Hasta 9 años de cárcel por defender el ambiente en Cotabambas

Defensores ambientales de Cotabambas esperan audiencia de apelación en proceso judicial

Once defensores ambientales de la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, enfrentarán este miércoles 19 de marzo la primera audiencia de apelación en la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Los acusados son procesados por presuntos delitos de disturbios y otros cargos, con penas que podrían oscilar entre 8 y 9 años de prisión efectiva.

Entre los procesados se encuentran Virginia Pinares Ochoa, premio nacional de derechos humanos en 2022; Rodolfo Abarca Quispe, expresidente del Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas; Lizbeth Abarca Peña, expresidenta del Barrio Huamcayo en Tambobamba; Ronald Andrés Bello Abarca, expresidente del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba; Juan Pablo Cconislla Gallegos, expresidente de la Federación de Comunidades Campesinas del distrito de Challhuahuacho; Maximiliano Huachaca Mamani, exdirigente de la Federación Interprovincial en defensa de las comunidades y el medio ambiente; y otros defensores como Alem Torre Garcés, Jacinto Lima Lucas, Walter Moreano Andrada, Romualdo Ochoa Aysa y Cosme Bolívar Escudero.

En primera instancia, la sentencia impuso penas de 8 a 9 años de cárcel, además de una reparación civil de 50 mil soles a favor del Estado y 88 600 dólares a favor de la empresa minera Las Bambas. La defensa ha solicitado la revocación de la sentencia condenatoria, argumentando que la acusación fiscal por delitos contra el patrimonio, la seguridad, los medios de transporte, el entorpecimiento de los servicios públicos y la tranquilidad pública carece de pruebas sólidas. También han solicitado la absolución del pago de la reparación civil impuesta.

Los abogados sostienen que no existen pruebas materiales que impliquen directamente a los acusados en los hechos imputados. Además, han denunciado la vulneración del derecho a la defensa y del debido proceso, así como la falta de fundamentación lógica y suficiente en la resolución judicial.

El proceso judicial se remonta a septiembre de 2015, cuando diversas comunidades indígenas afectadas por las operaciones de la minera MMG Las Bambas. Las movilizaciones surgieron tras la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2013 y 2014, realizada sin consulta previa a las comunidades afectadas. La población de Grau, Chumbivilcas y Cotabambas expresó preocupación por los posibles impactos ambientales, especialmente por el mineroducto, exigiendo mayor transparencia y participación en las decisiones que afectan sus territorios.

Si bien esta audiencia representa un paso dentro del prolongado proceso judicial, se espera la libertad y justicia para los 11 defensores de Cotabambas y que el fallo sea favorable. Ante esta situación, organizaciones de Cotabambas y Apurímac, así como entidades defensoras de derechos humanos, han expresado su respaldo a los defensores procesados.

18/03/2025