José De Echave: En el conflicto de Tía María la estrategia del gobierno no está funcionando

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El conflicto por el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú y la poca efectividad de la estrategia del gobierno nacional ha provocado un escalamiento de mayores dimensiones, como el paro regional indefinido en contra del proyecto minero que acata Arequipa. El gremio minero ha criticado al gobierno por inadecuado manejo del conflicto y hay sectores que piden que se restablezca el orden. De otro lado, el anuncio de una nueva Ley General de Minería ha abierto la discusión porque hay sectores que ven amenazadas sus intereses. Para analizar esta coyuntura que vive el país, Noticias SER conversó con José De Echave, investigador de CooperAcción.

¿Cómo calificaría la situación que se vive en Valle de Tambo y el paro regional que acata en Arequipa en contra del proyecto minero Tía María?

Es compleja y se va agravando. Me da la impresión que en las primeras versiones en los grandes medios de comunicación de Lima, se desestimaba la capacidad de movilización inicial del paro, pero éste ha ido en aumento. En primer lugar tuvo como ámbito principal la provincia de Islay y los distritos que eran el centro neurálgico del proyecto minero. Ahora ha saltado a un nivel regional y está teniendo un impacto muy fuerte en la ciudad de Arequipa. Yo no descartaría que si no se encuentran soluciones pronto éste podría tener un salto a nivel de la macro región sur, porque ya se registraron algunas manifestaciones de solidaridad en Moquegua y en algunas otras zonas.

¿Por qué cree que el gobierno no ha buscado salidas institucionales y políticas al conflicto y está reprimiendo la protesta?

Lo primero es que la estrategia y los mensajes que definió el gobierno no han tenido resultados. Me da la impresión que en un primer momento con la decisión de otorgar la licencia de construcción pensaron que con el discurso de decir que el proyecto no comenzaría  hasta que no haya la aceptación social, la gente de la zona de influencia directa de Tía María se iba a tranquilizar, pero eso no ha funcionado. Por otro lado, la estrategia del presidente Vizcarra de conversar con el gobernador regional de Arequipa y otros gobernadores, supuso que Cáceres Llica iba a ser una suerte de interlocutor, y eso tampoco ha funcionado

Entonces, ¿no se distinguió adecuadamente sobre con quienes se debió entablar le diálogo?

Sí, hay que distinguir muy claramente el rol que puede jugar el gobernador de Arequipa, que no representa a la población de Islay, que tienen sus propias autoridades y alcaldes así como sus dirigentes sociales y voceros, y es con ellos con quienes se tienen que entablar un proceso de diálogo. Y enviar a las fuerzas armadas al puerto de Matarani va en el sentido contrario de posibilitar un escenario de entendimiento para salir de esta situación.

¿Consideras que el gobierno con el anuncio de una nueva ley general de minería esperaba que los pobladores de Valle de Tambo depongan su medida de fuerza? 

Yo creo que son dimensiones distintas. Y nuevamente, creo que en el conflicto de Tía María la estrategia del gobierno no está funcionando. A mí me parece correcto que el país, intentando sacar lecciones de la conflictividad empiece a debatir sobre la vigencia de la ley de minería que viene desde 1992, y que se discuta si los supuestos de esa ley siguen vigentes. Sería importante que el país se discuta en serio y a fondo un nuevo marco legal para la minería, pero que esa discusión va lograr que el conflicto de Tía María se solucione. Pensar que ese anuncio iba a bajar la tensión en Valle de Tambo es un poco iluso.

¿Se puede decir que hay una relación directa entre la ley de minería y la cantidad de conflictos? y su posible cambio ¿ayudaría a reducir los conflictos?

Yo he insistido que el Perú creo un marco normativo de la minería para atraer inversiones, pero el país nunca se preparó para enfrentar los conflictos sociales que generaron las inversiones. El marco general vigente para la minería fue construido y diseñado como parte de los ajustes sectoriales de los años 90, auspiciados por el Banco Mundial. Ese marco legal, al mismo tiempo que otorga beneficios a las empresas, fue reduciendo derechos económicos sociales, ambientales y culturales de las poblaciones que están en la zona de influencia directa de las actividades mineras y eso se explica la creciente conflictividad social. Tenemos que reconocer que el Perú se ha convertido en uno de los principales productores de conflictos sociales vinculados a la minería a nivel mundial.  Y esto se vincula a una política ambiental que no ha logrado conseguir los equilibrios suficientes, construir institucionalidad y generar confianza en la población.

¿Es posible incorporar las visiones de las poblaciones rurales y la de otros actores sociales en esta nueva ley de minería?

En un proceso de elaboración de una nueva ley general de minería deberían participar todos los actores interesados y, como parte de estos, las poblaciones que están en las zonas de influencia directa de las inversiones mineras, así como sus organizaciones sociales, sus autoridades locales, la academia y todos lo que estamos interesados en que las cosas se hagan de forma diferente en el país.

¿Qué elementos debería contener esta nueva ley general de minería que nos coadyuve a aspirar a una verdadera gobernanza en torno a las actividades extractivas?

La palabra clave es gobernanza, efectivamente. A mí me da la impresión que cada grupo de interés ha estado tratando de plantear sus propias agendas y ha habido poca capacidad de buscar puntos de encuentro. Las empresas, en función de sus expectativas de inversiones, han estado insistiendo con el tema de la competitividad, que no hay que perderlo. Y desde la sociedad civil, varios actores han impulsado una agenda de derechos. Pero, el reto es cubrir las brechas de gobernabilidad que todavía persisten en el país y construir gobernanza.

¿Y cómo se resuelven esas brechas?

Una brecha de gobernabilidad se produce cuando los inversionistas, los agentes económicos, ya sean empresas mineras o el propio estado interesados en que la inversión crezca, pierden el objetivo del bien común. Entonces, cuando un proyecto minero sólo responde a los intereses del inversionista privado, surge esa brecha, el asunto se polariza y se critica a los que están en contra de la minería. La minería es una actividad importante y seguirá siéndolo, pero el reto que tenemos, en un país como el nuestro, donde hay recursos geológicos significativos, es precisamente que esas inversiones mineras respondan al bien común y para eso se necesita una política pública, y un estado que regule, controle y fiscalice, que no pierda la perspectiva estratégica del bien común. Eso es lo que está haciendo falta.

07 de agosto de 2019

Entrevista realizada por Omar Rosel para Noticias SER