición a metales pesados es acumulativa y que las vías de contaminación son múltiples: aire, agua y alimentos. La sanción del OEFA, señaló, es importante, pero aborda solo uno de esos componentes: la calidad del aire.

Desde Espinar, Vidal Merma subrayó que la lucha de la población lleva al menos veinte años de movilización y denuncia, mientras la actividad minera suma más de cuarenta y cinco años sin garantías suficientes de protección ambiental ni de salud. Recordó que estudios oficiales —incluido uno realizado en la ciudad de Espinar— han comprobado presencia de metales pesados en el agua de consumo, así como una alta incidencia de cáncer, mortandad de animales, y casos de malformaciones en la ganadería. La reciente resolución de OEFA, afirmó Merma, confirma lo que la población ha venido señalando por años: que existen vínculos directos entre la operación minera y la contaminación ambiental. Sin embargo, advirtió que la empresa ya ha anunciado que apelará la decisión y que la justicia todavía está muy lejos de alcanzarse.

Por su parte, Liliana Peña destacó que la multa se sustenta en el Estudio de Causalidad elaborado por OEFA en 2022–2023, un instrumento clave impulsado por la exigencia de las propias comunidades. Ese estudio —explicó— analiza siete componentes ambientales, pero la sanción emitida solo corresponde al componente aire. Los otros, como agua superficial, agua subterránea o vibraciones, aún están en evaluación en instancia administrativa. Peña agregó que el impacto del material particulado es mayor al reconocido por la empresa en su Estudio de Impacto Ambiental, llegando incluso a comunidades fuera del área de influencia oficial, como Alto Huancané o Alto Iracona, donde se han detectado personas —incluyendo niñas— con arsénico y plomo en su sangre. Alertó además que, en paralelo a la sanción, el SENACE evalúa la segunda modificatoria del EIA de Antapaccay, que propone ampliar el Tajo Sur, una zona ya identificada como altamente contaminante.

Hacia el cierre, los tres especialistas coincidieron en que la multa marca un precedente inédito, pero es insuficiente frente a la dimensión de los daños acumulados. En Espinar, señalaron, se necesitan acciones estructurales: remediación ambiental, atención médica especializada para personas afectadas por metales pesados, y una política estatal que deje de priorizar la flexibilización ambiental sobre la protección de la vida y los territorios. También subrayaron la urgencia de fortalecer la fiscalización, garantizar que los procesos sancionadores no queden anulados por las apelaciones empresariales y asegurar que las comunidades sean escuchadas en la evaluación de los nuevos proyectos mineros.

El programa cerró con una advertencia clara: Espinar no es un caso aislado. Lo que ocurre allí refleja un patrón repetido en otras regiones del país, donde la expansión de actividades extractivas ha avanzado sobre cuerpos de agua, suelos, cultivos y vidas humanas, mientras el Estado actúa con lentitud o insuficiencia. La Hora Verde continuará siguiendo este proceso y reclamando que las sanciones no se queden en el papel, sino que se traduzcan en justicia real para las familias afectadas.

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